Un desconocido es levantado, ejecutado, encobijado y encajuelado. En el lugar, además, sus asesinos dejan un narcomensaje en el que se lee: “Por calentar la plaza. Esto le va a pasar a todos los relajes”. Horas más tarde, la Procuraduría estatal informa que se trata de La Puerca, jefe de plaza de uno de los cárteles de la región y que fue ejecutado por un ajuste de cuentas.
Es el lenguaje de guerra que inunda los medios mexicanos, adoptado como propio por los periodistas; una terminología tomada de la jerga policiaca y de las bandas criminales. La información da por cierta la versión oficial de la existencia de una disputa entre grupos criminales y valida el apodo peyorativo que los grupos policiacos han decidido ponerle al muerto. Horas después, en varios puentes de la ciudad aparecen mantas con mensajes que de igual manera son copiados, difundidos y atribuidos a integrantes de la delincuencia.
La normalización de la violencia ha pasado por la adopción de esa narrativa narcotizada que exige nombrar con rapidez, etiquetar, establecer bandos aun entre las víctimas. En la pasada administración, el gobierno federal también usaba términos como levantón para hablar de privación ilegal de la libertad y ejecuciones para las muertes violentas. El entonces vocero de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, decía que las ejecuciones eran “homicidios dolosos violentos cometidos por organizaciones criminales presumiblemente para amedrentar a sus rivales o para disciplinar a sus socios”. Otros documentos oficiales las definían como crímenes “cuya víctima y/o victimario es presumiblemente miembro de alguna organización vinculada a la delincuencia organizada. No es resultado de un enfrentamiento ni de una agresión”.
Bajo ese supuesto conceptual, prensa y autoridades estigmatizan a decenas de personas que pierden la vida todos los días, poniendo sobre ellas la responsabilidad sobre su propia muerte, involucrándolas sin más en el torvo mundo del narcotráfico. El criterio editorial del ejecutado es aplicado sin ninguna clase de rigor por los medios a casi cualquier caso: lo mismo al hijo del empresario Alejandro Martí, que a los jóvenes de Lomas de Salvárcar o a un niño recién nacido.
Decía el escritor mexicano Élmer Mendoza que “escribir matar, o sus sinónimos de diccionario, no es suficiente. Hay una fuerza subconsciente que exige escribir escabechar, dar piso, bajar, encobijar o darle en su madre”, pero esos son terrenos literarios. Yo, como Rafael Pérez Gay, no creo que el periodismo pueda escribirse como una novela; “escribir bien, conmover al lector y al mismo tiempo contarle una historia rigurosa pertenece tanto a la periodismo como a las letras de ficción”.
Gracias a la red —escribía recientemente el periodista Julián Andrade— la gramática de los violentos llega con mucha más facilidad a la sociedad, sin los filtros que se requieren del periodismo. Hace tiempo, sin embargo, muchos medios y periodistas dejaron de ser ese filtro para hablar el mismo idioma que los actores de los cuales deberían informar en sus propias palabras.
Desde la firma en marzo de 2011 del Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, en el cual se proponía “evitar el lenguaje y la terminología empleados por los delincuentes, así como evitar usar inadecuadamente términos jurídicos que compliquen la comprensión de la información, varios advirtieron un cierre filas en torno al discurso oficial y “un ensayo por uniformar los criterios editoriales de la mayor parte de los medios del país” en aras de “una suerte de verdad única”. De eso hace ya más de dos años.
Un informe reciente del Observatorio de los Procesos de Comunicación Pública de la Violencia advierte no solo una caída notoria en la cobertura informativa que hacen los medios nacionales sobre la violencia asociada con el crimen organizado, sino también un cambio en la narrativa de los hechos en los últimos meses. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, los temas de seguridad han dejado de ser eje del discurso y la violencia es abordada con una estrategia de comunicación diferente que involucra también desterrar el lenguaje del narco del discurso oficial en los estados.
Algunos medios ya hablan de un cerco del gobierno a la información sobre la violencia; sin embargo, tras las suposiciones de renuncia a la agenda de seguridad a cambio de convenios comerciales o por presiones oficiales asoma un periodismo perezoso e ignorante, sin agenda ni lenguaje propio, que escribe para curiosos y morbosos, con el lenguaje de los otros, sin aportar a la comprensión de los hechos.
Como propone Javier Darío Restrepo, evitar la exaltación de la violencia es informar desde las víctimas, no desde la perspectiva de los violentos, y “llamar a las cosas por su nombre. Llamar homicidios a todos los homicidios: a las muertes causadas por el terrorismo, a las muertes causadas por la violencia callejera, a las muertes mafiosas”. A todas.
Periodista. Autor de Los voceros del fin del mundo (Libros de la Araucaria).
