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Medicinas, sedición y desabasto

La organización Impunidad Cero ha documentado que el origen del desabasto de medicinas fue causado por malas decisiones del mismo gobierno que hoy acusa una intención "golpista" detrás de las protestas por la falta de fármacos para niños con cáncer.
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El pasado 27 de junio, ya canceladas sus conferencias vespertinas, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, volvió a aparecer en televisión. En un programa transmitido en Canal 22, el funcionario vinculó las protestas de padres de niños con cáncer por el desabasto de medicamentos con una narrativa golpista contra el actual gobierno.

Durante el intercambio con Rafael Barajas El Fisgón, monero de La Jornada y director del Instituto de Formación Política de Morena, quien afirma que la historia de niños con cáncer “es un cuento muy bien armado” y una telenovela que solo busca conmover, López-Gatell se lanzó a fondo: “Esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez la vemos más posicionada como parte de una campaña, más allá del país, de los grupos de derecha internacionales, que están buscando crear esta bola de simpatía en la ciudadanía mexicana, ya con una visión casi golpista”.

Pero una investigación de las organización ciudadana Impunidad Cero, de la que surgió el informe Operación Desabasto, documenta que la falta de medicamentos en las instituciones públicas de salud en el país es algo más que una ficción, y pone en evidencia que el desabasto es resultado de una fallida estrategia anticorrupción y de un también fallido intento de ahorro en la compra de insumos médicos en la actual administración.

Según se lee en el reporte, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desbarató el modelo de compra consolidada de medicamentos que desde 2013 realizaba el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de la cual se beneficiaban 43 instituciones y dependencias de salud federales y estatales, para implementar un nuevo sistema de compra de medicamentos a cargo de la Secretaría de Hacienda que, paradójicamente, se tradujo en un desabasto de estos.

El gobierno en turno tomó una serie de decisiones sin estudios que previeran fallas en el abasto o el uso de programas piloto que evitaran daños al suministro. A esto se sumó el veto, que no fue otra cosa que un “manotazo presidencial” sin sustento jurídico, contra las principales distribuidoras de medicamentos, sin considerar quiénes serían los nuevos proveedores y si éstos tendrían capacidad de atender la demanda de los hospitales y de distribuir en todo el país.

La lectura del informe de Impunidad Cero deja claro que las protestas por el desabasto no son ningún ataque planeado desde algún poder fáctico, ni obedecen a presiones de la industria farmacéutica. La fallida estrategia, la planeación deficiente y las decisiones tomadas con la supuesta idea de combatir la corrupción tuvieron en el muy corto plazo consecuencias en la disponibilidad de antirretrovirales, utilizados para hacer frente al VIH, y afectaron el abasto de medicinas para pacientes con cáncer y fallas renales, entre otras enfermedades graves.

La evidencia la dan diversos documentos oficiales que muestran que la decisión de que las compras de medicamentos fueran hechas por Hacienda, y no por las instituciones de salud, provocó que estas no se hicieran de manera oportuna.  

Irene Tello, directora ejecutiva de Impunidad Cero, insiste en que el desabasto generalizado de medicamentos ha sido causado por malas decisiones de gobierno y que su dimensión actual no es comparable con el desabasto que antes existía. El más grave error –dice– fue intentar cambiar de modelo sin un plan bien estructurado y de instrumentación gradual para no poner en riesgo a los pacientes.

El desabasto lo están resintiendo personas que sufren todo tipo de patologías. El problema de no comprar bien y a tiempo hoy afecta a todos los grupos de enfermos, explica Tello, pero resulta especialmente grave lo que se ha hecho con aquellos que deben someterse a tratamientos contra el cáncer, ya que, de acuerdo con el protocolo diferenciado que se sigue en cada caso, son varios los medicamentos involucrados. Si falta alguno de ellos, se obliga al médico a alterar el protocolo o a decidir, de manera criminal, a qué pacientes se da prioridad sobre otros.

No obstante lo anterior, Tello advierte que lo que puede acabar pasando en el contexto actual es que, al ponerse el foco de atención sobre los oncológicos, se compren medicamentos de emergencia y se olvide que todo el sistema de compra y distribución está, a la fecha, destruido en el país.

En resumen, el drama de las recetas sin surtir, el drama de los niños con cáncer y sin tratamiento, no es un cuento ni una campaña de la derecha internacional. Familiares de pacientes han interpuesto más de 200 amparos para obligar a las autoridades a resolver este problema, mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha recibido al menos 552 quejas por desabasto de medicamentos, sin que haya emitido recomendación alguna sobre el caso.

A decir de Irene Tello, los casos de enfermos sin tratamientos existen y son reales; asegura que familias entrevistadas para el reporte quisieran estar presentes en las protestas o interponiendo amparos, pero no tienen recursos o están intentando conseguir los tratamientos para sus hijos. Y añade: “Cuando vemos la cantidad de quejas relativas a violaciones al derecho a la protección de la salud por la falta de medicamentos, cuando se ve la cantidad de reportes que el propio IMSS nos dio de la cantidad de recetas que no fueron surtidas de 2019 a 2020, estamos hablando de que hay información de las propias autoridades que nos están confirmando el desabasto”.

“Que nos insulten como sociedad civil que ha investigado del tema durante años nos tiene sin cuidado, no nos quita el sueño”, dice Tello. “Pero que se diga que detrás de las familias de los enfermos hay una intención golpista me parece insensible y de una falta total de empatía por parte del gobierno”.