Cuando en 2009 se aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo en la Asamblea del D.F., una de las dudas que muchas personas plantearon fue: ¿de qué sirve casarse si no se puede acceder a los mismos derechos que las parejas heterosexuales, tales como el seguro social? El camino ha sido largo y ha implicado una serie de amparos que empezaron a otorgarse desde el 2010 para que las parejas del mismo sexo que están casadas pudieran afiliar a sus cónyuges al IMSS o al ISSSTE.
Por eso sorprendió que el primer día de sesiones de la actual legislatura se presentara una iniciativa que fue apoyada por todas las bancadas sin excepción: la modificación de la Ley del Seguro Social y de la Ley del ISSSTE para que, entre otras cosas, las parejas casadas del mismo sexo puedan tener servicios médicos y derecho a una pensión, tal como sucede con las parejas heterosexuales. El 6 de noviembre, la iniciativa pasó de manera unánime en la Cámara de Senadores, cosa que muy rara vez sucede, especialmente ante un tema controversial como son los derechos de las personas LGBTTTI+.
Contrario a lo que muchas personas temían durante los tiempos electorales, la agenda política de la LXIV legislatura parece estar inclinándose a reconocer los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex. Días antes, también se presentó en el Senado una iniciativa para prohibir los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género, conocidas erróneamente como “terapias de conversión”. También ha habido una serie de foros para crear una Ley Trans que permita el reconocimiento legal de las personas transgénero y transexuales en todo el país. Senadores y senadoras de Morena, MC, PRI y PRD se han pronunciado a favor de la diversidad sexual en discursos y redes sociales. Senadores y senadoras del PAN y del PES, sorprendentemente, han guardado silencio.
La iniciativa que presentaron Malu Micher y Germán Martínez, propone básicamente cambiar la redacción de las leyes del IMSS y del ISSSTE para que, en lugar de decir “esposo” o “concubino”, digan simplemente cónyuge. De esta forma, se eliminaría el rezago de género que existía en dichos documentos, que seguían considerando una realidad cada vez más lejana, en la que solo el hombre era el trabajador y la mujer, la cuidadora de la familia. Con este cambio, también se permitirá que los trabajadores puedan afiliar a su cónyuge sin importar su sexo, para que tenga servicios de salud y también derecho a una pensión.
La oposición a los cambios a dichas leyes ha surgido desde la sociedad civil. Grupos conservadores han comenzado a bombardear las redes sociales con fake news diciendo que “la ideología de género” invadirá al IMSS y al ISSSTE, donde se les dará prioridad a los homosexuales y no a las familias heterosexuales. También han inventado cosas tan absurdas como que las instituciones educativas –las cuales obviamente no tienen nada que ver con la Ley del Seguro Social– ahora promoverán estilos de vida libertinos.
La verdad es que hoy por hoy, cientos de miles de personas LGBTTTI ya están afiliadas al IMSS o al ISSSTE, y que dichas instituciones no proveen servicios especiales para personas con una orientación sexual distinta a la heterosexual o con una identidad de género que no sea cisgénero. De hecho, siguen siendo espacios donde llegan a darse casos de discriminación. En el 2017, la Secretaría de Salud creó, con un grupo de expertos, el Protocolo para el Acceso sin Discriminación a la Prestación de Servicios de Atención Médica de las personas LGBTTTI, el cual propone una serie de guías para que el personal de salud pueda brindarles servicios de calidad, libres de estigma y con intervenciones particulares de acuerdo con las necesidades del derechohabiente. Sin embargo, este protocolo aún no se aplica en casi ninguna institución del sector Salud, por lo que resulta también necesario que, más allá de la afiliación, se brinde la oportunidad de implementar dichas guías.
La pregunta que queda en el aire es, ¿habrá un apoyo similar en el Congreso a que el matrimonio igualitario sea una realidad en todo el país? No hay que olvidar que solo 12 de las 32 entidades del país permiten el matrimonio sin necesidad de recurrir a un amparo. Por el momento, hay cautela en las fracciones parlamentarias, ya que saben que el tema aún levanta ámpula en los sectores más conservadores. Resulta necesario hacer una reforma al Código Civil Federal, tal como lo propuso el presidente Peña Nieto en el 2016, en una iniciativa que fue rechazada por su propio partido unos meses después, ante la debacle del PRI en las elecciones estatales de ese año.
El fortalecimiento de la comunidad de la diversidad sexual ha sido clave en todo este trabajo. Como ejemplo de ello, está la Coalición Mexicana LGBTTTI, que logró posicionar una agenda nacional ante candidatos de todos los partidos durante el proceso electoral del 2018. También resulta visible el surgimiento de políticos abiertamente gays, lesbianas, bisexuales y trans que desde el interior de sus articulaciones han impulsado la agenda, tales como Temístocles Villanueva y Celeste Ascencio en Morena, Antonio Medina en el PRD, y la diputada independiente Lucía Rojas.
Tras la aprobación de esta iniciativa en el Senado, solo falta el visto bueno de la Cámara de Diputados, el cual, se cree, se dará de manera relativamente sencilla. El Seguro Social para parejas casadas del mismo sexo es un paso en la dirección correcta en el reconocimiento de la igualdad de derechos en el país, pero aún faltan muchas cosas que habrá que aprobar desde el poder legislativo para que exista plena igualdad legal. En este terreno, la LXIV Legislatura apenas comienza y comienza bien. Esperemos que así siga.
Activista e investigador en salud y derechos humanos.
