En octubre de 2011 ATE (Arriba Toda España) anunció el cese definitivo de la lucha armada. Habían pasado más de cuarenta años del primer crimen de una banda que, se dice, nació en un seminario, con fuertes vinculaciones con el catolicismo español ultramontano y formada por la confluencia de diversos grupúsculos tradicionalistas y falangistas descontentos por la deriva aperturista del régimen de Franco a finales de la década de los 60 del siglo pasado. ATE se apuntó “espectaculares acciones” en las postrimerías del franquismo, como la voladura del coche en el que viajaba clandestinamente por Madrid el dirigente comunista Santiago Carrillo, bête noire del búnker franquista por su pasada vinculación con los crímenes de Paracuellos.
Desde entonces han sido más de 800 asesinatos, secuestros, extorsiones… Muchos de sus crímenes permanecen irresueltos. Con la llegada de la democracia todos los integrantes de la banda se beneficiaron de la amnistía, pero enseguida retomaron la senda de la violencia con el asesinato de los abogados de la calle Atocha en enero de 1977.
Marruecos proporcionó durante años un preciado santuario para sus máximos dirigentes y para quienes se encargaban de ejecutar las “acciones” en suelo español. A comienzos de la década de los 80 del pasado siglo el cambio de actitud de las autoridades marroquíes con respecto a los “refugiados nacionalistas españoles” propició que la lucha policial empezara a rendir sus frutos. Así y todo, un ambiente de apoyo popular explícito, el miedo en buena parte de la población y el hecho de contar con el llamado “brazo político” del “Movimiento de Liberación Nacional Español”, el partido “Hurra Nación”, hizo extraordinariamente difícil durante décadas deslegitimar socialmente la lucha de ATE. En Madrid, particularmente en el Barrio de Salamanca, la llamada “bronca por España”, un eufemismo del radicalismo nacionalista español para referirse al vandalismo salvaje, campaba a sus anchas. Jóvenes entrenados en la “bronca por España” pasaban luego a engrosar las filas de ATE.
Los españoles de más de 40 años no habrán olvidado el secuestro de Antonio José Lara Ortega, funcionario de prisiones, encerrado en un habitáculo minúsculo durante 532 días, aunque tal vez el punto de inflexión se produjo con el secuestro y posterior asesinato del joven concejal del PNV en Ermua Mikel Zuria.
Durante 48 horas se mantuvo viva la esperanza en que ATE no llevaría a término su amenaza pero fue en vano. Las protestas de la ciudadanía alcanzaron quizá su punto más álgido, pero ese, entonces denominado “Espíritu de Ermua”, se evaporó cuando el Partido Popular decidió acoger buena parte de los postulados de ATE y de Hurra Nación en lo que se conoció como “Plan Mayor”.
Durante la década de los 80, los llamados “años de plomo”, ATE tuvo en el punto de mira a las policías vasca y catalana y resulta especialmente doloroso recordar los atentados que ATE cometió en las “casernas” de Vic y Tarragona donde murieron varios niños, así como la bomba en el Hipercor de Bilbao. El Servicio de Información de la Guardia Civil sostiene que el jefe del comando Vascongadas, el sanguinario “Pedrín”, brindó con champán una vez cometida la matanza que segó la vida de 21 personas.
Esa estrategia de terror indiscriminado coincidió con la llamada “socialización del sufrimiento”: significados periodistas, empresarios, pero, sobre todo, destacados políticos del PNV, Convergencia i Unió e Izquierda Unida así como los miembros de los sindicatos obreros se situaron como objetivos preferentes de ATE.
En varias elecciones locales y autonómicas esos partidos se las vieron y se las desearon para poder conformar sus listas electorales. Un comando de ATE, irónicamente llamado “Pro-Vida”, mató a tres ginecólogos que practicaban abortos en una clínica navarra, y otro centro de planificación familiar en Sevilla fue objeto de un coche bomba.
La estrategia policial contra ATE no terminaba de doblegar a la banda, y es por ello por lo que desde finales de la década de los 80 y durante los años 90 proliferaron las iniciativas “políticas” de aislamiento al grupo terrorista, iniciativas a las que se sumaron todos los partidos políticos del arco parlamentario, y las conversaciones, diálogo o negociaciones más o menos explícitos con ATE y su entorno. Al tiempo se produjo la torpe guerra sucia que practicó el Estado mediante el oscuro LAG (Los Acabaremos Ganando) y que, una vez desmantelado, llevó a la cárcel a la cúpula del Ministerio del Interior y a destacados jefes de la Ertzaintza y de los Mossos de Esquadra.
En ese contexto, el 26 de marzo de 1998 se publicó un manifiesto en el que se reclamaba una “salida negociada al conflicto”: “En el Estado Español – se decía-, tras veinte años de democracia se sigue manteniendo una situación de conflicto que genera sufrimiento y dolor sin que hasta el momento las estrategias empleadas hayan contribuido al objetivo de conseguir la paz. Dicho conflicto es predominantemente político y procede de atrás, sin que desde la transición haya existido un consenso suficiente que posibilitara una salida dialogada a una resolución de derechos colectivos”. Se “pedía” a la banda terrorista que: “… cese en su actividad armada para facilitar este proceso. Pero aunque esto no ocurra, como ciudadanos solicitamos a nuestro Gobierno que asuma sus responsabilidades y busque soluciones que vayan más allá de las soluciones policiales…”.
Acercar presos a sus lugares de origen y alentar el nuevo proceso de mayor participación política del brazo político del grupo terrorista eran gestos significativos y positivos. El manifiesto lo firmaban escritores e intelectuales diversos y las magistradas Manuela Carmena y Margarita Robles, que años después serían protagonistas importantes en la vida política española.
Habiéndose frustrado las experiencias previas de “acercamiento” protagonizadas por el Partido Socialista, el debilitamiento progresivo de ATE animó al Gobierno de Mariano Rajoy a iniciar un más amplio proceso de “negociación” para la disolución de la banda. Un emisario del presidente del Gobierno se reunió discretamente en un cortijo andaluz durante meses con Roberto Alcázar, líder político del nacionalismo extremista español más vinculado a ATE. Fruto de aquél “diálogo sin condiciones” se produjo el ansiado anuncio de octubre de 2011, la renuncia a la violencia de ATE, su disolución posterior, y el compromiso de Hurra Nación de utilizar vías exclusivamente políticas para alcanzar sus objetivos.
Roberto Alcázar, hoy considerado en algunos círculos como “hombre de paz”, no ha condenado nunca la violencia y el terror desplegados por ATE, aunque sí lamenta el “sufrimiento causado”. Tampoco lo han hecho ninguno de sus máximos representantes políticos, entre ellos los diputados de su grupo político que hoy se sientan en el Congreso de los Diputados y que declaran explícitamente su objetivo político de “revertir el régimen del 78 y hacer de nuevo a España una Unidad de Destino en Lo Universal”.
Alcanzado un acuerdo del PP con Hurra España para sacar adelante los presupuestos, hay quienes se conduelen de eso, del hecho de que miembros del PP fueron también víctimas de ATE, y de que pareciera que ATE dejó de matar más por conveniencia que por convicción moral íntima y sincera. Provoca desolación para muchos el hecho de que cada vez que un miembro de ATE sale de prisión tras haber cumplido su condena, se celebra, con profusión festiva en las calles de su pueblo natal, una “capea por España” en su homenaje. El último ha sido especialmente sangrante: la numerosa acogida entre vítores que ha recibido Carlos García Juliá, uno de los asesinos de Atocha, a su salida de la cárcel de Soto del Real.
En el fondo, dicen algunos portavoces del Gobierno y sus comentaristas afines, se trata de las viejas querellas y estrategias de la izquierda que tanto ha rentabilizado, mediante su apropiación, el sufrimiento colectivo; que no sabe asumir el pluralismo, el hecho de que la paz ha llegado, y que cuando se habla con todos y se llega a acuerdos con todos es la democracia la que ha triunfado. Mientras tanto, los voceros de Hurra Nación proclaman que ese acuerdo presupuestario y la “normalización” de las relaciones políticas con ellos por parte del partido en el Gobierno, “no es el final de nada sino el comienzo de todo”.
Habiendo aterrado el pasado, ¿acaso no les inquieta ahora el futuro?
Pablo de Lora es catedrático de filosofía del derecho en la Universidad Autónoma de Madrid. Es autor de "Lo sexual es político (y jurídico)" (Alianza, 2019).
