José Ramón Cossío
Biografía judicial del 68. El uso político del derecho contra el movimiento estudiantil
Ciudad de México, Debate, 2020, 464 pp.
En los últimos años se han publicado libros que remueven interpretaciones tradicionales sobre el movimiento estudiantil mexicano de 1968 y su represión por parte del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Algunos autores, como Héctor Jiménez Guzmán, han cuestionado directamente esas rutas interpretativas. Otros, como Jacinto Rodríguez Munguía, han preferido centrarse en la disputa sobre el 68 en el campo intelectual, desde los textos confrontados de Emilio Uranga y Octavio Paz, Mario Moya Palencia y Carlos Fuentes. Otros más, como Ariel Rodríguez Kuri, han reconstruido el 68 desde la historia social de la ciudad y el peso ceremonial y político de los Juegos Olímpicos.
El libro más reciente del jurista y exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación José Ramón Cossío propone otra mirada al mismo fenómeno, desde la perspectiva del proceso judicial abierto contra 68 implicados en diversas manifestaciones públicas, entre julio y octubre de aquel año. Cossío reproduce la información básica de las cuatro averiguaciones previas, las declaraciones y los careos, los juicios y, finalmente, las sentencias dictadas en noviembre de 1970 por el juez primero de distrito Eduardo Ferrer Mac-Gregor. A pesar del cúmulo de información jurídica que se transcribe, el libro contiene una reflexión valiosa y accesible sobre la práctica del derecho bajo un régimen autoritario.
En las averiguaciones previas se observan las diversas formas en que los procesados ofrecían declaración. Algunos eran prolijos y se detenían en nombres, organizaciones y motivos. Otros eran parcos o elusivos, sin mayor reparo a ser asumidos como cómplices o culpables. Otros más se proyectaban, abiertamente, como opositores políticos y no ocultaban su identificación con el comunismo y su militancia en organizaciones socialistas o, específicamente, trotskistas y maoístas. Caso emblemático de estos últimos fue el escritor José Revueltas, quien, desde su primera declaración ministerial, el 18 de noviembre de 1968, dijo que era comunista desde los catorce años, que estaba en desacuerdo con el sistema político mexicano y trabajaba por su “transformación socialista”, y que apoyó el movimiento universitario con el fin de crear un “solo frente de lucha obrero-campesina-estudiantil”. También sostuvo Revueltas que, en principio, no “creía en la lucha armada para derrocar al Gobierno”, que su “arma era su mente”, pero que, “en caso de que se cerraran todas las opciones democráticas”, la violencia revolucionaria estaba justificada.
La diversidad y desconexión dentro de la izquierda mexicana de los años sesenta era perceptible en aquellas declaraciones. Entre los procesados de mayor edad había políticos e intelectuales involucrados en el Movimiento de Liberación Nacional (MLN) cardenista, como Manuel Marcué Pardiñas, Eli de Gortari y Jorge L. Tamayo, que viajaban con frecuencia a Cuba –Marcué reconoció tener una cuenta bancaria en La Habana, desde donde recibía financiamiento del gobierno de la isla para editar la revista Política–, que afirmaban, sin embargo, no ser miembros del Partido Comunista Mexicano (PCM). Entre los más jóvenes, en cambio, eran frecuentes los casos de militantes comunistas que insistían en no pertenecer a grupos más radicales, de orientación trotskista o maoísta, partidarios de la guerrilla.
A pesar de tantas evidencias en contra, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz decidió presentar y juzgar al movimiento estudiantil como punta de lanza del comunismo internacional en México. Los estudiantes, según el cuarto informe presidencial de septiembre de 1968, formaban parte de una trama de voluntades internas y externas decididas a “quebrantar irremisiblemente el orden jurídico”. Todo el proceso, como muestra Cossío, se puso en función de esa hipótesis, que únicamente podía exhibir como prueba la asistencia de una delegación mexicana –integrada por Heberto Castillo y Armando Castillejos por el MLN, Hugo Ponce de León y Leonel Posadas por el PCM, y Rafael Estrada Villa y Adalberto Pliego por la Organización Nacional de Acción Revolucionaria (ONAR)– a la conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (olas), en La Habana, en agosto de 1967, donde se acordó respaldar a las nuevas guerrillas marxistas.
La subordinación del movimiento estudiantil al proyecto de olas ni siquiera intentó probarse. Las demandas concretas de los jóvenes –libertad de presos políticos, eliminación del delito de “disolución social” del Código Penal, desaparición del Cuerpo de Granaderos, destitución de los jefes de policías Raúl Mendiola y Luis Cueto, indemnización a familiares de muertos y heridos, deslinde de funcionarios frente a la represión– no respondían al esquema de la lucha armada. Los delitos que se imputaron a los acusados –daño a la propiedad, ataques a vías de comunicación, sedición, incitación a la revuelta, asociación delictuosa, despojo, robo…– apuntaban a una criminalización de la oposición política pero no a la exposición de un proyecto insurreccional.
Para complicar más la hipótesis, en 1968 el gobierno cubano dio un giro en su estrategia ideológica en América Latina, tomando alguna distancia del modelo guerrillero, rechazando el mayo francés y respaldando a la urss en la invasión de Checoslovaquia. Sergio Aguayo y otros autores han sugerido que para octubre de 1968 la posición oficial cubana era más favorable al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz que al movimiento estudiantil. A pesar de ello, la “malla conspirativa” del régimen mexicano, como le dice Cossío –“red imaginaria” le habría llamado Roger Bartra–, siguió su curso y “cubrió todo y a todos”.
Este libro intenta una de las explicaciones más convincentes de aquella lógica represiva. El proceso y encarcelamiento de los líderes del 68 no respondió al miedo a un golpe de Estado, ni a la creencia en una verdadera conspiración comunista que desataría una insurrección nacional. El motivo fue más banal y, a la vez, contingente: “limpiar al país de agentes disruptivos ante el peligro de que actuaran contra los Juegos Olímpicos”. Esa motivación, sin embargo, no impedía que las fuerzas más reaccionarias del sistema aprovecharan la causa judicial para hacer avanzar la campaña anticomunista.
El anticomunismo era la ultima ratio en un expediente judicial que Cossío no duda en llamar “deficiente” y “desastroso”. Conclusión esta que refuerza la nueva corriente historiográfica que tiende a cuestionar el excepcionalismo del sistema político mexicano dentro de la Guerra Fría latinoamericana. La documentación de la causa judicial del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz contra el movimiento estudiantil del 68 acerca más al México de la hegemonía priista y el presidencialismo ilimitado a la experiencia del autoritarismo de las derechas anticomunistas en América Latina. ~
(Santa Clara, Cuba, 1965) es historiador y crítico literario.
