Las ideas tienen consecuencias es el título de uno de los ensayos políticos más influyentes del siglo XX, escrito por el teórico conservador Richard M. Weaver. En él, sostiene que los problemas de Occidente en la modernidad se explican por la ejecución de malas ideas y no por algún determinismo fatal. Lo he recordado recientemente, con motivo de un debate sobre fiscalidad cuya derivada más interesante es la contraposición de dos conceptos robustos, dos pesos pesados de la filosofía política: la nación y el Estado.
La polémica ha sido desatada por el binomio “patriotismo fiscal”, y es sugestiva porque representa el mayor intento de la izquierda en décadas por recuperar la patria, que le fue primero arrebatada por Franco para después renunciar a ella, a buen provecho de la derecha.
También resulta interesante la reacción de una parte de la derecha, que ha resuelto la aparente contradicción entre su patriotismo declarado y su preferencia por una presión fiscal baja proclamando que una cosa es la nación y otra cosa es el Estado, que la una es previa al otro, y que los afectos patrióticos nada tienen que ver con la administración y la hacienda.
Por supuesto, la confrontación de nación y Estado no es nueva. En nuestro país, nacionalistas y partidarios de una idea plurinacional de España se han esforzado por escindir ambos conceptos para hacer saber que la española no es la única nación presente en nuestro Estado. Cuántas naciones hay entonces y si dichas naciones tienen derecho o no a constituirse en su propio Estado son cuestiones problemáticas y no resueltas que han dado lugar a conflictos territoriales persistentes, cuyo punto álgido se alcanzó en octubre de 2017 con la proclamada y luego suspendida independencia de Cataluña.
Un proceso de nacionalización
Con el fin de las monarquías absolutistas en Europa tuvo lugar un proceso de nacionalización que ha sido bien descrito por historiadores como Álvarez Junco: el simbolismo político mutó de apellido, de manera que las marchas “reales” devinieron en himnos “nacionales”, los estandartes de las monarquías dejaron paso a la bandera nacional, los mitos bélicos cambiaron las victorias militares de un rey por la exaltación de la nación en armas, el calendario se llenó de festividades nacionales, se proclamaron las asambleas nacionales y el titular de la soberanía ya no sería un monarca con amplios poderes y legitimidad divina, sino la nación.
Las ideas tienen consecuencias, y por eso los defensores de la plurinacionalidad del Estado se han resistido a esa nacionalización. En el País Vasco, el PNV solía referirse a los debates sobre el estado de la nación (que dejaron de celebrarse en 2015) como “debates sobre el estado del Estado”. También se dirigía al gobierno de España como el gobierno “estatal”, y hasta algún bar de Bilbao se promocionaba hace unos años como valedor del primer premio de “tortilla estatal”. La nueva izquierda tampoco se ha resistido a la nomenclatura del viejo nacionalismo. Así, Podemos cuenta entre sus “órganos estatales” con la Asamblea Ciudadana Estatal, el Consejo Ciudadano Estatal o la Comisión de Garantías Democráticas Estatal.
Como digo, los esfuerzos por deslindar la nación del Estado en la España del 78 no son insólitos entre los nacionalistas y alguna izquierda, pero sí resultan más novedosos en el discurso de la derecha. Y me gustaría hacer notar que desencajar la nación de los goznes del Estado no es una idea inocua: puede tener consecuencias no intencionadas y no deseadas por sus promotores.
Un tándem filosófico
Nación y Estado son conceptos de contornos ásperos que han dado lugar a discusiones teóricas ya clásicas. No es intención de este texto abundar en sus definiciones, que otros han abordado ya con argumentos mejores que los que yo pueda encontrar. Sí quisiera apuntar que las unidades políticas que operan en la modernidad reciben el nombre de Estado-nación, y no ha de parecernos un dato ocioso. La nación y el Estado se imbrican históricamente, de modo que tiene pleno sentido que nos refiramos a ellos como un tándem filosófico.
Los Estados, entendidos en sentido weberiano, son entes políticos que se desarrollaron en buena medida por necesidades militares. Hacer la guerra exigía milicias y también una enorme financiación que espoleó la creación de haciendas, sistemas tributarios y una administración eficiente. La forja del ejército y la administración sentó las bases del Estado, pero combatir, o enviar hijos al frente, y pagar impuestos requería una contrapartida, que fue tomando la forma de lo que hoy llamamos derechos de ciudadanía. Este papel central de la fiscalidad en la aparición de los estados nacionales se hizo evidente en las revoluciones liberales: “No taxation without representation” fue un lema de la Gloriosa inglesa que se replicó luego en la independencia americana, y su tema está presente en la Revolución francesa, y aun antes en La Fronda o en la rebelión de los Comuneros.
Hay, por tanto, un vínculo estrecho entre el Estado y la nación de ciudadanos que explica su funcionamiento como tándem. Pero, por supuesto, cabe otra interpretación de la idea nacional. Los defensores de una noción primordialista de la nación consideran que las naciones son entes que preexisten a los Estados, y que sus miembros están vinculados por lazos culturales y de sangre que se pierden en la noche de los tiempos. Se oponen a ellos los partidarios de una lectura modernista o creacionista, para quienes las naciones son entidades inventadas (o “imaginadas”, matizará Benedict Anderson) que, como Adán y Eva, carecerían de ombligo (Gellner), y que se explican como el producto de la conquista o de una ingeniería sociocultural acometida manu militari.
Una comunidad de ciudadanos
Cabe admitir que los Estados nacionales que conocemos están fundados sobre comunidades preexistentes que han compartido largamente un territorio, una lengua y una cultura, pero hacer de esos atributos la sustancia única de la nación es una idea que augura conflicto, y que sirve para legitimar las reivindicaciones independentistas o irredentistas que los nacionalismos abanderan. ¿Acaso no son esos los atributos que blande el independentismo para declarar Cataluña nación? Y, una vez reconocida la nación, estaríamos ya en la antesala del propio Estado.
Dominique Schnapper dice que la nación es una “comunidad de ciudadanos”, una definición que, además de ser hermosa, nos invita a superponer los bordes de la nación con los del Estado demorático. Schnapper hace un esfuerzo teórico riguroso para deslindar la nación de la etnia, que considera una comunidad unida por un legado histórico y cultural, pero carente de estatus político; y también de los estados autoritarios, donde los habitantes no son soberanos, sino súbditos.
En cambio, su idea de nación como comunidad que sostiene las riendas de su destino político encuentra acomodo en los brazos constitucionales del Estado democrático. El Estado democrático proclama la soberanía nacional hacia afuera, afirmándose políticamente frente a otros actores estatales, y también hacia dentro, en la idea de ciudadanía. Así, la ciudadanía es la sustancia de la que están hechas las naciones, y por eso nación y Estado conforman un tándem necesario.
Hay buenas razones para definir la nación como una comunidad de ciudadanos que se autogobierna por medio de los cauces que provee un Estado democrático y constitucional. Y, sobre todo, hay buenos argumentos para preferir esta definición a otras que encuentran la esencia de la nación en atributos paraestatales más o menos ancestrales.
Volviendo al origen de la polémica, la política tributaria debe estar sujeta a discusión en el espacio público, igual que cualquier otro aspecto del andamiaje político, pero haríamos bien en no deslizar la idea de que la nación nada tiene que ver con el Estado para hacer compatibles preferencias fiscales con afectos patrióticos. Porque las ideas tienen consecuencias, y la idea de que el Estado no define la nación puede amparar un discurso territorialmente disruptivo. Por último, tampoco deberíamos ridiculizar el binomio “patriotismo fiscal”, pues la historia nos muestra que la tributación ha desempeñado un papel destacado en la forja nacional, y es la base de la solidaridad horizontal que vincula a los ciudadanos y construye la comunidad política. El fiscal es también un patriotismo virtuoso y, ojalá su binomio sirva para saludar el retorno de cierta izquierda a la patria. Porque el patriotismo es la punzada sentimental que empuja a un país a querer ser mejor. Una nación sin patriotas es una nación sin futuro.
Aurora Nacarino-Brabo (Madrid, 1987) ha trabajado como periodista, politóloga y editora. Es diputada del Partido Popular desde julio de 2023.
