Una región ahogada en oro

Desde el aire, Madre de Dios es una sábana verde recorrida por una serpiente marrón que es el caudaloso río que lleva el mismo nombre. Conforme el helicóptero desciende, la foto cambia: aparecen cráteres pardos a lo largo de ese territorio y campamentos de plásticos azules que ganan más terreno, en un paisaje que solía ser una llanura verde uniforme. Todas son señas de la destrucción que provoca la minería informal e ilegal en el Perú. Agujeros que se expanden, incesantes, hacia la poca vida que aún late.

Ubicada a 1,637 kilómetros de Lima, la región de Madre de Dios tiene como capital a Puerto Maldonado. Una ciudad a la que se llega por avión (una hora y media desde Lima), o viajando entre 46 y 50 horas en autobús, desde la capital peruana. Un calor húmedo y sofocante es lo primero que te recibe al llegar a Maldonado. Después, cuando el cuerpo se acostumbra al bochorno, se distingue en el paisaje una hilera de casas de madera con extensos jardines verdes, anchas carreteras recorridas por enjambres de motocicletas, y gente con ropa ligera: faldas, pantalones cortos y blusas frescas.

La cantidad de tiendas que venden motores y artefactos para explotar, excavar y perforar el suelo evidencia que se trata de una ciudad minera. Una actividad que, de acuerdo con un estudio del Ministerio del Ambiente del Perú, ha destrozado cerca de 50 mil de los 8 millones 100 mil hectáreas de bosques que tiene Madre de Dios. Las zonas más devastadas son Huepetuhe, Guacamayo, La Pampa y el corredor minero.

Pero la minería informal e ilegal se extiende. De acuerdo con Ernesto Ráez, asesor de Manuel Pulgar-Vidal, cabeza del Ministerio del Ambiente del Perú, se ha identificado un triángulo de actividad minera irregular en la región compartida por Quincemil (Cusco), La Pampa (Madre de Dios) e Inambari (Puno), por el que se transporta maquinaria, combustible, obreros, oro y dinero sucio. De las tres regiones asoladas por esta actividad, Madre de Dios es la más afectada y donde el Estado peruano ha ejercido mayor presión.

Ráez, de estatura chata y lentes de aumento, distingue entre la ilegalidad y la informalidad de la minería. La primera es la que se realiza en zonas prohibidas, como áreas naturales protegidas, cochas, ríos, lagos, cabeceras de agua y que, además, no cuenta con los permisos establecidos por el gobierno peruano.

Los informales son aquellos mineros que, sin contar con permisos estatales, trabajan en un corredor minero, autorizado en 2010 por el gobierno peruano. Abarca desde el distrito de Laberinto hasta Mazuco y Huepetuhe. Este espacio se ubica en la margen derecha de la carretera Interoceánica, vía que conecta el Perú con Brasil. Desde 2012 el gobierno peruano ha buscado formalizar a estos mineros y ha marcado abril de 2014 como fecha límite para su regularización (cumplir con los estudios de impacto ambiental, de suelos y agua, contratos de concesión o explotación y autorización de la superficie).

En toda la región de Madre de Dios se calcula (no hay estudios ni se han elaborado censos) que hay 30 mil mineros ilegales. La mayoría de ellos trabaja en La Pampa, zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, un ecosistema rebosante de vida. Otros laboran en trece de las treinta comunidades nativas, territorios protegidos y donde está prohibido hacer minería.

Los informales se calculan en 5,200, y son los mismos que se han acogido, desde 2012, al proceso de formalización. Desde ese año, además, han realizado marchas de protesta porque consideran que el proceso avanza lento: el gobierno peruano no ha destinado dinero a la Dirección Regional de Energía y Minas de Madre de Dios para agilizar el proceso y contratar más personal que evalúe los expedientes. Faltan vehículos para realizar las visitas a los campamentos mineros. Es decir: todo se ha dejado a la suerte.

La actividad minera (informal e ilegal) ocupa el 9.69% del territorio de toda la región de Madre de Dios. El 45% es zona de protección (Reserva Comunal Amarakaeri, Reserva Nacional Tambopata, Reserva Territorial de Madre de Dios, Parque Nacional Bahuaja Sonene y Parque Nacional del Manu), y el resto son concesiones forestales, castañeras y áreas destinadas para la conservación y el ecoturismo.

El negocio funciona así: Madre de Dios produce, según el Ministerio de Energía y Minas, 16.39 toneladas métricas de oro, que representa el 9.2% de toda la producción de oro en el Perú. Por cada kilogramo de oro extraído se utilizan unos 2.8 kilogramos de mercurio, que después terminan en los ríos y ecosistemas acuáticos y dañan gran parte de la cadena alimenticia. Por eso no es aconsejable comer pescado en esta región de la selva peruana.

Un estudio realizado en 2012 por el Carnegie Amazon Mercury Ecosystem Project advirtió que nueve de quince especies de peces analizadas en Madre de Dios tienen niveles de mercurio por encima del estándar internacional (0.3 partículas por millón [ppm]). La investigación reveló, además, que el 78% de los 226 adultos analizados en Puerto Maldonado presentaron en el cabello niveles de mercurio superiores a los límites permisibles para la salud humana (1 ppm). El nivel promedio hallado fue de 2.7 ppm, casi el triple del valor referencial.

Esos son los efectos del oro que se extrae de Madre de Dios. Este metal, luego de ser separado con mercurio, se vende a acopiadoras como Oro Fino, Mega La Red, As Perú y otras, que a su vez lo refinan por su cuenta y lo exportan a Suiza. En este país, el oro se convierte en relojes y joyas. En otros casos, el metal precioso se refina en plantas mineras formales de Nasca, una ciudad ubicada al sur de Lima.

En Madre de Dios, además –y resulta curioso porque no tiene industrias ni un gran parque automotor–, todos los días ingresan más de 180 mil galones de petróleo, de los cuales el 85% va a la minería ilegal e informal, según denunció una investigación de El Comercio. En esta región no hay minería formal. El combustible sale de la planta de Petroperú, en Cusco, rumbo a Puerto Maldonado y Mazuco. Desde ahí se traslada en cisternas hacia La Pampa. Cómo llega hasta allí sin que ninguna autoridad lo advierta es lo que todos se preguntan.

Solo la minería ilegal exporta cada año cerca de 3 mil millones de dólares en oro, según Elmer Cuba, director de Macroconsult, una firma peruana que brinda servicios de consultoría económica. Por eso se estima que, desde 2010, desplazó al narcotráfico (que exporta 1,208 millones de dólares en cocaína al año) como la principal actividad ilícita en el Perú. Además, evade unos 600 millones de dólares en impuestos y emplea a 500 mil personas en todo el país. En cambio, la minería legal, que representa el 60% de las exportaciones totales del país (14.5% del PIB del Perú), exporta 27 mil 361 millones de dólares.

El negocio de la ilegalidad

Antes de abril de 2012, todos los pequeños mineros que trabajaban en Madre de Dios eran ilegales. Así lo estipulaban las leyes. No existía la diferencia entre ilegales e informales. Por eso, el 5 de marzo de ese año, más de 15 mil personas (entre mineros que trabajaban en zonas autorizadas y prohibidas, comerciantes y transportistas vinculados a esta actividad) salieron a las calles a protestar en contra de las interdicciones que había emprendido el gobierno peruano para acabar con la deforestación que producía la minería.

La huelga duró nueve días y terminó manchada de sangre, pues el último día, el 14 de marzo, se produjo un enfrentamiento con un saldo de tres mineros muertos, quince policías heridos, además de caos y desorden en la ciudad de Puerto Maldonado. Entre los mineros muertos se contaba Francisco Areque Jipa.

El día que lo mataron, todo comenzó en la madrugada. Yo estaba en una conocida discoteca de Puerto Maldonado, cuando el dj paró la música y anunció: “Señores, vamos a suspender la atención porque ahorita están pasando los mineros por la Plaza de Armas.” Todos les temían: comerciantes, autoridades, policías y barredores. Tenían fama de violentos y se sabía que en sus marchas siempre se infiltraban –o ellos contrataban– delincuentes. Por eso la fiesta se detuvo y el caos emergió de entre las sombras. Primero quemaron llantas y arremetieron contra la policía con piedras, palos y bombas molotov.

Las fuerzas del orden se defendieron con bombas de gas lacrimógeno, y eso despertó a la gente que a esa hora dormía a sus anchas. Un niño perdió a su madre en medio de la humareda, lloraba con desgarro cuando lo encontré y lo puse a salvo. Más tarde, los protestantes quemaron una camioneta y parte del Mercado Central. Los manifestantes se habían dividido para atacar diversos puntos de la ciudad.

A las nueve de la mañana, diez agentes se vieron acorralados por un grupo de manifestantes furiosos. Una piedra alcanzó a uno de los policías que permanecía vigilante a nuestro costado. El objeto veloz le reventó el ojo izquierdo. Más adelante, sus compañeros lanzaban gases lacrimógenos, cuando estos se acabaron tuvieron que usar sus armas. Una bala impactó el cuerpo de Francisco Areque, que lanzaba piedras desde el otro bando. Su muerte fue instantánea. Llegó el cadáver al hospital, que ese día recibió a una treintena de heridos, la mayoría de ellos contusos.

Después de un día de duelo, los dirigentes mineros se reunieron en Lima con el ministro Manuel Pulgar Vidal para abordar una posible solución al conflicto. La paz llegó en forma de anuncio: los informales tendrían dos años más de plazo, de abril de 2012 a abril de 2014, para legalizarse. Con los ilegales no se negoció, ellos seguirían siendo perseguidos por la justicia.

Dieciocho meses después, en octubre del año pasado, los mineros informales y muchos ilegales infiltrados, liderados por Luis Otsuka Salazar, un hombre de discurso extremista, desataron de nuevo el caos en Madre de Dios. Cerraron la carretera Interoceánica y se plantaron en una huelga que duró cinco días y dejó varios policías y mineros heridos. Las razones de aquella protesta eran simples: el proceso de formalización otra vez se había estancado y ninguno de los 5,200 mineros que tuvieron la intención de legalizarse lo había conseguido. El escenario de hace dos años se repetía: expedientes atiborrados y abandonados en la Dirección Regional de Minería de Madre de Dios, sin personal suficiente que los evaluara.

A la fuerza, y con amenazas (“Si el presidente Humala quiere más muertos, los tendrá”, declaró Otsuka ante los medios de comunicación), se logró que el Estado detuviera las interdicciones en zonas autorizadas y que ampliara el plazo de formalización hasta el 2016.

Pero esa tregua, conseguida a la fuerza, parece que durará poco. Así lo entiende Enrique, quien prefiere el anonimato por temor a las represalias. Él se gana la vida arreglando motores en los campamentos mineros. “A nadie le conviene que se termine la minería, porque con ella fallecería la gallina de los huevos de oro. Policía, fiscales y jueces reciben sobornos. De eso viven, así hacen plata. Por ejemplo, cuando realizan interdicciones, ¿a quiénes revientan?, ¿a los grandes mineros? No, a los pequeños, a esos que recién están empezando y que no ponen plata para la bolsa que le entregan mensualmente a la policía.” Porque en un país donde los sueldos estatales son bajísimos, los policías corruptos, o los más necesitados económicamente, seguirán aceptando sobornos de los mineros ilegales a cambio de avisarles cuando haya operativos.

La corrupción en el Perú relacionada con la minería ha alcanzado a presidentes de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, como John Hurtado Centeno, que fue separado del cargo y ahora afronta acusaciones de índole fiscal. Cada tanto se levantan investigaciones que apuntan hacia congresistas “comeoro”, periodistas vendidos, alcaldes mineros, gobernadores-traficantes de influencias y consejeros regionales mineros. Es más, la corrupción impera incluso en el Ministerio de Energía y Minas, pues se descubrió que Luis Zavaleta Vargas, en ese entonces director general de Hidrocarburos, era dueño de Universal Metal Trading S. A. C., una de las mayores exportadoras de oro a Suiza que compraba oro ilegal en la zona de La Pampa a través de dos agencias, también suyas. Solo en 2011 su compañía exportó a Suiza 19.2 toneladas métricas de oro con un valor de más de 900 millones de dólares. Después del escándalo, el funcionario renunció a su cargo.

Para evitar que la corrupción gane la batalla, César Ipenza –abogado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)– considera urgente cambiar la estrategia de lucha contra la minería ilegal. Que no sean los policías ni los fiscales locales de Madre de Dios los encargados de combatir ese problema. Que se creen fiscalías especializadas y se conforme un grupo especial de la policía que opere desde Lima. Y que ambas instituciones dependan directamente del presidente de la República. Que los operativos se planifiquen desde la capital peruana para evitar infidencias. La propuesta de Ipenza se discute en la prensa cada que hay un problema minero, pero lejos está todavía de llegar al Congreso.

Albergue Huarayo

El día que Flor Ayerbe regresó a Huepetuhe –la zona de minería informal más antigua en Madre de Dios– comprobó que más de diez años de su vida yacían bajo tierra. Lo supo porque no estaba el colegio donde estudió, ni la canchita de futbol, menos las calles que recorrió cuando era niña. El Huepetuhe de su infancia, el pueblo antiguo, había sido enterrado con relave minero. Aún hay restos de lo que algún día fue: casas ahogadas, sobre las que se ha vuelto a edificar un nuevo pueblo. Los antiguos pobladores relatan que las intensas lluvias en la zona trajeron relaves mineros que, poco a poco, fueron enterrando el pueblo antiguo. Muchos de ellos debieron construir en partes más elevadas.

Acompañada de sus padres, Flor llegó por primera vez a Huepetuhe en 1979, cuando las únicas casas existentes pertenecían a la familia Baca Casas, que con el tiempo se convertiría en el clan minero más poderoso de Madre de Dios. De ese clan el nombre que sobresale es el de Gregoria Casas Huamanhuillca, más conocida como “Goya”, a quien ahora mismo el gobierno peruano investiga por los presuntos delitos de lavado de activos y daño al medio ambiente.

Muchos consideran a “Goya” y a su esposo Cecilio Baca Fernández como los fundadores de Huepetuhe. Cecilio comenzó a extraer oro luego de enterarse de la riqueza de esa tierra. Primero lo hizo de manera rudimentaria: con carretilla y pala. Después, cuando vio que había mucho metal, llamó a sus amigos cusqueños, entre ellos “Goya”, con quien tiempo después se casaría. Comenzó a comprar retroexcavadoras y maquinaria pesada para remover extensas canchas de tierra. Así fue forjando su imperio.

Flor era muy pequeña, seis años, cuando llegó a la quebrada Huayrurochallo, acompañada de sus padres y su hermano. Su papá había sido atraído, con engaños, por una agencia de empleos en Cusco –la ciudad peruana más cosmopolita y vecina de Puerto Maldonado– que le había prometido ganar mucho dinero a unas horas de allí.

Flor recuerda que, “desde el inicio, la vida en ese campamento fue muy dura. El patrón era muy malo, nos maltrataba. Comíamos pésimo: trigo chancado, plátano, yuca, frutas del monte”. Narra con la voz serena. “No comíamos carne, a excepción de los domingos. Por eso mi mamá se enfermó de anemia. Estuvo tirada en la cama varios días.”

Acompañada por su hermano de ocho años, se convirtieron sin percatarse –aunque ella lo recuerda solo como un juego– en lavadores de oro. Ayudaban a sus padres a montar el caballete y a echarle agua para limpiar el metal. Después, con bateas lo lavaban y así fueron juntando, poco a poco, el material impregnado de oro que el patrón desechaba. Después de noventa días de trabajo, con su madre anémica y su padre exhausto, decidieron volver a Cusco.

Ahora Flor reconoce que fueron víctimas de explotación laboral y me cuenta sobre su experiencia en la sala del albergue en el que trabaja: el albergue Huarayo. Este refugio temporal, con sede en Mazuco, es administrado por la Asociación Huarayo y la Red de Defensorías de los Niños de la Amazonía Peruana con el apoyo de la organización Terre des Hommes, de Ginebra. Huarayo fue fundado hace dieciséis años por Óscar Guadalupe, protege a niños abandonados y a mujeres, muchas de ellas menores de edad, rescatadas de campamentos mineros en donde son explotadas sexualmente. Allí permanecen las víctimas hasta encontrar a sus familiares o hasta que el juez lo determine.

A mediados de noviembre de 2013, el albergue refugiaba a veintiocho niños (algunos de ellos hijos de mineros) y a cinco mujeres rescatadas de prostibares. Flor, convertida ahora en asistente social, profesora de educación básica y psicóloga, se encarga de su formación para hacer de ellos buenos ciudadanos. Aunque esto no siempre resulte así, como se ve obligado a aceptar Óscar Guadalupe: “Hay niños que terminan en campamentos mineros, trabajando como obreros, adolescentes que se convierten en matones. No son todos, pero los hay. Otros, en cambio, ingresan a la universidad, a institutos de educación superior.”

Los prostibares

Una mañana caminando por la Plaza de Armas de Cusco una mujer se le acercó a Rosa y le ofreció ganar 1,800 soles (643 dólares aproximadamente) al mes, a cambio de atender al público en una chichería (lugar donde venden chicha de jora, un trago peruano típico) de Mazuco. El buen sueldo la sedujo, fue a su cuarto, tomó un pequeño veliz y guardó sus documentos y su ropa. La mujer le advirtió que si a lo largo del viaje la policía las detenía, ella dijera que era su sobrina y tenía dieciocho años.

Ocho horas después llegaron no a una chichería sino a un bar llamado La Sicuaneña. Allí la encerraron, le quitaron sus documentos, la obligaron a beber ingentes litros de cerveza, a soportar el tufo y los manoseos de mineros borrachos, a sonreírles, a ser su objeto de deseo. A complacerlos en todo. Sin protestar. Sin dinero. Sin poder escapar.

A nadie le gustan los asesinatos, pero hay circunstancias en que una muerte salva una vida. Si Rosa logró salvarse fue porque mataron a Braulio Quispe Mamani, un maderero que llegó a beber a La Sicuaneña, se lió en una pelea y acabó muerto. Días después, la policía en busca del asesino interrogó a Rosa, se la llevaron a la comisaría y cuando supieron que era menor de edad la trasladaron al albergue Huarayo, donde ahora permanece.

Flor Ayerbe cuenta que cuando rescataron a Rosa de ese infierno, la adolescente se echó a dormir y despertó dos días después. En La Sicuaneña atendía día y noche a los clientes mineros. No descansaba, tampoco almorzaba ni cenaba. Solo le ofrecían desayuno, café y pan. Estaban encarceladas: dormían en el bar. Vivían entre esas paredes perfumadas de alcohol, sexo y música chicha.

En noviembre de 2013, Rubela y Priscila huyeron del bar Papillon, donde las obligaban a prostituirse. Cuando lograron escapar y contaron su historia a los policías de Mazuco, estos les dijeron “que vuelvan más tarde, que ahorita estamos ocupados, que después las atendemos”. Óscar Guadalupe recibió una llamada de un colega suyo que trabajaba en Iquitos. Este le dijo que en esa ciudad habían denunciado la desaparición de dos chicas. Guadalupe, un hombre cuyo celular puede sonar unas veinte veces en menos de quince minutos, llamó a un fiscal de Mazuco y emprendieron su búsqueda.

Las encontraron en la Plaza de Armas caminando sin rumbo. Fueron a la policía, denunciaron el hecho y montaron un operativo en toda la zona. Refugiaron a las chicas en el albergue Huarayo y ellos se desplazaron hasta el Papillon para arrestar al dueño del local, a quien ahora procesan por trata de personas. Lo más probable es que Priscila y su prima Rubela estén de vuelta en casa. Cuando las entrevisté solo esperaban la orden del juez para marcharse a su hogar. No llevarían plata, porque nunca les pagaron por su trabajo, pero sí una experiencia difícil de borrar. Difícil de olvidar.

Entre 2008 y 2010, el albergue que dirige Guadalupe atendió a 300 mujeres rescatadas de bares donde las prostituían y a 72 niñas. A principios de 2012, Oscar Guadalupe declaró a efe que 212 niños habían sido víctimas de trata de personas durante los dos primeros meses de ese año en la región selvática de Madre de Dios. Sin embargo, ningún dueño de bar o responsable minero ha estado preso ocho años, como manda la ley por el delito de trata de personas.

En diciembre del año pasado, la Defensoría del Pueblo de Perú, registró 220 conflictos sociales, tres menos que el año anterior, de los cuales 145 fueron demandas socioambientales y 108 estaban vinculados directamente a la minería. En repetidas ocasiones la Defensoría se ha pronunciado en contra de la minería ilegal porque esta “contraviene frontalmente las leyes y el Estado de Derecho y su ilegalidad es causa de enormes perjuicios para la vida, la integridad, la salud de las personas, para el medio ambiente, el mercado, la economía y la propia institucionalidad del Estado”.

Para el presidente Ollanta Humala, el Perú está en vías de convertirse en una gran potencia minera a nivel mundial; para este año la minería informal se convertirá en el principal foco de conflictos sociales, pues en abril vence el plazo para la formalización. ~