Foto: ENAH

La ENAH: más voluntad que presupuesto

Muchos de los proyectos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia han sido posibles solo gracias a la buena voluntad de sus miembros. Esta amenaza con flaquear ante la austeridad presupuestal.
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El 11 de septiembre de 2019, se inauguró en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ΕΝΑΗ) una muestra temporal llamada Puerta de ciclos constantes, una retrospectiva de la historia de la escuela en el marco de la celebración de los 80 años de la fundación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Más de 60 objetos documentales, entre fotografías, tesis y convenios del Archivo Histórico José Raúl Helmer Pickman se ocuparon para mostrar el origen, desarrollo y retos que enfrentó la ENAH como una institución de educación superior durante sus primeros 30 años.

Así, se mostraba que el origen de esta entidad educativa se podía ubicar en 1938, con la creación del Departamento de Antropología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del recién creado Instituto Politécnico Nacional, donde se impartía la carrera de Antropología con cuatro especialidades: Arqueología, Etnología, Lingüística y Antropología social. La exposición también explicaba que este Departamento se transformó en 1942 en la Escuela Nacional de Antropología (ENA) y que en 1944 el presidente Lázaro Cárdenas emitió un decreto a través del cual dichas especialidades pasaban a ser carreras profesionales e independientes. La nueva sede de esta Escuela en los años cuarenta estuvo en el número 13 de la calle de Moneda, y la Escuela pasó a depender del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Una parte fundamental del recorrido explicaba que desde sus primeros años la ENAH (se le había incorporado ya la H, de Historia, en 1946) fue el principal centro de formación del saber antropológico de América Latina, razón por la cual recibió un importante apoyo presupuestal de los gobiernos mexicanos. También obtuvo financiamiento para proyectos, becas de alumnos, habilitaciones de aulas, bibliotecas y laboratorios de diversas instituciones y organizaciones extranjeras como la Rockefeller Foundation (1940), el Instituto Smithsoniano de Washington (1943-1945), la Viking Foundation Incorporated (1945-1953), el Instituto Indigenista Interamericano (INI) y la Organización de Estados Americanos (OEA). La OEA, en particular, a través del proyecto 104, firmó en 1959 un acuerdo para becar a cientos de estudiantes de toda América Latina para formar personal que pudiera resolver y comprender los problemas de las comunidades indígenas y rurales de los países miembros. La muestra cerraba con algunos documentos y fotografías de los años en que la ENAH fue trasladada del Museo de Antropología e Historia a Cuicuilco, su sede desde 1979.

La exposición tuvo un nutrido aforo y fue ampliamente comentada y apreciada por la comunidad académica, como lo mencionaron notas en la prensa nacional. Sin embargo, detrás de esta exposición, en la que en cierto sentido se quería mostrar el apoyo que la escuela había recibido en otras décadas por los gobiernos e instituciones, había una historia que no era posible contar, que nadie sabía y menos aún imaginaría. La historia era que para su realización había pesado más la voluntad que el presupuesto: la mayor parte del equipo que ayudó a su curaduría lo hizo de forma voluntaria, sin ningún tipo de salario; el mobiliario utilizado se había sacado de un cuarto de trebejos, se descartó la exhibición de varios documentos históricos por falta de mamparas, algunas de las cuales fueron pedidas en préstamo a la Escuela Nacional de Consevación, Restauración y Museografía. Los policías tuvieron que ayudar a limpiar los pisos por falta de personal de limpieza; el restaurador, sin contrato de base, tuvo que dejar unos días el montaje por falta de seguridad social que ayudara a sostener la salud de su madre enferma. A pocas semanas de desmontar la exposición, la diseñadora, una joven extraordinaria y comprometida, fue despedida porque no había dinero para renovar su contrato como eventual. Ella, de hecho, era solo una de las decenas de trabajadores que ya no fueron contratados debido al enorme recorte presupuestal de 75% hecho por el decreto presidencial de austeridad que se aplicó en toda la administración pública federal y abarcó, por lo tanto, al INAH.

La historia oculta de esta exposición no es la única, y de seguro no es la más trágica, pero sirve para ejemplificar lo que actualmente sucede en esta Escuela: muchos de sus proyectos, programas, exposiciones y resultados han sido posibles, en los tiempos recientes, solo gracias a la buena voluntad de sus miembros. Y esta parece flaquear ante una realidad que la rebasa, que resulta inimaginable para una Escuela Nacional: pocas aulas y sin mantenimiento, sin internet, cortinas ni sillas adecuadas para los estudiantes; laboratorios sin equipos, coordinaciones que operan sin papel e impresoras, alumnos que no han contado con suficientes viáticos que son esenciales para hacer estudio de campo y gabinete y, lo más lamentable, más de 300 profesores cuyos contratos están a expensas del banco de horas –sujeto al presupuesto otorgado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público– y más de 40 trabajadores contratados como eventuales que no gozan de derechos laborales y que cada tres meses o seis se ven en la incertidumbre de no saber si habrá o no un nuevo contrato.

Esa es la historia no contada de la institución que prepara a quienes por varias décadas han cuidado y cuidarán del patrimonio cultural nacional. Una institución que atiende a una población que rebasa los 2,100 estudiantes de licenciatura y 400 de posgrado de todo el país y del extranjero. Una escuela que también forma profesionistas capaces de analizar, hacer visible y dar solución a los diversos problemas que aquejan a nuestro país (violencia, desempleo, marginación, pobreza, discriminación), comprometidos con el estudio, protección, conservación y sociabilización del patrimonio material e inmaterial de México. Una Escuela Nacional (con mayúsculas) que no es una unidad administrativa, como ha sido tratada en los últimos sexenios –incluido el actual– por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, sino un establecimiento educativo que tiene crecientes necesidades de seguridad jurídica laboral y que necesita continuar su labor central y no verse forzada a detener la más noble de sus misiones: proporcionar educación a los jóvenes de este país, que tienen el derecho de recibir educación gratuita y de calidad.

Esta educación solo es posible si existe por parte del Estado la conciencia absoluta del enorme valor cultural e histórico del saber antropológico de nuestra Nación.

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es profesora-investigadora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.


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