La teoría de que la covid-19 se fugó de un laboratorio nunca había sido tan popular. Hay muchas dudas sobre qué tan plausible es y cuáles de las supuestas evidencias son más conspirativas. Pero al margen de qué tan probable crean que es, hay algo que la mayoría de los comentaristas pasan por alto: el qué deberíamos estar exigiendo, en términos políticos y de políticas públicas, incluso si se trató de una fuga.
En verdad, es raro que los defensores de la teoría de la fuga de la covid-19 de hecho tengan un plan. Como expertos en bioseguridad, nos interesa la respuesta a la pregunta de si hubo o una fuga. Si esto resulta ser verdad (existe la posibilidad, pero es muy baja), el coronavirus sería la primera fuga de un agente que haya causado un brote global en más de 40 años. Pero como uno de nosotros ha argumentado, incluso si esto fuera cierto, eso no necesariamente cambia lo que deberíamos hacer para protegernos contra pandemias de todo tipo. Y hay algo más fundamental: no existe una base legal sólida a nivel internacional sobre la cual se puedan investigar las actividades de los laboratorios biológicos, y no podemos crearla de la noche a la mañana.
Esto no tenía por qué ser así. Y la razón por la que tenemos tan poca capacidad para conocer de antemano –y no se diga después de una posible fuga– el estado de la seguridad de los laboratorios está en una historia de décadas de fracasos políticos, que han conducido a la confusión actual.
A pesar de la rápida expansión de las tecnologías biológicas y de la creación de nuevos patógenos, el mundo tiene muy poca capacidad formal para investigar, de una manera que satisfaga a los defensores de la teoría del escape del laboratorio, una enfermedad pandémica que podría haber surgido de ese escape. Si una nación sospechara que la covid-19 fue un ataque de armas biológicas, podría invocar el Artículo V de la Convención sobre Armas Biológicas y solicitar una consulta entre países para determinar el estado de esa reclamación. Luego, podría usar el Artículo VI para presentar un reclamo por un ataque biológico al Consejo de Seguridad de la ONU, aunque China, como miembro permanente, podría vetar una decisión para investigarlo.
Sin embargo, ninguno de estos mecanismos nos daría la información de fondo que hace falta para esclarecer algunas de las afirmaciones que hacen los defensores de la teoría de una fuga de laboratorio: qué enfermedades se estudiaron en el laboratorio en cuestión, con qué frecuencia, y demás. Puede afirmarse que para hacerlo necesitaríamos un mecanismo de verificación, para inspeccionar de forma rutinaria los laboratorios de alta contención, conocer su contenido y asegurarnos de que estén funcionando correctamente. Ese mecanismo casi existió, pero fue rechazado por Estados Unidos en 2001.
El porqué de esa decisión depende de a quién se le pregunte. Para algunos, fue un movimiento cínico de ese país. Para otros, fue un reconocimiento de que las ciencias de la vida son tan ubicuas y diversas que, a diferencia de las armas nucleares, sería imposible hacer cumplir las inspecciones, o al menos demasiado costoso para los Estados y laboratorios inspeccionados. El argumento es que, dado que para montar un ataque biológico basta con tener una pequeña cantidad de un agente (que después puede ser cultivado para obtener mayores cantidades, a diferencia del uranio o el plutonio), un mecanismo de verificación como el que existe para los materiales nucleares no es el marco adecuado para la biología. Pero no ha surgido ningún mecanismo alternativo desde entonces, y al menos un grupo de comentaristas ha señalado que al rechazar el protocolo de verificación de la manera en que lo hizo, Estados Unidos “eliminó totalmente cualquier consideración multilateral favorable sobre cualquier idea, por más meritoria que fuera, que se pudiera presentar en alguna fecha posterior”.
Lo que nos queda es el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de 2005, negociado después de la epidemia de SARS para detectar y mitigar los brotes que podrían convertirse en epidemias o pandemias y otros eventos de interés para la salud pública internacional. Las versiones anteriores del RSI se centraban en una lista específica de enfermedades que preocupaban especialmente a la comunidad internacional. En 1969, eso se limitaba al cólera, la peste y la fiebre amarilla. Entre finales del siglo XX y principios del XXI se pusieron en marcha esfuerzos para reformar el RSI, pero la comunidad internacional no se unió para actualizar el marco regulatorio del tratado sino hasta la rápida propagación mundial del SARS. Si bien abordar las enfermedades emergentes y los brotes inesperados fue un tema central de las negociaciones, las discusiones se complicaron por el fracaso de los esfuerzos de verificación de la Convención sobre Armas Biológicas y el temor de que el RSI se utilizara como un mecanismo sustituto para cuestiones de seguridad.
Estas sospechas no eran infundadas: durante las negociaciones, Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Nicaragua presionaron para incluir incidentes químicos, biológicos, radiológicos y nucleares en el tratado como “eventos”. A otros países les preocupaba que incluirlos en el RSI haría que el ámbito de acción de este se sobrepusiera con el de otros tratados de no proliferación, incluida la Convención de Armas Biológicas, lo que condujo a la muy amplia definición en el anexo del RSI: “[todo] evento con posibilidades de constituir un problema de salud pública de importancia internacional, incluidos los que tengan causas u orígenes desconocidos y aquellos en los que intervengan enfermedades o eventos distintos de los enumerados”.
A diferencia de la Convención sobre Armas Biológicas, que no habría cubierto una fuga de laboratorio, esta categoría amplia la cubriría. Podría haber permitido a la OMS investigar la posibilidad de una fuga en un laboratorio si también se hubieran incluido medidas más estrictas en el RSI 2005.
Pero hubo dos puntos contenciosos en la actualización del RSI: los reportes por parte de fuentes no gubernamentales y la inspección de la OMS. Los primeros borradores del RSI actualizado le permitían a la OMS “verificar los rumores de riesgos para la salud pública”, un reconocimiento al éxito que tuvo la Red Global de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos para fomentar la colaboración en la notificación de brotes. Este lenguaje provocó un debate significativo sobre qué calificaría y dónde podrían originarse tales rumores. Algunos países querían que cualquier fuente no gubernamental se reportara con su nombre, lo que habría desalentado la misma presentación de informes. A otros les preocupaba que el término “rumores” era tan amplio que permitiría que el tratado se convirtiera en una herramienta política. Este lenguaje finalmente se suavizó hasta llegar a la versión actual del Artículo 10, que permite a la OMS solicitar “a un Estado Parte que verifique los informes procedentes de fuentes distintas de las notificaciones o consultas sobre eventos que puedan constituir una emergencia de salud pública de importancia internacional que presuntamente se estén produciendo en el territorio de ese Estado.”
La verificación de eventos de salud pública a través de la OMS también fue controversial, particularmente una vez que la definición de “evento” se hizo lo suficientemente flexible para cubrir los incidentes químicos, biológicos, radiológicos y nucleares. Los borradores originales del RSI de 2005 habrían permitido “estudios sobre el terreno por parte de un equipo enviado por la OMS”. A principios de la década de 2000, muchos países temían que las investigaciones a través del RSI pudieran ser un intento de crear una alternativa al fallido protocolo de verificación de la Convención sobre Armas Biológicas. Estados Unidos, en particular, se opuso enérgicamente al artículo y se negó a seguir adelante sin un lenguaje suavizado. Varios países estaban preocupados sobre las facultades de inspeccionar laboratorios, investigar dentro de las fronteras nacionales e investigar brotes sin la colaboración del gobierno nacional. Dadas las discusiones en la audiencia del U.S. House Committee on Foreign Affairs de los Estados Unidos el 7 de junio, la preocupación puede haber sido profética. Al final, el lenguaje se suavizó para permitir solo investigaciones voluntarias en colaboración con el Estado, un proceso que vimos desplegarse durante la investigación de los orígenes de la covid-19. Es claro que este proceso fue insuficiente para quienes sostienen la teoría de la fuga de la covid-19. Pero, debido a la historia del RSI, es lo único que tenemos.
Al final, el RSI de 2005 sí permite que se notifique un incidente de laboratorio y se investigue de manera colaborativa y voluntaria. Pero el conflicto surgido con la verificación en el marco de la Convención de Armas Biológicas y las preocupaciones por la soberanía significa que no existe un mecanismo más fuerte para verificar los orígenes de la covid-19. Aunque el RSI exige que se presenten reportes y se intercambie información, no existe ningún mecanismo para obligar a a un Estado que decide no hacerlo.
Es de una profunda ironía, entonces, que los llamados de Estados Unidos a la verificación y la transparencia carezcan de fuerza precisamente porque Estados Unidos hundió dos mecanismos de verificación. Pero esta falta de capacidad, de alguna manera, también permite que los defensores de la teoría de la fuga de laboratorio se salgan con la suya. Quieren transparencia, es cierto. Pero no hay nada que nadie pueda hacer para aclarar este caso fuera de la cooperación, la cual los proponentes parecen no querer.
Lo que necesitamos no es divorciar la ciencia de la política: más bien, necesitamos desesperadamente una mejor política. El debate sobre la fuga del laboratorio ha sido dirigido en gran medida por científicos, periodistas y políticos, con un conocimiento limitado sobre los fracasados intentos anteriores para dar mayor seguridad a la investigación de las ciencias de la vida a nivel internacional. Es posible que nunca sepamos de manera definitiva si la covid-19 se escapó de un laboratorio. Pero de cualquier modo necesitamos un mejor sistema internacional para comprender y responder a las amenazas biológicas.
Lo que falta en el debate sobre la posible fuga de la covid-19 es una serie de propuestas sobre qué haremos a continuación. Se necesita un plan, que no requiere ni debe esperar los resultados de una investigación. Y eso se debe a que el trabajo para prevenir el uso indebido y el daño accidental de las ciencias de la vida se estancó hace años a nivel internacional. Empezar de nuevo es de vital importancia.
Este artículo es publicado gracias a una colaboración de Letras Libres con Future Tense, un proyecto de Slate, New America, y Arizona State University.
