Madrid acoge del 2 al 13 de diciembre la XXV Conferencia sobre el Cambio Climático (COP25), luego de que el presidente Sebastián Piñera decidiera no realizarla en Chile ante la crisis social y política que aún sacude el país. Aunque ya no se realice ahí, el país sudamericano la continuará presidiendo, de modo que aún será, de alguna forma, la cumbre de América Latina, y sus desafíos climáticos tendrán un lugar relevante.
Este año es crucial para la acción climática global. El “poco eficiente” Protocolo de Kyoto será sustituido por el Acuerdo de París, que en 2020 empezará a regular los compromisos ambientales para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Este acuerdo tiene como meta mantener el aumento de la temperatura global respecto a los niveles preindustriales muy por debajo de los 2ºC y, a largo plazo, limitarlo a 1.5º.
De acuerdo a los últimos reportes del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU (IPCC), vamos por el camino de aumentar la temperatura al menos 3º centígrados y esto tendría efectos muy preocupantes para el planeta.
Por eso, la COP25 será especialmente importante para que los países incrementen la ambición de sus compromisos ambientales. De hecho, 2020 es una gran fecha límite. En el año que está por comenzar, cada uno de los países tendría que empezar a implementar sus Contribuciones Nacionales Determinadas (NDCs) –el plan nacional para combatir el cambio climático y reducir las emisiones– y aumentar el alcance de sus propuestas.
El caso de América Latina es difícil, pues la mayor parte de la matriz energética es fósil (carbón, petróleo y gas). Este tipo de combustibles son los más contaminantes y los que arrojan más gases de efecto invernadero a la atmósfera, por lo que desde las Naciones Unidas señalaron la necesidad de descarbonizar las economías.
Ante este pedido, algunos de los gobiernos de la región están dando pasos en sentido contrario. Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil y México tendrán que dirimir qué harán con sus reservorios de petróleo y gas. Si deciden seguir adelante con los proyectos de energía fósil, tendrán complicado cumplir con los objetivos ambientales recogidos en el Acuerdo de París.
Otro de los desafíos que comparte la región es la deforestación como resultado de las actividades agropecuarias y empresas madereras. La tala de árboles y plantas afecta a la biodiversidad y a las comunidades locales. Además, tiene un impacto negativo en la reducción de las emisiones a la atmósfera, pues los bosques cumplen con la función de absorber los gases de efecto invernadero.
¿De qué manera se reducirán las emisiones si las principales fuentes productivas de la región tienen que ver con la quema de combustibles fósiles y la producción de carne y grano?
La tarea no es sencilla. Con el propósito de que los países no desarrollados puedan cumplir con sus planes ambientales, los países industrializados hicieron la promesa de donar, a partir de 2020, 100 mil millones de dólares anuales al Fondo Verde del Clima para que aquellos países del Sur global pudieran implementar sus planes de mitigación y adaptación ambiental. Junto a este fondo, también se revisará el aspecto económico del Mecanismo Internacional de Varsovia “Pérdidas y daños”, que trata de generar estrategias de compensación para los países más vulnerables por los impactos del cambio climático.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la región latinoamericana genera pocos gases de efecto invernadero, pero sufre notablemente las consecuencias del calentamiento producido por el Norte global.
Estos temas serán discutidos en esta cumbre, pero sin duda el gran protagonista de la COP25 serán los mercados de carbono. Este tema fue muy polémico en la cumbre anterior y tampoco acabó de cerrar en la reunión posterior en Bonn.
¿Por qué es tan controvertido este tema?
Los mercados de carbono, en términos generales, buscan generar incentivos económicos para que haya más programas de reducción de emisiones. Funcionan a través de “resultados de mitigación”, es decir, con cifras sobre la reducción de las emisiones que puede realizar un país respecto de sus NDCs. Ese “resultado de reducción” de las emisiones sería convertible en un bono de carbono que podría venderse y comprarse entre países.
En general, la discusión en Madrid girará en torno a cómo se contabilizará esa reducción y de qué manera se hará la transición de los mercados de carbono de Kyoto que aún siguen vigentes. El mayor miedo es que se pueda producir el llamado “doble conteo”, es decir, que se cuente a los dos países –tanto el comprador de la reducción como el vendedor– por la misma reducción de las emisiones. Si se produjera este doble conteo no se estaría cumpliendo con el objetivo de esta medida: incentivar económicamente aquellos proyectos que reduzcan los gases emitidos a la atmósfera. La mayoría de observadores y algunos gobiernos han alertado de los peligros de este mercado y ven con preocupación que se repitan los errores del Protocolo de Kyoto, que fue no muy efectivo para reducir los gases de efecto invernadero.
El financiamiento es fundamental para la mitigación y para contrarrestar los efectos, pero también lo es la implementación de las nuevas energías. Hoy en día hay varios países de América Latina que siguen en convulsión y algunos de ellos encendieron la mecha a partir de un problema ambiental (reducción de los subsidios, aumento del combustible, etc). Frente a esta situación, algunas organizaciones sociales plantean las llamadas “transiciones justas”, concepto que fue planteado en la COP24 para que los países en desarrollo transiten a energías más limpias a través de procesos participativos y democráticos para reducir los impactos en comunidades locales.
Otro de los temas que más preocupa a América Latina y el Caribe es la adaptación al cambio climático. La mayoría de los países de la región tiene un índice de vulnerabilidad alto por las consecuencias derivadas del aumento de la temperatura. Es el caso de México, que tendrá, entre otras consecuencias, problemas por el ascenso del nivel del mar, tormentas tropicales, inundaciones, sequías y huracanes. Estos fenómenos serán cada más frecuentes y más intensos, y afectarán de forma considerable a varios estados del país.
Los impactos del calentamiento global se notarán en amplios sectores, pero no afectarán de la misma manera a toda la población ni a todos los países. Según el informe “Perspectiva de género en las migraciones climáticas” de la Fundación Ecología y desarrollo (ECODES) publicado hace unos días, el cambio climático, y en concreto las migraciones a causa de éste, afectan de manera diferenciada a mujeres y niñas. Ellas estarán más desprotegidas y vulnerables, por lo que las derivas serían más nocivas. Es por eso, que en esta cumbre la agenda feminista estará muy presente en las negociaciones climáticas.
Habrá que esperar dos semanas para ver de qué manera se concretan estos pedidos, si se siguen privilegiando los intereses económicos por encima del bien común, si habrá un compromiso político más firme, como reclaman los grupos de presión, o si se continuarán postergando las decisiones. Lo que pareciera estar claro es que la COP25 es una oportunidad para que las distintas administraciones se tomen en serio lo que parece un mandato global y puedan aplicar el Acuerdo de París de la mejor manera posible.
es periodista especializada en medioambiente, energía, género y derechos humanos.
