El presente texto es un comentario del cuento “A la espera”, de Andrea Chapela, que puede leerse aquí.
Si visitas el sitio web del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas de México, aparecerá una ventana emergente que enuncia que la información contenida proviene de diversas fuentes, por lo que puede contener errores o imprecisiones. De acuerdo con este registro, actualmente hay más de 90,000 personas desaparecidas y no localizadas en el país. (No localizado es la categoría que se utiliza para informar sobre las personas que no han podido ser ubicadas, mientras que desaparecido significa que existen pruebas de que han sido tomadas por la fuerza). Sin embargo, como se indica claramente en la nota, se trata de cifras provisionales. Las fuentes y los datos se verifican constantemente; cada semana se registran nuevos casos.
El registro fue creado en 2018, e incluye las desapariciones a causa de la reciente violencia asociada a las guerras entre los cárteles de droga en el país. También incluye casos que se remontan a la “guerra sucia” en la década de 1960, cuando los gobiernos represivos perseguían y eliminaban de manera despiadada a grupos revolucionarios que se habían levantado en armas contra el Estado, así como a cualquier otra persona que consideraban como una amenaza política. Todo esto auspiciado por la política exterior anticomunista de Estados Unidos.
Por este motivo, lamentablemente, la escena inicial de “A la espera” de Andrea Chapela –un cuento corto sobre una mujer que se encuentra en una oficina gubernamental (el “Instituto Nacional de Registro y Geolocalización Ciudadana”) a la espera de noticias sobre Víctor, su hermano desaparecido– es dolorosamente familiar para muchas personas en México. De hecho, al igual que en “A la espera”, en muchos casos son las mujeres quienes hacen las indagaciones e incluso realizan la búsqueda por sí mismas, en ocasiones como integrantes de colectivos de búsqueda bien organizados.
Lo que distingue al escenario de Chapela como un relato de ficción es la existencia de un Estado hípervigilante en todo sentido, el cual utiliza la tecnología para rastrear a todos los mexicanos en tiempo real. El Registro de Chapela es mucho más eficaz que su análogo de la vida real, que de manera retroactiva busca agujas en un pajar. Un chip que se inserta de forma subcutánea en la muñeca permite a los detectores omnipresentes localizar a una persona y generar un registro permanente de sus actividades.
“¿Cuándo vio por última vez a esta persona?”, le pregunta el empleado del Registro a nuestra protagonista. En este punto de la historia, como suele ocurrir en múltiples países cuando se interactúa con figuras de autoridad, ni nosotros ni la propia protagonista de la historia, sabemos si el burócrata que hace las preguntas es parte del problema o parte de la solución. No sabemos si el funcionario disimula ignorancia, si hace preguntas de sondeo o si reconoce un vacío de información en el sistema. Después, la historia ofrece un vistazo a la genealogía del sistema de vigilancia. En una discusión familiar previa acerca de la privacidad, la madre de Víctor lamenta que su hijo no comprendiera el objetivo del Registro:
…él no entendía cómo habían sido las cosas antes cuando ella era joven y tenía que compartir su ubicación entre sus amigas, siempre decir dónde estaba, qué estaba haciendo, avisar de todo porque no se podía confiar en que una chica sola por allí no terminaría como un número más en las estadísticas de desapariciones forzadas…
Este pasaje me trae a la mente los debates actuales en el campo de estudios sobre ciencia y tecnología en torno a la “apropiación tecnológica”. La apropiación tecnológica se define tradicionalmente como el proceso por el que los usuarios adoptan y adaptan la tecnología a sus vidas, a veces recontextualizando y atribuyendo nuevos significados a estas tecnologías. Chapela describe que antes del Registro y “en la desesperación de cuidarse unos a otros”, la gente creaba su propio sistema. Quizá algo similar a la función “compartir ubicación en vivo” de WhatsApp, que tantos de nosotros hemos aprovechado como un sistema de seguridad personal. O el consejo frecuente de que las personas, especialmente las mujeres jóvenes, mantengan sus teléfonos móviles “ubicables” en caso de que algo salga mal.
Sin embargo, en algunas ocasiones, los usuarios ubicados en la periferia de la producción de conocimiento y tecnología también reinventan los productos tecnológicos y los sistemas de conocimiento (como el rastreador de la historia). A menudo, las personas que se apropian de los productos de esta manera están participando en una forma de crítica social o de resistencia política. En la historia de Chapela, la madre de Víctor recuerda los años 2020 (nuestros tiempos modernos de desapariciones rampantes) para explicar el origen activista del chip:
El rastreador llegó como una garantía de protección, un sistema que había nacido de la misma gente en la desesperación de cuidarse unos a otros. De esos grupos donde uno compartía su ubicación a un sistema que permitía que hubiera un rastro para encontrarte.
En México, estos llamados a la acción y la rendición de cuentas son abundantes hoy en día. Por ejemplo, recientemente ciudadanos y organizaciones civiles han hecho un llamado al gobierno para fortalecer el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas, y para establecer otras infraestructuras de datos capaces de ayudar en el proceso de búsqueda. Entre ellas, sistemas de geolocalización de dispositivos móviles y bases de datos que contengan el ADN tanto de los familiares que buscan, como de los restos no identificados. Las personas que facilitan de manera voluntaria esta información personal rara vez plantean problemas de privacidad. El acto de exigir un registro adecuado de desapariciones es, en sí mismo, un acto de resistencia. Un lector consciente de la crisis humanitaria en México puede ser receptivo a la idea de que el rastreador “era una herramienta para encontrarnos entre nosotros y para vigilarlos a ellos” (los del gobierno).
En “A la espera”, el hijo/hermano desaparecido argumenta que el gobierno se aprovechó de los intentos previos de la sociedad para organizar sistemas informales de rastreo. “El problema”, dice Víctor durante un flashback, “es que luego le cedieron todo el poder al gobierno. Dejaron que se burocratizara… ahora la gente vive pensando que está protegida. Les estamos haciendo las cosas más fáciles”.
En el México ficticio de Chapela, el gobierno se aprovecha de las demandas de la sociedad civil para echar a andar una vigilancia protectora omnipresente, dejando a sus usuarios más vulnerables que antes. Esto no suena descabellado, ya que a los mexicanos no les son ajenos los usos políticos de las demandas de la sociedad civil. Los reclamos que se han hecho durante la última década para exigir que el Estado responda y que se contabilice a las personas desaparecidas de forma adecuada, fueron atendidos como uno de los primeros actos políticos del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018, mediante la creación de una nueva ley que incluye el registro existente. Todos son avances importantes que toman en cuenta las demandas de la gente para brindar una rendición de cuentas.
Sin embargo, según analistas de Data Cívica, las herramientas creadas están lejos de ser óptimas, y no necesariamente son mejores que las anteriores. Es importante destacar que no existe una forma práctica de relacionar el actual Registro de Personas Desaparecidas y no Localizadas con los registros de cuerpos no identificados, fosas clandestinas y datos forenses. Estas medidas sirven más para apuntalar a la administración actual como una “para el pueblo” e implacable con la mala conducta del gobierno (pasado). No obstante, a pesar de la existencia de estos registros, es posible que todavía no sepamos con precisión cuántas personas desaparecidas hay. Todo esto nos hace cuestionar si las tecnologías de la información son la solución milagrosa para atender la crisis.
Mientras la hermana de Víctor lidia con la posibilidad de su pérdida, no podemos evitar preguntarnos si él se ha dado cuenta de que hackear el sistema o alterar el rastreador sólo proporciona un alivio temporal de la vigilancia estatal permanente. Tal vez Víctor haya encontrado la manera de no intercambiar su libertad por su seguridad. En lugar de utilizar sus conocimientos tecnológicos para evitar la vigilancia del Estado (como cuando alteró el registro del rastreador de su hermana para mantenerla alejada de los problemas), Víctor podría haber ejecutado el hackeo definitivo: la apropiación de la desaparición. No obstante, con esta forma de subversión se produce un nuevo modo de existencia: la incertidumbre crónica de los que se quedan atrás para lidiar con los empleados de las oficinas gubernamentales o con las autoridades. Esto no es muy diferente a la espera burocrática y políticamente mediada que tantas familias soportan hoy en día, mientras se mueven constantemente de un registro a otro en busca de información sobre sus desaparecidos. Todo el tiempo sintiendo que están permanentemente atrapados en el mismo lugar. Esperando.
Este artículo es publicado gracias a una colaboración de Letras Libres con Future Tense, un proyecto de Slate, New America, y Arizona State University.
es profesora de estudios de ciencia y tecnología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Investiga sobre el impacto de la genética biomédica y forense en la salud y la justicia en México.
