Presunto culpable, de Roberto Hernández y Geoffrey Smith

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Cada vez que un documental mexicano consigue llegar a salas comerciales, uno se escucha a sí mismo repitiendo adjetivos y frases como “es imperdible”, “lo mejor en años” y “supera en originalidad y riesgo a la mejor película de ficción”. En ninguno de los casos los elogios son exagerados: si hubiera que hablar de un boom en el cine mexicano sería de buenos documentalistas. Esto, por otro lado, es algo de lo que pocos se enteran (y si se enteran, no les interesa). Por culpa de estigmas, poca difusión y resistencia a ver un cine que se asocia con temas “difíciles”, el documental es el hijo ignorado del cine mexicano actual (como si este no fuera invisible de por sí).

Con todo, muchos de los que en 2009 asistimos en el festival de Morelia a la proyección de un documental llamado Presunto culpable supimos de inmediato que eso que se nos había mostrado no era solo la siguiente película que definiríamos como imperdible, lo mejor en muchos años, algo que en todos sentidos superaba a la ficción. Era algo que, esa noche, nos dejaba sin palabras, y que, llegado el momento, nos enfrentaría con especial saña al problema de reducir una película a su descripción. El porqué de este conflicto es, justamente, la médula del documental: el hecho de que las palabras –o, más bien, la palabrería– pueden no servir de nada si a la hora de recrear un diálogo o cualquier forma de interacción humana no se incluyen también silencios, inflexiones y gestos que pueden hasta anular o revertir el sentido aparente de esta interacción. Las limitaciones del lenguaje escrito a la hora de capturar un instante de la realidad suelen ser un problema que, si acaso, da dolores de cabeza a los críticos o historiadores. En el mundo de Presunto culpable, sin embargo, estas limitantes (sumadas a la mala fe) pueden significar la diferencia entre la libertad de un individuo y su encarcelamiento de por vida, o por un buen periodo de tiempo. Las lagunas y omisiones de un texto podrían provocar que una persona que por la mañana camina por las calles sin deberla ni temerla, por la tarde sea considerada un peligro para la sociedad.

¿Cuál podría ser ese mundo tan amenazante y torcido? El del sistema penal mexicano, donde el texto que supuestamente recoge la información alrededor de un delito –el misterioso expediente– no solo es un mamotreto desbordado de actas, de careos, peritajes, testimoniales y demás burocracias, sino casi la sustitución del juicio, con veredicto incluido, y que nadie –fiscal, defensa o juez– tiene el derecho (o las ganas) de cuestionar. Súmese a esta pesadilla el hecho de que los procesos en México parten de un principio de presunción de culpabilidad: el detenido tendrá que mover el cielo y la tierra para demostrar su inocencia, cosa que se complica cuando más del noventa por ciento de los procesados nunca ve una orden de aprehensión, la defensa que le asigna el Estado apenas mueve un dedo por presentar atenuantes, y a los jefes de policía se les premia por detener “sospechosos” (sean, se sobreentiende, sospechosos o no).

Armados de estadísticas que obtuvieron tras años de hurgar en los archivos de los juzgados, baluartes increíbles de la irregularidad y la corrupción, los abogados Layda Negrete y Roberto Hernández narran en Presunto culpable el caso espeluznante de Toño, un joven sentenciado a veinte años de prisión, acusado de homicidio con arma de fuego y cuya única prueba en contra son las declaraciones del primo de la víctima (y testigo del crimen). La idea de narrar el relato y de formar parte de él nunca estuvo entre los planes de Negrete y de Hernández. A punto de partir a Berkeley a terminar su doctorado, los abogados fueron contactados por la novia de Toño. La chica había oído hablar de un breve documental (El túnel) en el que estos exponían las arbitrariedades del sistema penal mexicano; desesperada, les habló de su novio encarcelado en el Reclusorio Oriente, y les pidió que revisaran su caso.

Entre las joyas de incongruencia encontradas en el expediente de Toño, Hernández y Negrete rescataron una que les permitía reabrir el juicio: el abogado defensor del juicio tenía una cédula profesional falsa. La posibilidad de ser juzgado de nuevo acarreaba un riesgo enorme para Toño: que le fuera dictada una sentencia todavía mayor. En circunstancias más o menos normales, esto escaparía a la lógica. También escaparía a la lógica el hecho de que la nueva sentencia fuera dictada por el mismo juez. Cuando a los abogados se les informó de que esto último sucedería, tuvieron la primera señal de que las circunstancias estaban muy lejos de ser normales o justas. Nada, sin embargo, podría haberlos preparado para lo que vino después.

A través de sesiones telefónicas Berkeley-Reclusorio Oriente, Toño fue aleccionado en el arte del litigio. Con todo y que contaría con un nuevo abogado defensor (duro, bien intencionado y que no cobraría honorarios), el acusado tendría que aprender a confrontar a quienes lo culpaban, no desde la desesperación de quien contempla pasar sus próximos veinte años durmiendo en el piso de una celda, sino desde una argumentación calculada que condujera a sus oponentes a un callejón sin salida. La transformación de Toño, la mediocridad de los funcionarios, y la inseguridad del testigo acusador (obviamente manipulado e intimidado por la policía) son registradas por las cámaras que, por insistencia de Hernández y Negrete, se instalaron en el juzgado y filmaron el segundo juicio. Estas imágenes son la médula de Presunto culpable y el argumento más contundente a favor de los juicios filmados (y, por lo tanto, orales). Hay que ver para creer lo que pasa cuando se encaran dos versiones de la verdad –la transparente y la fabricada– y la sucesión de atropellos que se cometen contra el individuo toda vez que se parte de la presunción de culpabilidad.

Con todo y que las imágenes del juicio desafían la descripción –y esto, por lo tanto, se aplica al documental entero–, Presunto culpable es una película espléndida por algo que de golpe sonaría frívolo y contradictorio: contiene los elementos y recursos de la buena ficción. Por un lado, un protagonista que no solo es una víctima sino un hiphopero compositor, que practica el break dance y que va encontrando paralelos entre la técnica del baile y el método de autodefensa en los careos (ambas cosas, dice, requieren de disciplina, concentración y equilibrio). Por otro lado, los antagonistas patéticos: un juez que reacciona a las preguntas del nuevo abogado volteando los ojos en blanco, una fiscal que acusa personas simplemente “porque esa es su chamba” y dos judiciales gorilones que hacen responsables a los abogados y a sus cámaras de “lo que les pudiera pasar”. Con todo y que cada uno de ellos lleva una historia pintada en el rostro, Presunto culpable se cuela profundo en la conciencia del espectador gracias al trabajo de edición/dirección de Geoffrey Smith, quien se encargó de revisar una cantidad inimaginable de material filmado, eligió los momentos y reacciones más poderosos y los tejió de manera tal que permitiera al espectador imaginar la dimensión del horror. Si bien la historia de Toño funciona como hilo dramático y le da una cara al tema, era crucial que Presunto culpable no fuera percibida como una fábula con final feliz. Su historia es extraordinaria y una excepción a la regla, y esa es, al final, la tragedia. De no haber intervenido el azar –en la forma de Negrete y de Hernández, y de su entrega y compromiso– y, sobre todo, las cámaras, seguirían sepultados los detalles de su detención, las irregularidades de su expediente, y el cinismo y falta de ética que prevalecieron durante el segundo juicio. (Y Toño, como otros miles, sepultado en el reclusorio.)

Será privilegio del espectador escuchar junto a Toño el veredicto del segundo juicio. Prepárese para lo increíble. Le ayudará saber que la transcripción del juicio –ese que conocimos gracias a las grabaciones– omitió información nueva que salió a la luz en los careos, y que sería más que suficiente para probar la inocencia de Toño. Ni una alusión a las respuestas inaceptables de los policías, a lo que podría considerarse una retractación del testigo, ni a los tics, trastabilleos y lapsus linguae de absolutamente todos (con excepción, claro, de Toño).

Cuando Negrete y Hernández presentan el juicio filmado ante la corte de apelaciones, los magistrados deciden que hay pruebas para dudar de la culpabilidad de Toño. En un sistema jurídico que da por hecho la inocencia del detenido, la duda razonada basta para impedir que se dicte una sentencia acusatoria. En el sistema que se ocupó del caso de Toño (desde fines del 2005 a mediados del 2007), el reporte negativo de pólvora que estuvo en su expediente desde un primer momento, prueba contundente de que no disparó un arma, no fue, por lo visto, elemento que mereciera la consideración del juez.

Habrá quienes digan que, en un país como México, “regalarle” a un detenido el beneficio de la duda es darle el tiro de gracia al cadáver de la estabilidad social. A ellos podría respondérseles que la falta de rigor en la recabación de pruebas en los ministerios públicos es causa no solo de encarcelamientos injustos, sino de la puesta en libertad “legal” de criminales probados. Para hacer valer sus puntos Presunto culpable muestra el lado menos conocido de la arbitrariedad legal (“la cárcel llena de jodidos”, en palabras insuperables del segundo abogado de Toño). La otra cara de la impunidad, sin embargo, también se asoma por ahí.

Más que su cara, su voz. En entrevista anónima dentro de una patrulla, un policía explica que a los detenidos “se les tiene que inventar” algún delito además del que ya cometió –presunción de culpabilidad– que asegure su encarcelamiento por lo menos un buen tiempo. De otra manera –dice muy seguro– luego llegan los abogados y los dejan en libertad. ~

 

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