Un aciago comienzo ha tenido 2023 para el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II. Nada extraño, inició con un pleito. En esta ocasión, con la Feria Internacional del Libro de Minería, a la que acusó, no sin verdad, de poner un sobreprecio a sus stands: 11 mil 250 pesos el metro cuadrado, por contraste con los 4 mil 200 pesos de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, a la cual tampoco asiste, aunque por cuestiones ideológicas. Si no es por una cosa, es por la otra. PIT II liquidó el asunto con su habitual tendido de libros, de 12 mil ejemplares correspondientes a mil 500 títulos, en esta ocasión en el edificio del Servicio Postal Mexicano.
A la par, le llegaron desafortunadas noticias de una de sus filiales. La rectora de la Universidad de San Marcos de Lima, Jery Ramón Ruffner Vega, exigió el desalojo de la Librería José María Arguedas, que alberga 15 mil libros, y para la cual el Fondo invirtió 50 mil dólares y tenía la aspiración de volverla un centro cultural. Lo más sorprendente es que PIT II quisiera otra librería en Lima, cuando ya existían dos, la Blanca Varela y la Simón Bolívar, ubicadas a menos de media hora de distancia. El convenio con la San Marcos se firmó el 30 de junio de 2020 por cinco años, la rectora asumió en 2021 y este 2023, por razones aún no expuestas, da marcha atrás. Tan mal están las cosas que habría dado un plazo de 48 horas para el desalojo.
Poco después, el presidente de México rechazó la invitación de la Cámara Peruana del Libro –planteada a través de la Embajada de México en Perú al FCE y la Secretaría de Relaciones Exteriores–, para que nuestro país fuera el invitado de honor a la Feria Internacional del Libro en Lima, a causa de sus pendencias con el nuevo gobierno peruano. Los gritos y sombrerazos no han cesado desde la llegada de Dina Boluarte a la presidencia de Perú, en remplazo de Pedro Castillo, destituido por rebelión. Tampoco han sido gratas las constantes intervenciones en los asuntos internos peruanos del Ejecutivo de México. A Boluarte la calificó de espuria y le dio asilo a la familia de Castillo. Perú declaró entonces persona non grata al embajador mexicano Pablo Monroy Conesa y retiró a su embajador de México, Manuel Gerardo Talavera Espinar.
El Fondo, finalmente, aceptó la invitación para asistir a la Feria Internacional del Libro de Bogotá, “Raíces y encuentros: por un futuro de paz para nuestra América”, título que resulta irónico en este contexto. La feria se realizará del 17 de abril al 1 de mayo, y el FCE participará con un pabellón de 3 mil metros cuadrados, y un costo estimado por debajo de los 2 millones de dólares, “barato” en relación con 2009, la segunda vez que nuestro país fue el invitado de honor. En principio se presentarían 30 mil libros, que mostrarán la diversidad de la industria editorial de México, aunque a la fecha se desconoce la lista de los sellos editoriales y de los escritores invitados. Hay suspicacias, pues, a lo largo del sexenio, al menos en la Feria del Libro del Zócalo, que codirige de facto Taibo II con su esposa Paloma Sáiz Tejero, los autores proclives a la 4T han tenido abierta preponderancia. Lo cierto es que a menos de un mes aún no está la lista completa. El cálculo es de 230 participantes, entre escritores y artistas visuales. Eso sí, ya están confirmados Pedro Salmerón, Armando Bartra y Fabrizio Mejía Madrid.
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2022 tampoco cerró bien para el FCE.
En diciembre, en el contexto del balance anual presentado por la editorial, el gerente de administración, Luis Enrique Bracamontes, aceptó que el Fondo arrancaría 2023 con un déficit de 170 millones de pesos en relación con el presupuesto promedio de los años precedentes. Los 61 millones 59 mil pesos asignados a la Dirección General de Publicaciones y que ejerce el FCE apenas amortiguarían un tercio de ese total. En tanto, Antonio Hernández Estrella, subgerente de comercialización, reconoció que las ventas de la editorial aún no alcanzan las cifras de 2019, el año previo a la pandemia. Tres años no han sido suficientes para la recuperación, a pesar del subsidio oficial.
Por su parte, a cuatro años de la fusión “de facto”, el titular del Fondo reconoció las carencias “visibles o subterráneas” del “aparato” conformado por el FCE, la red de librerías Educal y Publicaciones, derivadas, en su opinión, de la “eterna demora de la fusión formal”, aunque desde 2019 aseguró que estaba garantizada la eficiencia en la operación conjunta de las partes. Además, aceptó PIT II, una cuarta parte de las librerías de Educal enfrentan deficiencias financieras, a lo que se añade el “envejecimiento” de la red de librobuses y su apremio por publicar “cientos de miles” de libros para abastecer sus salas y clubes de lectura.
Acerca de las filiales, a las que en el comienzo de su gestión Taibo II se refirió como “la trasnacional latinoamericana que [convertiría] el viejo sueño bolivarista en una nueva realidad”, malas noticias también. Las tres librerías en Perú –incluida la que está a punto de cerrar la Universidad de San Marcos– están en “crisis”, la distribución en España es “débil”, y para las de Cuba y Venezuela faltan divisas para sostenerlas. De todos modos, el 8 de agosto de 2022 se inauguró la librería Tuxpan en Cuba, con gran jolgorio pero también con tres meses de retraso, pues el acto estaba previsto para el 8 de mayo, durante la visita del presidente de México a la isla.
Al respecto de Venezuela, Taibo continúa con su ficción de llamarla filial. Tal como documentamos, en realidad la sede cerró y fue sustituida por un “convenio de asociación” con la Fundación de Librerías del Sur del Ministerio de Cultura de Venezuela. El “convenio” consiste en que la fundación se hace responsable de los gastos de mantenimiento y de operación, y el FCE solo mantendría un punto de venta y distribución, de importación de libros venezolanos y de adquisición de derechos. Ni para eso le alcanzan las divisas. Venezuela no aparece como filial desde el reporte de la Cuenta Pública de 2020 de la Secretaría de Función Pública.
Aún así, Taibo II exclamó: “nos va a toda madre”.
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Por enésima vez en el sexenio, ha vuelto a hablarse de la fusión de la Dirección General de Publicaciones, perteneciente a la Secretaría de Cultura, con el Fondo de Cultura Económica, adscrito a la Secretaría de Educación Pública. Lo cierto es que todavía priva la incertidumbre y podría convertirse en el siguiente traspié de 2023 para Taibo II. El 26 de enero, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República envió un anteproyecto de decreto a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, con la finalidad de formalizar cuatro años de manejos administrativos violatorios de la ley, que le han permitido al titular del FCE disponer de facto del presupuesto de esa dirección.
De acuerdo con el anteproyecto de decreto, la Dirección General de Bibliotecas se haría responsable de los asuntos en trámite de Publicaciones. En tanto, el Fondo asumiría el presupuesto de Publicaciones –que ejerce en realidad desde 2019–, así como sus derechos de autor, archivos y acervos, y derechos y obligaciones. El documento apunta que Publicaciones tiene, entre otras funciones, el programa editorial de la Secretaría de Cultura, coediciones con otras editoriales, estrategias para la ampliación del mercado del libro, la edición de autores nacionales y la promoción de autores contemporáneos a nivel nacional e internacional. Nada de ello es cierto. A lo largo de esta administración, no ha publicado ni una sola novedad editorial ni reimpreso ni uno solo de los títulos que integran su catálogo.
Por el contrario, en los documentos anuales titulados “Valoración del cumplimiento cuantitativo de los objetivos establecidos en los distintos instrumentos de gestión que aplica el titular de la unidad responsable” –esa titular es María Angelina Barona del Valle– no se hace una sola mención a la edición, coedición ni reimpresión de libros. Al contrario, los cinco “objetivos” solo plantean vaguedades: “la formación de lectores y el fomento a la lectura”, “promoción y difusión de autores”, “capacitación de mediadores del Programa Nacional Salas de Lectura y de Círculos de Lectura”, “trabajar en conjunto y alineando procesos con todas las áreas de la Secretaría de Cultura”.
A lo largo del sexenio, el Fondo ha ejercido, de acuerdo con los distintos calendarios del “Presupuesto autorizado al Ramo 48” publicados en el Diario Oficial de la Federación para los distintos ejercicios fiscales, 127 millones 306 mil pesos en 2019, 68 millones 260 mil en 2020, 66 millones 334 mil en 2021 y 58 millones 054 mil en 2022, más los 61 millones 059 mil que se han sido asignados para 2023. En total, 381 millones 13 mil pesos. Acerca del ejercicio de los recursos, de por sí ilegal, impera también la opacidad.
Y sobre la fusión de Educal, aún nada.
Otro pésimo año fue 2022.
A tropiezos arranca 2023. ~
Es autor del libro digital 80 años: las batallas culturales del Fondo (México, Nieve de Chamoy, 2014), de Política cultural, ¿qué hacer? (México, Raya en el Agua, 2001, y de La palabra dicha. Entrevistas con escritores mexicanos (Conaculta, 2000), entre otros. Ha sido agregado cultural en las embajadas de México en la República Checa y Perú y en el Consulado General de México en Toronto.
