México fue el anfitrión de la Conferencia sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible (Mondiacult) 2022, auspiciada por la UNESCO. A finales de septiembre, el evento congregó durante tres días a 135 ministros de Cultura, 15 representantes de alto nivel, 83 ONGs, 32 organizaciones intergubernamentales y 9 organismos de la ONU, para un total de casi dos mil 600 participantes. La elección de la sede fue un desatino mayúsculo, explicable tan solo por el cabildeo de la Secretaría de Cultura y la oficina del organismo internacional en México. La interrogante es: ¿acaso no había un país en el mundo con una política cultural solvente para acoger la reunión? Porque México no la tiene.
Dado que se trata de información pública, la UNESCO debería saber que en México, por instrucciones del Ejecutivo, el 25% del presupuesto cultural es tomado de las instituciones del sector para otorgarlo al Proyecto Chapultepec, en lo esencial de carácter urbano y vial, que no parece tener otra finalidad que incrementar aún más la plusvalía de la zona. Parte central del proyecto es el Centro Cultural Los Pinos (CCP), cuya programación proviene de las actividades que organizan otras instituciones, a condición de que sean trasladadas a esos espacios. Solo así las instituciones reciben el presupuesto que se les regatea para su operación anual. La gran mayoría del Mondiacult se realizó justamente en el Auditorio Nacional y el CCP.
La UNESCO debería saber que las obras del Tren Maya pisotean el patrimonio arqueológico, acuífero y natural y el tejido social de las comunidades indígenas del sureste de México, lo que lo convierte en uno de los proyectos de desarrollo económico que más daño ocasiona a nivel mundial en la actualidad. Es también una decisión del presidente y, por lo que indican los reportes más recientes, no se concluirá durante su mandato. No obstante, en diciembre de 2022 la UNESCO suscribió un Programa de Acompañamiento para el Desarrollo Sostenible en la Ruta del Tren Maya a través del cual, con su silencio, avala la destrucción.
La UNESCO debería saber que los “semilleros creativos” no cumplen con sus metas desde el primer año del gobierno federal. En su comunicado del 7 de agosto de 2020, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social documentó las graves fallas que desde entonces llevaron al fracaso al Programa de Cultura Comunitaria. A la fecha, sigue sin alcanzar los 720 municipios con más altos niveles de violencia e inseguridad, a los que se comprometió Frausto que llegaría durante el primer año de gobierno. A la fecha, según la secretaria de Cultura, se cuenta con 329 semilleros, menos de la mitad, aunque no precisa que muchos de ellos no se encuentran en los municipios con más daño en su tejido social. Propensa a la ostentación, declara que “sin duda los semilleros son la más grande compañía artística del país”.
La UNESCO debería saber, pues, que los tres proyectos centrales de la 4T cultural son un fracaso.
El organismo internacional debería saber también que López Obrador desmanteló 109 fideicomisos –los de la ciencia y la cultura, entre varios más–, canceló el apoyo federal a la investigación que realizan las universidades privadas, inició una cruzada mediática a través de su diaria conferencia matinal contra los periodistas, intelectuales y académicos que han expresado su desacuerdo con las políticas públicas vigentes, fomentó la persecución judicial contra académicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, embistió al Centro de Investigación y Docencia Económicas, y trata de intervenir en la sucesión del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Ante tantos desatinos, la Secretaría de Cultura comenzó a apostar por dos causas nobles, pero sobre las que no tiene conocimiento suficiente. Una, la defensa de los derechos de autor de los diseños indígenas, que eran plagiados o tomados como inspiración por diseñadores de moda europeos. Enviaba cartas un tanto cuanto altisonantes, y le respondían con el tacto al que obliga dirigirse a una secretaria de Estado, la única que, por cierto, armaba tal refriega en el mundo. No se ha probado que sus reclamos hayan beneficiado a los hipotéticos afectados, que en buena medida permanecen en el anonimato. Tampoco, que los diseños estuvieran registrados en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Ante esto, la UNESCO –que, suponemos sabe de leyes– se mantiene al margen.
El mismo problema enfrenta la campaña contra las subastas de piezas prehispánicas en el exterior. La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, emitida el 20 de abril de 1972 y que cumple 50 años este 2022, tiene validez nacional pero no aplica en el extranjero. Es bien sabido que las piezas son sustraídas de manera ilegal y que México y muchos otros países llevan décadas encarando esa situación. Tanto el Conaculta como el INAH, en sexenios anteriores, batallaron con ahínco para impedir esas subastas e inclusive recuperar piezas emblemáticas, como la pieza de arte plumario cuya propiedad original se ha atribuido a Moctezuma.
Entonces como ahora fueron pocos los avances, aunque la administración actual ha intentado darse un realce inmerecido. Las devoluciones de piezas de algunos países europeos a México son actos bien intencionados que no pasan de ser cosméticos. No sabemos, además, cuál es su destino final en México, ni su auténtica relevancia histórica. Mientras se pregonan tales rescates, las bodegas de los museos, zonas y sitios almacenan piezas que reciben nula atención, porque los investigadores y restauradores no cuentan con presupuesto. Inclusive espacios señeros como el Templo Mayor viven en una inadmisible precariedad, como registró a principios del sexenio Leopoldo López Luján, su titular.
No solo las legislaciones de un país no aplican en otro. Los propios acuerdos de cooperación educativa y cultural que suscribe México con distintas naciones a través de sus secretarías o ministerios de Relaciones Exteriores, en los cuales se establecen, entre otros aspectos, el compromiso para combatir el mercado negro de piezas, no son vinculantes. Un aspecto central para el combate del mercado negro de las piezas prehispánicas y del arte en general son los acuerdos internacionales que tengan validez entre países, sean bilaterales o regionales. En 77 años de existencia, la UNESCO no ha avanzado un ápice para concretarlos.
El otro aspecto es el inventario. A 83 años de su creación, el INAH no ha concluido el inventario del patrimonio bajo su custodia, y los distintos gobiernos federales, de 1939 a la fecha, tampoco han creado un organismo especializado en la persecución de los robos y el desmantelamiento de las redes de sustracción y venta de las piezas. Hoy día, las aduanas y puertos han sido entregados al Ejército y la Marina, pero ello no es garantía, porque esos cuerpos no están capacitados, ni hay todavía una estrategia ni un plan de trabajo al respecto. Además, falta la transparencia necesaria acerca de las actividades que realizarán, así como la colaboración y vigilancia por parte de los expertos del INAH y de la sociedad civil que se ocupa de tales cuestiones.
El 27 de septiembre de 2021, el Ejecutivo anticipó la creación de un “equipo especial” semejante al de los carabineros de Italia, que estaría a cargo de la Guardia Nacional. Para darle realce al anuncio, otorgó el Águila Azteca al comandante Roberto Riccardi, jefe del comando de carabineros italianos de Tutela del Patrimonio Cultural. Poco después nombró a cuatro miembros de la Guardia para que empezaran a concebir la estrategia. La interrogante es si el presupuesto para dicha tarea saldrá de las Fuerzas Armadas o del INAH, y si está contemplando en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2023. De otra manera, sería solo una simulación.
Todo esto debería saberlo muy bien la UNESCO. No obstante, 40 años después del primer Mondiacult, cuya sede fue la Ciudad de México en 1982 (y 24 años después de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales para el Desarrollo, realizada en Estocolmo en 1998), México volvió a ser el anfitrión. Tres días de jolgorio, mesas sin ton ni son, declaraciones que reciclaban lo dicho hace 40 años y que se reciclan desde hace 40 años, o que se ajustan a las coyunturas de la época actual, y conclusiones que no difieren en lo central de los dicho cuarenta años atrás. La burocracia cultural dorada a nivel internacional, al servicio del lavado de imagen de un gobierno federal que cumple cuatro años demoliendo una centenaria política cultural.
40 años para llegar a esta conclusión: “En esta Declaración, resultado de diez meses de negociaciones multilaterales dirigidas por la UNESCO, los Estados afirman por primera vez que la cultura es un “bien público mundial”. Por ello, los Estados piden la integración de la cultura “como un objetivo específico por derecho propio” entre los próximos Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Sorprende que a ninguno de los participantes de México, de los ministros invitados, las organizaciones intergubernamentales o de la UNESCO escandalizara que entre las conclusiones figurara que la cultura se volviera un bien público, a sabiendas del fracaso de la política cultural del país anfitrión. Tampoco, que se enarbolara la defensa de los derechos de los trabajadores como una prioridad, documentados a detalle por la prensa cultural los despidos o las “no recontrataciones” de la planta laboral en la Fonoteca Nacional, el INAH, la ENAH o el INBAL, los pagos pospuestos a los becarios del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales y un inacabable etcétera.
La UNESCO prometió el lanzamiento de una página de internet con la información de las piezas que fueran reportadas como parte del saqueo a nivel internacional. Una propuesta semejante se formuló hace 40 años. En ese encuentro se prometió también la defensa de los derechos culturales de los migrantes, asunto crucial para México en relación con las comunidades mexicanas en Estados Unidos, acerca del cual no hay nada dicho. La propia UNESCO reconoció que la comunidad internacional tardó más de 20 años, luego del primer Mondiacult, “en elaborar instrumentos normativos que aborden la identidad cultural y la diversidad cultural como elementos de una política de desarrollo”.
En la semana del Mondiacult también se llevó a cabo el Encuentro Iberoamericano de Museos. No importó el desamparo en el que se encuentran los recintos de México. En esos días se llevó a cabo asimismo la Conferencia Anual de la International Association of Sound and Audiovisual Archives, IASA. Nada se dijo sobre la Fonoteca Nacional ni, en particular, el acervo sonoro cinematográfico declarado Memoria del Mundo por la UNESCO, que se encuentra en el abandono. El presidente de la IASA, Tre Berney, asistente al evento, no se pronunció, a pesar de conocer la situación. El director de la Fonoteca, Pavel Granados, dejaría el 31 de octubre la institución para asumir la dirección del Canal 22.
El Mondiacult arrancó con su toque local, los niños y jóvenes de los “semilleros creativos”. Luego de su discurso, Frausto presentó a los asistentes a la precandidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum Pardo. Siguió el alud de mesas de reflexión y la cena en el Museo Nacional de Antropología, que culminó el festín retórico. Llegas, hablas, cenas, suscribes las conclusiones, y te vas.
Y por cierto, ¿cuánto costó, y de dónde salió?
Es autor del libro digital 80 años: las batallas culturales del Fondo (México, Nieve de Chamoy, 2014), de Política cultural, ¿qué hacer? (México, Raya en el Agua, 2001, y de La palabra dicha. Entrevistas con escritores mexicanos (Conaculta, 2000), entre otros. Ha sido agregado cultural en las embajadas de México en la República Checa y Perú y en el Consulado General de México en Toronto.
