Prima entre los editores una percepción de su propia circunstancia que bien podría ilustrar una emblemática escena de la película Macario, de Roberto Gavaldón, y es precisamente cuando, después de haber escapado de las garras del Virrey, de Dios y del Diablo, Macario llega a la gruta de la Muerte en busca de su ayuda, pero esta no sólo se la niega, sino que le muestra una vela derrengada, de flama débil y titubeante, la vela que representa el tiempo que le queda al hombre que quiso comer bien una vez en su vida.
Así se siente la grave crisis en la que ha entrado el mundo editorial, especialmente los editores independientes, tras la estrepitosa caída de las ventas, con confusas ferias de libro virtuales que no han encontrado una fórmula eficiente para seducir al público consumidor ni para continuar su trabajo como difusores culturales; novedades que se quedaron varadas a pie de imprenta y que difícilmente verán la luz; la ilusión del libro electrónico como respuesta a todos los males (no lo fue antes, no lo ha sido ahora); librerías que destinan sus ingresos a asegurar su propia supervivencia, cuando no han optado por cerrar y liquidar sus inventarios; casas editoriales consumiendo recursos que no tienen; editores, correctores de estilo, diseñadores, ilustradores reclamando pagos que quién sabe si lleguen, autores que ignoran qué ha pasado con sus libros… En fin, la crisis sanitaria puso en evidencia la extrema fragilidad de quienes dependen de la cadena de producción del libro impreso, no solo en México sino en numerosos países, y la respuesta de los gobiernos ha sido penosa, una especie de “hay cosas más importantes que atender”.
México cuenta con una serie de programas y estímulos que, hasta cierto momento de la cuarentena, representaban una promesa, una luz al final del túnel para los editores independientes que, en realidad, no dependen de sus lectores ni de colectas, sino de la venta de libros y los apoyos que brinda el Estado. La realidad se impuso sobre las buenas intenciones. Por un lado, la disolución de los fondos y fideicomisos públicos ha creado un ambiente de incertidumbre respecto a los procesos que deberán llevar a cabo instituciones como el extinto Fonca, ahora Sistema de Apoyos para la Creación y Proyectos Culturales. Por otro lado, los estímulos fiscales aplicados a las artes, o EfiArtes, actualmente administrados por Hacienda, el SAT y el INBA, que al fin se hicieron extensivos al ámbito literario, tuvieron resultados alarmantes, a pesar de lo previsible, en su periodo ordinario: de los 200 millones de pesos que gracias al Artículo 190 de Ley del ISR pueden destinarse a las artes, solo se otorgaron $52,156,749.76, distribuidos en 30 proyectos respaldados por 43 inversionistas: diecisiete para EfiTeatro, seis en EfiMúsica, cinco para EfiArtes Visuales, dos en EfiDanza, y cero para EfiLibros.
¿Debería sorprender que no fuera aprobado ningún estímulo fiscal a proyectos de inversión en la edición y publicación de obras literarias nacionales? No, la adición al Artículo 190 tomó por sorpresa a la mayoría de los editores, acostumbrados a encontrar en el Estado, en las instituciones educativas y públicas, incluso en los propios autores a sus principales mecenas e inversionistas. El esquema de EfiArtes implica buscar alianzas con la iniciativa privada y trasladar hacia ésta la figura del mecenas. Por otra parte, la emergencia sanitaria inhibió toda clase de gestiones con el sector privado y el abanico de posibles candidatos se redujo dramáticamente: inversionistas que en marzo o en abril tenían la intención de respaldar la publicación de obras, o que solían apoyar a EfiArtes, ahora están en números rojos o han concentrado sus recursos financieros en la recuperación de sus propias empresas.
Para entender de qué se habla cuando nos referimos a estímulos fiscales, comenzaré por el principio. En 2004 se decidió apoyar al cine mexicano mediante un esquema de inversión indirecto a través de un mandato de ley, el cual facilita la obtención de recursos para la industria cinematográfica a través de créditos fiscales, no para el realizador, sino para el potencial inversionista, quien recupera su aportación íntegra, que, bajo ciertas condiciones (que tienen que ver con el tope de los montos, el porcentaje de ISR que se le puede acreditar, el historial de la empresa ante el SAT, y otros factores), se le descuenta de sus impuestos. Esto es: si un realizador necesita 20 millones de pesos para echar a andar su película, EfiCine le garantiza al inversionista, llamado Contribuyente Aportante, que no perderá un solo peso porque en vez de darle al SAT un porcentaje de sus impuestos, se los dará directamente a un proyecto cultural. Esta inversión no debe suponerse a fondo perdido, pues se espera que la misma industria cultural recupere con creces este recurso mediante la recaudación fiscal que se derive del proyecto de inversión. Pero ocurría que, contando ya con los fondos para producir, los proyectos se veían en dificultades para cumplir con su fin último, la exhibición, debido a los altos costos de distribución, así que a partir de 2014 se amplió el estímulo fiscal para cubrir este aspecto, completando de esta manera el círculo virtuoso del apoyo.
El estímulo fiscal al cine nació con la intención de “reactivar a las industrias culturales de México”, y con este mismo argumento la comunidad teatral se acercó entonces al Conaculta para que se promoviera un estímulo similar destinado a la producción escénica. La iniciativa se aprobó en 2011, teniendo ya en la mira la inclusión de las otras disciplinas artísticas. Las diferentes iniciativas de reforma que se han presentado al Artículo 190 de la Ley del ISR son de lo más variadas, aunque en el fondo han buscado lo mismo: replicar el modelo de EfiCine con la intención de crear fuentes de empleo, reforzar la cadena productiva del arte y promover la cultura.
No fue sino hasta 2016, ya conformada la Secretaría de Cultura, cuando se presentó la coyuntura para ampliar este recurso. La propuesta que finalmente fue aprobada buscaba favorecer los “proyectos de inversión en la producción nacional de artes plásticas, danza, obras literarias y música”, adicionando un 190 Bis a la Ley del ISR. Al final, el estímulo fiscal se consolidó dentro del correspondiente a EfiTeatro, convirtiéndose de esta manera en EfiArtes; el rubro correspondiente a literatura se introdujo en diciembre de 2019, tras dos años de operación y con un remanente de 40 a 60 millones de pesos por ejercicio. El aumento de la asignación presupuestal no representaría, con la inclusión de las publicaciones literarias, un riesgo adicional al fisco. Bajo este modelo de inversión, además del presupuesto asignado anualmente a Cultura, el gobierno deja en manos de los contribuyentes el empleo de 900 millones de pesos a las industrias culturales: 650 a la producción cinematográfica, 50 a su distribución, y 200 a las otras artes.
Como todo apoyo, los estímulos fiscales tienen sus reglas y lineamientos de aplicación y operación. Lamentablemente, EfiLibros aún está lejos de convertirse en un apoyo que en verdad represente un oasis para los editores y no un mero espejismo, empezando por el hecho de que se consideró que un proyecto de inversión en la “edición y producción de una obra literaria” equivale a un libro y no a un programa editorial. Esta limitada comprensión tiene como resultado que un libro puede ser beneficiado con medio millón de pesos para cubrir exclusivamente gastos de edición y producción, y cada Empresa Responsable del Proyecto de Inversión (o ERPI) solamente puede aspirar a que dos proyectos sean aprobados. Para dimensionar tal desatino, basta con volver la vista al Programa de Coinversiones y Apoyos a Proyectos Culturales del ex Fonca, que en la modalidad de Coinversión otorga hasta 400 mil pesos a los editores para la publicación de una o más obras.
Además, hay cuestionables restricciones de participación para los escritores, ya que se asume que un autor que ha publicado en el extranjero no requiere de este apoyo, pues se le considera un autor consolidado. Veamos: ocurre que a un amigo poeta lo invitaron a España a una especie de congreso político, intelectual y artístico; en Valencia conoció a otro poeta que, además, es editor; trabaron cierta amistad y publicó un librito. Este amigo poeta, que podría ser Octavio Paz en 1937, no podría publicar Libertad bajo palabra, uno de sus libros más relevantes, con este apoyo. Tener obra publicada en el extranjero, el día de hoy, puede ser tan azaroso como el caso de Paz; y puede suceder que un desastre como esta pandemia impida la publicación de una obra con la trascendencia de Libertad bajo palabra. Pero estos son supuestos, la realidad es que los libros de los escritores viven en medio de un mercado feroz y volátil, donde tres, cuatro meses es el periodo de exhibición de una novedad literaria en los puntos de venta; después, la fría oscuridad de los anaqueles, las devoluciones, los almacenes, la venta hormiga en ferias y de mano en mano. Consagrado o no.
Estas pautas, que aspiran a ser candados para asegurar que el estímulo fiscal llegue a quien lo necesita, revelan que Hacienda, Cultura y la Cámara de Diputados no tienen claridad en cuanto a quién es el verdadero beneficiario: la obra, el autor, el editor. Cuando se propone favorecer al teatro, no hay duda de que se trata de un todo que implica al libro dramático, el montaje, vestuario, actores, etcétera. Lo mismo ocurre con la “edición y producción de una obra literaria”, implica al autor, al corrector, diseñadores, impresores… Y distribuidores y libreros, también.
De acuerdo con la iniciativa que permitió esta reforma, EfiLibro tiene como objetivo “apoyar la creación literaria e impulsar el surgimiento de nuevas propuestas”, es decir, beneficiar al único que no puede optar por el estímulo: el autor, en vez del editor. El objetable argumento es que las editoriales no apuestan por los nuevos valores ni por propuestas diferentes, que sólo publican a escritores consagrados y obras redituables. Prejuicios y frases hechas que, además de ser falso, revelan el total desconocimiento del mercado del libro, porque poner a la venta un libro sobre el cual hay poca expectativa de venta tiene un costo muy alto, aunque su producción no le haya costado un solo peso al editor. ¿Y qué se debe entender por “autores consagrados”? ¿El Sistema Nacional de Creadores, los autores que publican en corporativas trasnacionales? ¿Hay alguna lista negra de escritores que no deben recibir apoyos del Estado porque son exitosos? En fin, las editoriales, continúa el Ejecutivo Federal, prefieren invertir en libros que se puedan vender (“de consumo rápido”, precisan) y no en las obras que no se venden; por ello, desde el Artículo 190 se propone respaldar a esta legión de escritores inéditos en otros países, con la esperanza de que esta apertura aliente la creación y se amplíe nuestra oferta literaria.
EfiLibro tiene una visión romántica de los autores. No basta con la publicación del libro, hay que promoverlo, hay que venderlo. Es insultante seguir pensando en el escritor y su obra como entidades que no reportan beneficio, como parásitos que hay que alimentar con pastelillos. Si EfiLibro pretende ser un factor para reactivar la industria editorial, tiene que ampliar las fronteras que actualmente se ha planteado desde la Ley, las Reglas Generales y sus Lineamientos de Operación, y, sobre todo, debe discutirse con los editores para conocer cuáles son sus necesidades reales, porque está claro que, tal como ahora funciona este estímulo, las desconocen quienes tienen la responsabilidad de asignarlo.
Director editorial de Universo de Libros y autor de la novela El capitán implacable (Alfaguara Juvenil, 2018), entre otros.
