En el sector de la cultura y las artes, no hay cierre de año laboral ni inicio del siguiente en que no se repita una historia que cada vez es más grave. Los trabajadores eventuales atestiguan con indignación creciente que los pagos de los últimos meses se demoran hasta los últimos días de diciembre y los contratos quedan en suspenso, con la perniciosa intención de no renovarlos. Las altas autoridades no toman ni una sola medida para resolver esta endémica situación. Es más, la fomentan, ignorándolos y maltratándolos. Pareciera que lo que buscan es doblegarlos, por cansancio o por necesidad, para que acepten condiciones laborales cada vez más indignas, manteniéndolos al borde del cese, u orillándolos a que busquen otros horizontes.
Esos horizontes, como se confirma a diario, no existen, pues los canallescos recortes al presupuesto, el vampirizante capricho del Proyecto Chapultepec, la demolición de instituciones emblemáticas, el altivo desdén con el que se ignora a las industrias culturales que han sido dejadas al garete, más la pandemia, solo han dejado devastación. Mientras, los contagios y decesos entre el personal eventual y sus familias, cuyas cifras se ocultan con perfidia, han sido la tragedia cotidiana. Los adeudos contraídos para enfrentar los gastos de salud, renta y manutención, sin caja de ahorros, reconocimiento de antigüedad, prestaciones, fondos para el retiro y seguridad social, se han vuelto para muchos insostenibles.
Pero eso a las altas autoridades del sector, no les importa. Si acaso, cuando se acentúan las protestas, responden a los reclamos como si fueran los ofendidos, y se resguardan en la jerigonza burocrática. Los recursos no han sido liberados, pero pronto recibiremos la aprobación. No se cuenta todavía con el techo presupuestal, pero la partida está garantizada. En el sector central de la Secretaría de Cultura contamos con una bolsa especial para cumplir con los compromisos adquiridos. Estamos apegándonos a la política de austeridad instituida por el gobierno federal y llevamos a cabo un ejercicio racional y responsable de los recursos públicos sin afectar los derechos de los trabajadores. Nunca se había apoyado a la cultura como en esta administración. Es un compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador. Verbosidad que resulta aún más insultante.
2022 inició con dos actos de resistencia laboral.
A finales de 2020, el director de la Fonoteca Nacional, Pavel Granados, trató de cesar a 93 trabajadores adscritos al capítulo 3000. Lo intentó a través de sus subalternos quienes, en distintas reuniones virtuales, informaron a los trabajadores, en periodo vacacional, que el presupuesto sería reducido un 80%. No hubo más explicaciones. No importó que la partida hubiera sido aprobada dos meses antes por el Congreso de la Unión, como parte del Presupuesto de Egresos de la Federación. Nació entonces el Colectivo Fonoteca 3000, que congregó una unánime simpatía en la comunidad cultural e impidió el atropello.
De todas maneras, para 2021 la Fonoteca no cumplió con su programa anual de trabajo previsto, canceló proyectos en desarrollo, redujo drásticamente las labores y los sueldos fueron recortados entre el 30 y el 50%. Los contratos, según el área, comenzaron el 1 de marzo o el 1 de junio y concluyeron el 30 noviembre, por lo que en realidad se laboraron seis o nueve meses.. A varios de los empleados se les estableció un pago único mensual de entre 12 y 13 mil pesos.. El monto de los dos últimos meses fue depositado el 30 y el 31 de diciembre. No les solicitaron los proyectos de trabajo para 2022. Era claro que se avecinaba una embestida más para continuar con los ceses.
Con la finalidad de dividir al colectivo, los directores de área tuvieron pláticas con los trabajadores, de manera individual. Les hicieron saber que, en caso de ser necesitados, recibirían una llamada entre enero y marzo de 2022. De no recibirla, tendrían que dar por sentado que no serían recontratados. Es decir, para saber si volverían a tener trabajo o no debían esperar hasta cuatro meses, entre diciembre de 2021 y los tres primeros meses del año actual. Desde el 9 de diciembre, el colectivo ha informado del estatus de las negociaciones a través de cuatro comunicados y ha solicitado en más de cuatro ocasiones que los reciba el director Granados. Como a principios de 2021, sigue sin darles respuesta, al igual que la Secretaría de Cultura.
Finalmente, Alejandra Frausto tuvo que salir a garantizar que sí llegarían los pagos atrasados, aunque no se comprometió al respecto de las recontrataciones.
En 2021, la Fonoteca funcionó solo medio año. Resulta que las baterías del sistema NOAH, utilizado para la digitalización y almacenamiento de los acervos sonoros, habían llegado al fin de su vida útil, por lo que hubo necesidad, ante el riesgo de un corto circuito, de bajar el switch. De tal manera, de principios de julio a principios de octubre estuvo paralizada. No era posible ya no solo digitalizar, sino siquiera acceder a los contenidos existentes.
En tanto, Granados curaba la exposición Monsiváis, el musical, para el Museo del Estanquillo, inaugurada el 23 de noviembre por Claudia Sheinbaum, que llamó la atención por la copiosa cantidad de funcionarios y guardaespaldas que congregó. El conflicto crecía pero Granados, antes que reunirse con los trabajadores, prefirió realizar un viaje vacacional a París.
Es tal su desprestigio entre los trabajadores, servidores públicos y la comunidad, que se ha valido de lo que sea para ocultarlo, con resultados contraproducentes. En una entrevista, llamémosla de alguna manera, que causó honda irritación, Elena Poniatowska escribió: “Pavel Granados es fácil de querer. Portador de buenas noticias, sonriente, bien informado y excelente conversador, siempre está dispuesto a ayudar. Quienes trabajan bajo su dirección en la Fonoteca Nacional están contentos”.
La Fonoteca continúa anquilosada. En 2018 contaba con 542 mil 738 soportes sonoros, de los cuales solo 186 mil estaban digitalizados, el 36%.
El pasado 24 de enero, el colectivo volvió a alertar que siguen a la espera de la respuesta de Granados. Las recontrataciones no inician todavía, pero se han enterado de que se mantendrá el recorte del 30 al 50% a los salarios impuestos durante 2021 y se reducirá más al personal. Ante este escenario, los trabajadores expresaron su preocupación por la continuidad del proyecto de la institución, ratificaron su compromiso para la salvaguarda del patrimonio sonoro de México y refrendaron su postura por alcanzar condiciones laborales dignas.
Mientras Granados va en pos de más despidos, la Fonoteca continúa anquilosada. En 2018 contaba con 542 mil 738 soportes sonoros, de los cuales solo 186 mil estaban digitalizados, el 36%. No se remonta el rezago, pero continúan recibiéndose donaciones, lo que la convierte en una bodega. Ni siquiera ofrece las condiciones adecuadas para la conservación de los acervos ni cuenta con una catalogación confiable de los contenidos bajo su custodia
Entre instituciones, coleccionistas, descendientes o albaceas que han aportado acervos se extiende la preocupación. Paulina Lavista denunció “boicot o negligencia”, dado que la institución no entregó al Museo de la Academia de Hollywood, la digitalización de la banda sonora compuesta por su padre Raúl Lavista para La rosa blanca, de Roberto Gavaldón, que inauguró el homenaje al cineasta.
En tanto, Kevin Aragón, encargado de medios de comunicación y uno de los líderes que encabezó la creación del colectivo, fue notificado que no se le recontratará.
La secretaría de Cultura quiere desactivar el Colectivo Fonoteca 3000.
Como en la Fonoteca, el periodo vacacional fue aprovechado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que dirige Diego Prieto, para concretar el recorte del personal eventual. El pasado 29 de diciembre, Pedro Velázquez Beltrán, secretario administrativo, dirigió un oficio a los titulares de las distintas unidades donde estableció, destacado en negritas, que no debería convocarse a laborar a ninguna persona que haya estado contratada como eventual al 31 de diciembre de 2021. Hilario Topete Lara, director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ENAH, replicó dos días después con un oficio de seis cuartillas, enviado a Prieto, alertándolo del daño que causaría la medida, área por área, en 64 procesos educativos y administrativos en total. Era la parálisis de la escuela.
Tal como nos tiene acostumbrados, la 4T cultural inició su sainete de aclaraciones, aunque en esta ocasión se esperaron cuatro días, para no afectar sus celebraciones de fin de año de carácter personal. Inició el 2 de enero el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, quien en Twitter negó los ceses. En la ENAH, escribió, “nadie será despedido, los eventuales que laboraron en 2021 serán recontratados. También los profesores de asignatura. Los que prestan servicios por honorarios capítulo 3000 trabajarán como en 2021. Así informa el director del INAH”.
Solo que el oficio del secretario administrativo se refería a todo el personal eventual del INAH, aproximadamente dos mil, y no solo a los 60 de la ENAH, según las cifras de Prieto, aunque según Topete Lara el despido –o la no recontratación, como insisten en llamarlo– afectaría a 350 profesores de asignatura de la escuela, seis veces más. Pero como la ENAH, la escuela más importante de su tipo en América fue la única área del INAH que había reaccionado con celeridad, había que aplacarla, más aun con su historial de activismo político y social. Sobre el resto del Instituto, ni una mención, ni por parte del vocero de la presidencia ni de su director general.
Eufórico, Prieto agradeció al “apreciado Jesús” la “aclaración puntual y pertinente”. “Espero estar pronto –añadió– en la ENAH para platicar con los compañeros, maestros y estudiantes, despejar inquietudes infundadas y platicar sobre las expectativas de la Instrucción [léase Institución]. Feliz Año” y añadió el emoticón de una manita, en modo cool.
Luego siguió el delirante boletín donde el INAH dice que el oficio del 29 de diciembre no decía lo que decía. En ese malogrado autodesmentido se intenta matizar que para el ejercicio presupuestal 2022 no está autorizada la contratación de más personal que el que laboró en 2021. Es decir, que los que habían sido contratados serían recontratados, previa autorización de la Coordinación Nacional de Recursos Humanos. El oficio fue tan solo un “mecanismo de control” que “en ninguna medida, implica recorte o despido de personal”.
Espléndida oportunidad para vanagloriarse de los proyectos del Ejecutivo, que ocasionó malestar en el INAH y la ENAH:
“La Secretaría de Cultura y el INAH reconocen en las y los trabajadores del Instituto una fuerza esencial para la realización de proyectos prioritarios del Gobierno de México como han sido los trabajos de recuperación del patrimonio sustraído ilícitamente del país; los salvamentos arqueológicos en el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, así como en las conmemoraciones por el Bicentenario de la Consumación de la Independencia, donde se sumaron a través de actividades de gran relevancia como la magna exposición La Grandeza de México”.
Diego Prieto se vio obligado a aceptar que el presupuesto del INAH solo contemplaba recursos para 450 trabajadores eventuales del Instituto, la cuarta parte del total. El resto tendría que ser “fondeado” con las secretarías de Cultura y de Hacienda, previa explicación de “los motivos”. Prieto expuso que, en consecuencia, había que apostar por los recursos autogenerados –los ingresos de taquilla a zonas, sitios y museos— que antes de la pandemia ya eran insuficientes. El pregonado incremento recibido en 2022, en relación con 2021, de todas maneras por debajo de los recortes impuestos desde 2019, no consideró, entonces, al personal eventual de la escuela, ni del INAH ni en su conjunto.
Frausto se sumó a las aclaraciones, aunque leído a la letra, su Twitter desmentía los desmentidos de Ramírez y Prieto y del Instituto. Otra vez sin darse cuenta de los alcances de lo que decía, aceptó que en efecto estaba llevándose a cabo una evaluación que sustentaría el recorte de trabajadores dentro del INAH en su conjunto, y no solo de la ENAH. Escribió: “El personal eventual el INAH y de la ENAH que laboraron [debe leerse “laboró”] en el año 2021, cuyas funciones y tareas estén plenamente justificadas, serán recontratadas [debe leerse “será recontratado¨] en este 2022. Ese es nuestro compromiso”. Es decir, el personal del INAH, incluida la ENAH, cuyas funciones no estén plenamente justificadas, no será recontratado.
Lo opuesto a lo dicho por el vocero de la presidencia y avalado por Prieto.
El mismo 2 de enero se realizó la primera Asamblea General virtual de la ENAH, que congregó a 900 participantes. En el evento se recordó que desde 2018 los profesores y estudiantes habían formulado las necesidades presupuestales y de reingeniería administrativa de la escuela, y firmado distintos acuerdos con Diego Prieto, quien ya era director del INAH. Nombrado en agosto de 2016 por el secretario Rafael Tovar y ratificado en enero de 2017 por la secretaria María Cristina García Cepeda, fue ratificado otra vez en diciembre de 2018 por la secretaria Alejandra Frausto. Por el incumplimiento de esos acuerdos, el 15 de marzo del año pasado solicitaron su renuncia, reclamo que viene repitiéndose con creciente frecuencia.
Luego de casi un sexenio –la mitad en la pasada administración y la mitad en la actual–, la gestión de Prieto solo acumula reveses. Ni una mejoría a la partida presupuestal, ni una defensa decidida de la ENAH, ni una propuesta de reestructuración institucional ni laboral. No hay avances en el inventario del patrimonio arqueológico e histórico de México. El rescate de los inmuebles dañados por el sismo de 2017, prometido primero para 2019, luego para 2020 y para 2021, no concluye. Tampoco rinde cuentas acerca del patrimonio devastado por el Tren Maya. Una revisión aparte ameritaría su conversión del peñanietismo al lopezobradorismo. No sorprende que los trabajadores, los profesores y los alumnos exijan que deje la institución.
La gestión de Prieto solo acumula reveses. Ni una mejoría a la partida presupuestal, ni una defensa decidida de la ENAH, ni una propuesta de reestructuración institucional ni laboral.
En esa misma fecha, una carta en apoyo a la escuela, dirigida al Ejecutivo y a Prieto y suscrita por académicos, profesores, investigadores, egresados y estudiantes, circuló en redes. El recorte de los trabajadores eventuales implicaría el “cese técnico del funcionamiento de la ENAH” y la “violación directa a los derechos constitucionales contemplados en los artículos 3 y 123 de la Carta Magna”. Prieto, apuntó el documento, se había comprometido el 15 de junio de 2020 a que no habría más recortes. La misiva recordó asimismo la cancelación de alrededor de cien materias optativas durante 2021. La agresión se equiparó a la que recibe el Centro Investigación y Docencia Económicas, CIDE.
El 3 de enero, López Obrador dio su aprobación al recorte.
No descartó que la escuela recibiría apoyo, pero alertó: “vamos a continuar con la reforma administrativa” en el gobierno federal “porque tenemos que evitar el derroche, los gastos superfluos, la duplicidad de funciones.” Antes, insistió el presidente, se “creaban instituciones, fideicomisos, directores generales, directores de área […] y ahí se quedaba el dinero supuestamente destinado al pueblo”. La reforma del presidente no pasa, pues, por el diagnóstico de la administración pública ni de la burocracia sindicalizada, sino que se dirige directamente a los trabajadores eventuales. El recorte es una instrucción presidencial.
Y el dinero va para sus programas de clientelismo social.
El rechazo a los despidos se extendió. El día de las declaraciones del mandatario, el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, José Enrique Vidal, afirmó que el INAH no es solo el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles –donde se han realizado tareas de salvamento arqueológico– ni la exposición Grandeza de México. Los eventuales no solo se encuentran en la ENAH, sino en las oficinas centrales, en los centros INAH, en los museos y en algunas zonas arqueológicas, puntualizó el dirigente sindical. Lo que sucede en la ENAH solo confirma la “incapacidad de nuestro director general para hacer la gestión adecuada”.
La primera movilización ante las oficinas del INAH se realizó el 5 de enero. Las fotos que circularon de los grafitis en el inmueble ubicado en Hamburgo 135, colonia Juárez, que circularon por WhatsApp, reflejan el gran descontento. Los manifestantes luego marcharon por Reforma y realizaron otras pintas en el basamento y las contrahuellas de las escalinatas de El Ángel. El INAH condenó el suceso. La dirección de la ENAH se deslindó y lo reprobó. El suceso ensombreció el legítimo reclamo del que es hoy en día el único movimiento de trabajadores de la cultura que pareciera capaz de ejercer un liderazgo a nivel nacional.
La protesta fue apoyada por representaciones de centros educativos y sindicatos. Entre ellas, una comisión de estudiantes del CIDE que contó con la participación de Jean Meyer. El historiador habló con claridad: “es una estupidez, una injusticia, un agravio, molestar a la ENAH”. Los ataques en contra de esa escuela y del CIDE, enfatizó Meyer, tienen una meta: “la UNAM”. Y alertó: “El gobierno está jugando con fuego, porque en todo el país el pasto estudiantil y cultural está muy seco.” Ningún funcionario del Instituto salió a dialogar con los manifestantes.
El mismo día 5, Prieto ofreció que los contratos estarían listos entre el viernes 7 y el lunes 10 de enero y que el primer pago se realizaría a más tardar el martes 25. Luego responsabilizó del conflicto a las propias autoridades de la ENAH. De acuerdo con su versión, se habrían dirigido a una funcionaria de la Coordinación de Recursos Humanos, a la cual le atribuye haberse conducido de manera inadecuada. No reveló su identidad, pero puso en duda su futuro laboral. En su opinión, la escuela debió haber abordado la situación con las secretarías técnica o administrativa o la propia dirección general. Lo cierto es que el oficio de la ENAH fue dirigido justo a estas tres instancias.
El miércoles 12 de enero, el Sindicato de Arquitectos y Conservadores del INAH se solidarizó con la ENAH. La organización laboral alertó del rezago administrativo en su área, que requiere para solventarlo un aumento de 200 plazas. Esa fecha se realizó el segundo plantón, a las seis de la mañana, a las afueras de Palacio Nacional, y se planteó por primera vez la posibilidad de una huelga en la escuela. El miércoles 19 se llevó a cabo una tercera movilización a las afueras de la secretaría de Gobernación. Al fin, alguien los recibió: Juan Carlos García Azcona y Manuel Cuevas, funcionarios de la Dirección General de Concertación Política y Atención Social y Ciudadana se reunieron con cinco integrantes de la Asamblea General de la escuela, entre ellos la profesora Griselda de Fuentes.
La comisión propuso la instalación de mesas de negociación para tratar los problemas que enfrenta el INAH y la ENAH. Las mesas, plantearon los representantes, tendrían que ser interinstitucionales, pues las demandas son “problemáticas estructurales” que en varios aspectos “rebasan las atribuciones del INAH y de la propia Secretaría de Cultura”. Las mesas además tendrían que ser públicas y estar integradas por miembros con capacidad resolutiva de las secretarías de Cultura y de Hacienda, la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, el INAH y la ENAH. La Secretaría de Gobernación sería la instancia coordinadora y convocante y darían inicio el primero de febrero. Por ningún motivo, subrayaron, debería encabezarlas Prieto, a causa de su historial de incumplimiento. Gobernación se comprometió a “analizar y estudiar” la propuesta, que rechazó al final, remitiéndolos de regreso con el director del INAH. La Asamblea realizó en consecuencia la cuarta movilización, el 5 de febrero en el Templo Mayor. En el acto adelantó que tomaría museos, monumentos y zonas arqueológicas de interés nacional y llevaría a cabo paros escalonados que podrían derivar en el estallido de una huelga, hasta conseguir el cumplimiento de los acuerdos de 2018 y una auditoría independiente al Instituto.
A tres años de la 4T cultural, la conclusión es irrefutable. Los trabajadores eventuales no cuentan ni con el Ejecutivo, ni con la Secretaría de Cultura, ni con la Comisión de Cultura y Cinematografía, que ahora preside Carlos Ortiz Tejeda, cineasta en la década de los 70 y ex ideólogo del PRI. Los trabajadores eventuales solo cuentan con ellos mismos.
La ENAH, en tanto, resiste. Tal como lo fue el hoy acosado Colectivo Fonoteca 3000 a principios de 2021, la escuela es la que en 2022 encabeza la lucha por los derechos laborales de los trabajadores eventuales de la cultura. La incógnita es si la ENAH y el CIDE apostarán por una alianza, y si habrá un pronunciamiento de los colectivos que han visto la luz en el sexenio.
Los trabajadores, los estudiantes y los profesores no pueden esperar más. A la mitad de trayecto, la convergencia en unas cuantas demandas comunes y el apoyo recíproco a sus protestas es el único horizonte que se perfila ante una embestida frontal.
Es autor del libro digital 80 años: las batallas culturales del Fondo (México, Nieve de Chamoy, 2014), de Política cultural, ¿qué hacer? (México, Raya en el Agua, 2001, y de La palabra dicha. Entrevistas con escritores mexicanos (Conaculta, 2000), entre otros. Ha sido agregado cultural en las embajadas de México en la República Checa y Perú y en el Consulado General de México en Toronto.
