La inequidad en el ingreso por sexo es uno de los espejos que reflejan qué tanto se ha avanzado en el tema de igualdad entre mujeres y hombres. Puede ser un indicador tramposo, porque si bien nos dice que algo está mal, es complicado decir exactamente qué. Tomemos por ejemplo a México y Finlandia. México está por arriba del promedio en cuanto a la brecha salarial entre mujeres y hombres medida por la OCDE, con un 16.5%. En Finlandia la brecha es de 18.1%. Tomemos otro indicador: en México, el 42.6% de los asientos parlamentarios están ocupados por mujeres. En Finlandia el número es de 42%. Ambos indicadores son considerados en el índice preparado por el World Economic Forum para medir la igualdad entre sexos en el mundo, pero nadie, al ver esos números, cometería el error de asegurar que México, el lugar 81 en este índice, tiene un mejor entorno de igualdad entre mujeres y hombres que Finlandia, el tercero, porque hacerlo implica pensar que la discriminación contra las mujeres es un fenómeno que opera en esferas aisladas.
Es en este contexto que deben revisarse las acciones que el gobierno federal toma para cerrar las brechas salariales entre mujeres y hombres, en particular aquellas en que puede tener un impacto directo, como las que inciden en la Administración Pública Federal. De acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno Federal 2017, este tiene un personal de 1,567,381 personas, donde el 51% son hombres y el 49% son mujeres. Si se compara con Wal-Mart, que reporta una plantilla laboral de 238,128 personas, podemos ver el impacto que pueden tener las prácticas de la administración pública sobre la brecha en México.
El propio gobierno estableció el tema de la brecha salarial como uno que generaría indicadores de cambio en la situación de las mujeres en México, en el Proigualdad 2013-2017. Ahí, fijó como meta disminuir el índice de discriminación salarial por sector de actividad, aunque es curioso que no estableció metas de disminución para el sector gobierno y organismos internacionales. Es a la luz de estos antecedentes que debe revisarse el reciente Estudio sobre la igualdad entre hombres y mujeres en materia de puestos y salarios en la Administración Pública Federal publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El estudio de la CNDH no utiliza como fuente el Censo Nacional de Gobierno Federal, prefiriendo utilizar directamente el Registro de Servidores Públicos del Gobierno Federal. Esto hace que ciertos datos no concuerden del todo, en particular sobre la distribución por sexo de las y los servidores públicos. La CNDH reporta que el 53.5% de quienes integran la Administración Pública Federal (APF) son mujeres, mientras que el INEGI establece que es el 49%. Una diferencia que pareciera menor, pero es la diferencia entre poder afirmar, o no, que las mujeres componen la mayoría de la planta laboral de la APF.
En todo caso, las observaciones encontradas en el estudio reflejan los señalamientos previamente hechos por feministas y académicas sobre la discriminación en el ingreso en general. En particular, que las mujeres ganan menos porque están en puestos con menores sueldos. El citado estudio, por ejemplo, establece que existen once dependencias de gobierno donde la participación femenina en puestos directivos es menor a 10%: SEMARNAT, SEDATU, FOVISSSTE, SEDESOL, CDI, SECTUR, INAPAM, INAFED, SAGARPA, INEA e IMJUVE. Un dato que impacta si se toma en cuenta que SEDESOL, CDI e IMJUVE son dependencias que dentro de sus mandatos buscan atacar de forma explícita situaciones de discriminación y desigualdad en el país. El estudio también confirma que en general, las mujeres tienen poca participación en los puestos de mando y en la toma de decisiones, aunque sean una parte importante de las dependencias. Son secretarias, pero no titulares.
Además de la diferencia en la distribución en los puestos, que es un tema de acceso, existe también una segunda discriminación en cuanto al salario. Una búsqueda superficial revela que las pocas secretarias de Estado que ha tenido este gobierno tienen menores sueldos que sus pares hombres. Si bien el puesto es el mismo, la estructura de pago dentro de los puestos es diferente. Existen dependencias que reciben bonos salariales relativos a seguridad. Esta es la razón por la cual el secretario de Gobernación recibe un sueldo diferente que la secretaria de Turismo. Al estar relegadas a ciertos tipos de puestos y/o dependencias, las mujeres no acceden a estas prestaciones, y por lo tanto mantienen un ingreso que es menor al de sus pares hombres. Este es un nivel más dentro de las estructuras que producen brechas salariales. El estudio marca que esto pasa no solo a nivel gabinete, sino en la estructura mismas de las dependencias: en general, reporta que la brecha salarial es de -12% en secretarías y -7% en otro tipo de instituciones.
Se ha establecido que parte de estas brechas salariales se explica por temas de acceso a un puesto. No obstante, el estudio no detalla por qué existen estas brechas. La particularidad de la administración pública está en su carga política: existen pocos sistemas civiles de carrera, y el acceso a muchos puestos implica la pertenencia a grupos políticos. Si las mujeres tienen poca participación en puestos ejecutivos políticos, es posible que, como estos alimentan la administración pública, también tengan poco acceso a dicha esfera. El sistema civil de carrera no se salva. En estudios sobre el Servicio Exterior de Carrera se hace patente un cierto “prejuicio” relativo a la asignación de responsabilidades y actitudes entre hombres y mujeres.
El Servicio Exterior mexicano se privilegia de contar con mecanismos “meritorios”, que condicionan el avance a un sistema de puntos y exámenes. En un análisis sobre este sistema, Tania del Río encontró que los hombres tenían hasta .19 puntos a favor en las calificaciones, comparado con las mujeres del servicio. El servicio exterior es un caso emblemático, por la percepción de que la vida diplomática, donde por ley los cónyuges no pueden trabajar, presentaba una barrera a las mujeres, al impedir “la conformación de familias tradicionales”, lo cual hacía que muchas mujeres desistieran de casarse o empezar familias. En otra instancia específica de discriminación, se encontró que, como una práctica no escrita, se desaconseja a las mujeres de acceder al trabajo diplomático en “zonas difíciles”, como países en situaciones de conflicto, aun cuando esta es de una de las maneras de obtener un mayor puntaje. En conjunto, estas percepciones discriminatorias impactaban de forma directa en los mecanismos de avance.
Otro tema que ha tomado relevancia coyuntural pero no es explorado del todo en el estudio es el impacto del acoso y hostigamiento sexual en el acceso de las mujeres a los puestos.
El estudio de la CNDH es de carácter descriptivo y no analítico. Sus recomendaciones piden más mujeres en puestos de mando, más ascensos de mujeres, igualdad salarial, menor segregación, mejor balance entre vida personal y laboral y acatar las normativas existentes en materia de igualdad; confirma mediante estadísticas las situaciones de desigualdad, y recomienda disminuirlas y erradicarlas, pero no dice cómo.
A las mujeres nos pagan mal porque somos mujeres. Y porque ser mujer es lo menos valorado del mundo. La desigualdad en el ingreso es un espejo donde se puede ver el valor de la mujer y lo femenino. La desigualdad en el ingreso entre servidoras y servidores públicos es el reflejo de la importancia que el gobierno federal le da al tema.
estudió relaciones internacionales en el ITAM. Es feminista y consultora en igualdad de género.
