Parece justo que la raíz etimológica de la palabra crisis sea griega considerando que es la debacle en este país la que marca el inicio de la segunda fase de la misma hecatombe que comenzó a fines de 2008. Todo inició con un colapso crediticio que golpeó al sistema financiero y, en forma totalmente lógica, ahora comenzó una crisis de deuda soberana conforme los mercados se dan cuenta que los gobiernos no tendrán cómo generar el ingreso suficiente para cubrir los intereses que las deudas están contrayendo.
El reciente blindaje acordado por los países de la Unión Europea –siguiendo el liderazgo de Alemania y Francia– genera toda suerte de preguntas. La primera es si de verdad, en caso de que regrese un ataque especulativo considerable contra Grecia, Portugal o España, estos países podrán materializar las garantías prometidas, por 440 mil millones de euros. La segunda es si un programa de austeridad de la magnitud impuesta a los países deficitarios es política y humanamente asequible. La tercera es cuál es la nueva función del Banco Central Europeo, el último que quedaba con cierta credibilidad, y que ahora saldrá a comprar deuda soberana en el mercado secundario. Por último, y quizá la pregunta más relevante, queda por verse qué les pasará en tres años a los países debilitados y sometidos a programas de austeridad brutales; después de contracciones en los salarios –no sólo reales sino también nominales–, presión deflacionaria, alto desempleo y reducción no sólo en el gasto público sino seguramente también en el consumo privado ¿tendrán entonces la capacidad para pagar una deuda aún más grande que la que tienen en este momento?
Vayamos en orden. El principal motivo del paquete de apoyo de 740 mil millones de euros, anunciado el lunes 10 de mayo, fue para blindar a Grecia –y a quien haga falta– de los “ataques especulativos” que habían llevado, por ejemplo, a que la tasa de un bono griego a dos años subiera a 18.2%. El mercado, básicamente, estaba apostando a que Grecia se declararía en suspensión de pagos. Un ataque así agudizó la crisis de liquidez griega. Si de por si no era claro que tendrían acceso a los mercados para renovar sus líneas de crédito, era un hecho que a esas tasas el costo de la deuda pública sería inmanejable. Si caía Grecia, los especuladores se volcarían después contra Portugal, España, Irlanda, Italia, ¿quizá el Reino Unido? El desplome griego también les generaría enormes pérdidas a los bancos alemanes y franceses, que tienen alrededor de la mitad de los 400 mil millones de dólares de emisiones de bonos griegos en el mercado.
El paquete previo de ayuda a Grecia ya les había dado 24 mil millones de euros para resolver su problema de liquidez, y les prometió acceso a hasta 130 mil millones en los próximos tres años a tasas razonables, a cambio de lo cual el FMI les solicitó recortes en el gasto público por ocho mil millones de dólares, a ejecutarse en catorce meses.
Esto marcaría un cambio en la dirección de la política económica griega, que había dependido demasiado de supuestos fantasiosos como que lograrían recolectar impuestos atrasados. En teoría, Grecia se comprometía también a aumentar el IVA a 25%; a aumentos en los impuestos a combustibles, alcohol y tabaco; a congelar los sueldos de burócratas, y cancelar los bonos de funcionarios públicos (equivalentes a dos meses de sueldo). Un elemento crítico del plan implica cambiar la garantía constitucional que tienen los servidores públicos que evita que se les pueda despedir. El objetivo sería correr a muchos miles de ellos, quienes perciben altos salarios y tienen baja productividad. El plan abriría también el mercado para que el sector privado pueda ofrecer transporte, energía y servicios de salud, quitando condiciones como la expedición de licencias para conductores de camiones -que cuestan noventa mil dólares- y encarecen el transporte, restándole competitividad a la economía griega.
Pero el paquete de rescate anunciado está plagado de problemas para su implementación. La primera, que no es menor, es que viola los acuerdos de Maastricht. Éstos prohibían que un estado miembro de la Unión Europea pudiera salir a rescatar a otro estado en problemas. Si eso ya no fuera suficiente obstáculo, la constitución alemana prohíbe que el gobierno alemán se enfrasque en este tipo de ayuda. Para ello, los lideres europeos concibieron la creación de un SPV (siglas en inglés que se utilizan para denominar a un vehículo legal para un propósito específico) que permite triangular la ayuda para que no se dé directamente de un gobierno a otro. Falta, sin embargo, ver qué dicen los electores alemanes, a quienes este tipo de truquito podría no gustarles. En mi opinión veremos que la implementación de este tipo de ayuda será todo menos sencilla.
Vayamos a la segunda pregunta. Un paquete de austeridad de la magnitud impuesta por el FMI y los potenciales acreedores es política y socialmente insoportable. Según los pronósticos del propio FMI, Grecia decrecerá 4% y 2.6% este año y el que viene, además de que también decreció los últimos dos. Socialmente, el horno no está para bollos. Ahora, el FMI busca que haya una corrección presupuestal equivalente a 10% del PIB griego. Esta se daría aumentando la recaudación de impuestos y bajando simultáneamente el gasto público.
En mi opinión, lo único que le falta a este plan para ser factible es convencer a los griegos de que dejen de comer por unos años. Sí, los contribuyentes alemanes les está exigiendo que se aprieten el cinturón, pero el problema es que –a juzgar por los números- se lo necesitan apretar de una talla 36 a una 28, y eso estrangula a cualquiera, por comprometido que esté,. De intentar cumplir con lo ofrecido, a Grecia le pasaría lo que a aquel infame caballo que cuando finalmente empezaba a acostumbrarse a no comer, se murió.
Lo que hace aún menos creíble un ajuste así es que éste tendría que darse en medio de una situación recesiva en el resto de Europa y de menor crecimiento mundial.
Es importante observar que una parte importante de esta crisis se genera por las limitaciones estructurales del crecimiento europeo que se dio a tasas reales de 2.5% entre 1981 y 1993, de 2% de 1993 a 2003, pero sólo de 1% en lo sucesivo; mientras las obligaciones de los estados de bienestar europeos crecen exponencialmente, conforme la población envejece.
Por otra parte, el Banco Central Europeo se vuelve, ante estas medidas, un bombero más. Me pregunto dos cosas. ¿Cuál será su criterio para elegir qué bonos comprará en el mercado secundario? ¿Y cómo piensan “esterilizar” esas compras -como el propio Trichet ofreció- para evitar que tengan un impacto en la oferta monetaria? (Es decir, que si inyectan liquidez en el mercado al comprar bonos, tendrían que estar recogiéndola por otra parte).
Pero lo peor sería que, si se tuviera éxito alcanzando las metas comprometidas, Grecia se encontraría dentro de tres años infinitamente más endeudada. Tendrían una economía más pequeña y un acervo de deuda mucho mayor. Eso implicaría que, en ese momento, alrededor de una cuarta parte de su gasto público total se tendría que destinar para pagar simplemente intereses sobre su deuda. En el mejor de los casos, si todo sale “bien”, dentro de tres años Grecia estaría dos veces más endeudada de lo que lo estaba Argentina cuando se declaró en suspensión de pagos en 2001.
Estoy convencido de que aún las sombrías expectativas oficiales del impacto que las medidas de austeridad tendrían sobre economías como la griega, son demasiado optimistas. En mi opinión, lo que no se está ponderando adecuadamente es el impacto deflacionario que tendrán, y el golpe a la recaudación que provendrá de más desempleo, menores sueldos y menor consumo. La economía española ya mostró su primer mes de deflación, aun antes de que se anunciaran las reducciones de 5% y 15% a la compensación de burócratas y de funcionarios públicos.
Para echar más leña al fuego, mientras más se den cuenta los mercados crediticios de que las recientes medidas, por colosales que parezcan, no son más que un paliativo, los “spreads” (el premio que paga la deuda de un país por encima de la tasa que paga el gobierno de Estados Unidos) aumentarán y la carga financiera de la deuda se volverá aún mayor, encareciendo el acceso de crédito también a las entidades privadas en esos países.
Pero lo más preocupante de las recientes medidas es que éstas siguen señalando la absoluta incapacidad de los líderes mundiales para enfrentar problemas que, de no atacarse pronto en forma responsable y contundente, logrando amplios niveles de cooperación y con visión de largo plazo, nos llevarán a una crisis económica peor que la de los años treinta, y a una crisis política -a nivel interno en los países industrializados- similar a la que originó las diferencias que desencadenaron la Segunda Guerra Mundial. No exagero.
Es columnista en el periódico Reforma.
