Entre lo peor que ha ocurrido desde la llegada de Morena al poder está el extendido convencimiento de que la democracia mexicana de entre siglos (1996-2018) “no dio resultados tangibles”, y que ello explica –cuando no justifica– el surgimiento del neoautoritarismo morenista. Esta afirmación parte de una idea errónea: que la democracia garantiza un buen gobierno y mayores niveles de consumo para la población. Aunque la democracia no garantiza estos resultados, sí puede crear condiciones –pluralidad, competencia, contrapesos– que orienten a los gobernantes en esa dirección, aunque sin dar garantías de que ello ocurra. Es más, estas condiciones pueden producir efectos indeseados.

Tomemos, por ejemplo, la competencia electoral, una característica de toda democracia. Muchos suponen que la competencia debe producir automáticamente mejores gobiernos, como si los políticos compitieran en un mercado libre por ganarse la preferencia de los votantes. Sin embargo, los gobernantes pueden elegir cómo competir: pueden aumentar el gasto social y elevar la calidad del gobierno, o pueden crear redes clientelares opacas que alimentan la corrupción. Ambos resultados, aunque opuestos, surgen del mismo incentivo: la necesidad de competir por apoyo electoral. Y estos incentivos no operan en un vacío.

La visión simplificada de que la competencia democrática siempre producirá resultados positivos estuvo muy presente en la mente de mi generación, la que impulsó el último tramo de la transición democrática mexicana (1977-1996) y apoyó con entusiasmo la campaña de Vicente Fox en 2000. Aquel impulso hacia la democracia estuvo animado por la convicción de que la alternancia y un nuevo sistema multipartidista, con niveles altos de competencia democrática, traerían consigo más crecimiento económico, menos corrupción, mayor gasto social, mejores empleos y un país más próspero.

Sobra decir que nada de eso ocurrió.

Lo que sí se consolidó en el año 2000 fue un sistema tripartidista –PAN, PRD y PRI– capaz de articular durante casi 20 años los clivajes sociales y regionales del país. Ese equilibrio permitió la creación, por ejemplo, de organismos autónomos y contrapesos que hicieron posible una vida pública mucho más transparente que la actual, donde la información se sepulta bajo chapa militar con el argumento de la “seguridad nacional”. En este aspecto, se puede afirmar que la competencia dio origen a intentos por lograr un buen gobierno, aunque con resultados dispares.

Puede decirse lo mismo del ámbito económico. Durante los gobiernos del PAN y el PRI de este siglo hubo períodos de crecimiento, pero nadie con un mínimo de honestidad intelectual podría afirmar que fue consecuencia directa de la democracia. Más bien se trató de vaivenes marcados por factores internos y externos: Fox se benefició de los altos precios del petróleo en la primera década del siglo, Calderón enfrentó una pandemia y crisis financiera global, y Peña Nieto tuvo un impulso inicial con las reformas estructurales, que se desaceleró rápidamente. Lo que sí puede afirmarse es que las decisiones económicas de estos gobiernos estuvieron necesariamente matizadas, ralentizadas y condicionadas por los equilibrios y contrapesos institucionales creados para evitar la concentración de poder en el Ejecutivo, y con ello las crisis catastróficas que los autoritarismo suelen provocar.

Esos equilibrios y contrapesos, por cierto, no garantizaron desarrollo económico, uso racional de los recursos públicos ni buen gobierno; la escandalosa corrupción durante el sexenio de Peña Nieto da cuenta de ello. Sin embargo, sí permitieron enterarnos de las irregularidades y sancionarlas en las urnas, y estabilidad económica. No es poca cosa.

La democracia, pues, explica poco sobre el subdesarrollo económico del país. Más importante aún, su valor no reside en los buenos o malos resultados económicos que se le puedan atribuir. Su valor está en instaurar reglas de convivencia que evitan el atropello, permiten la rendición de cuentas y garantizan la alternancia sin violencia. Por ello, la actual regresión democrática del país no debería ampararse en el discurso simplista y engañoso de que “la transición no resolvió los problemas de México”: para eso no fue hecha. La democracia no es una varita mágica.

Reglas del juego

Si hemos de entender el valor real de la democracia, quizá debamos empezar por lo básico: ¿qué es un régimen político? En términos llanos, es el conjunto de reglas que rigen la política. ¿Y qué es la política? Harold D. Lasswell, uno de los politólogos más influyentes del siglo XX, la definió como “quién obtiene qué, cuándo y cómo”, una forma de señalar que no es más que el proceso de distribución de recursos en una sociedad. De ello se desprende que alguien toma decisiones por todos nosotros desde el poder, y el régimen es el conjunto de reglas para acceder a ese poder y a los recursos que otorga el Estado.

Hay varios tipos de régimen político. Durante buena parte del siglo XX mexicano vivimos bajo las reglas del autoritarismo del PRI. Cabe señalar que “autoritarismo” no es sinónimo de “arbitrariedad”. El autoritarismo es un conjunto de reglas aceptadas y reconocidas por todos los actores políticos. Estas reglas pueden ser informales, pero ello no disminuye su validez. El ejemplo más claro es el dedazo presidencial del PRI, una regla no escrita y piedra fundamental del régimen: el derecho inalienable del presidente saliente a nombrar a su sucesor.

Existe una percepción generalizada de que un régimen democrático es “bueno” y trae efectos positivos. Nuestra presidenta, por ejemplo, presume que “México es el país más democrático del mundo”. Incluso la contrarreforma judicial de Morena se justificó argumentando que la elección por voto popular de jueces y magistrados reduciría la corrupción en el poder judicial.

Pero, de nuevo, el valor de la democracia no radica en sus consecuencias materiales, sino en que articula la toma de decisiones evitando atropellos y ofreciendo un método para elegir gobernantes, idea en línea con el politólogo polaco-estadounidense Adam Przeworski. Este método no garantiza necesariamente los resultados deseados. El crecimiento económico (o su ausencia) y la corrupción desbocada de ayer y de hoy dependen menos del tipo de régimen y más de cómo los actores políticos se conducen y se adaptan a esas reglas.

Tomemos otra vez como ejemplo la competencia electoral. La teoría democrática sostiene que, a mayores niveles de competencia, los gobernantes tienen incentivos para incrementar el gasto social, pues sienten presión para mantenerse en el cargo. Es decir, cabría esperar mejores gobiernos, más servicios sociales, cuando hay mayor competencia. Sin embargo, lo que hemos visto en México y buena parte de Latinoamérica es que, aunque los gobernantes en democracias competitivas tienen incentivos para gastar en sectores como salud o educación, los votantes en condiciones de alta marginalidad económica muchas veces prefieren transferencias directas, hoy revestidas con el respetable eufemismo de “programas sociales”, que fortalecen maquinarias clientelares. Como lo señala otro politólogo estadounidense, Simeon Nichter: la suposición de que los ciudadanos son relegados a un papel pasivo en el clientelismo es equivocada; sus demandas juegan un papel fundamental en la supervivencia del mismo.

El valor real de la democracia

Si asumimos por un momento que la democracia es solo un método para tomar decisiones, evitar atropellos y crisis catastróficas, elegir gobernantes y que no garantiza buen gobierno, debemos preguntarnos: ¿para qué sirve la democracia? ¿Por qué sería preferible al autoritarismo?

Reconozco dos posibles respuestas: una general y otra particular. La respuesta general es que la democracia permite un juego político abierto pero regulado. Es decir, mantiene la puerta entreabierta para que aquellos que cumplan ciertos requisitos puedan disputar quién accede al poder y a los recursos del Estado, sin violencia y con apego a ciertas reglas del juego. Lo cual no implica que la democracia sea un duelo de caballeros ni un intercambio pulcro entre almas nobles; ni siquiera que sus reglas se cumplan siempre. Todo lo contrario: en democracia lo normal es el golpe bajo, la puñalada trapera, la chicaneada, la traición y la mentira. Ahí está López Obrador como ejemplo: ni en la oposición ni en el gobierno jugó limpio. Quedarán para la posteridad su desacato a los veredictos de las autoridades electorales en 2006 y 2012, junto con las decenas de miles de mentiras y medias verdades de sus conferencias mañaneras.

Con todo, la democracia tiene el potencial de encauzar la lucha por el poder por senderos civiles, algo que en doscientos años de vida independiente casi no hemos visto en México. Ese potencial, sin embargo, solo cobra pleno sentido si entendemos a la sociedad como un conjunto heterogéneo de actores con intereses diversos; no como un “pueblo bueno” y homogéneo, como insiste la izquierda, ni como una humanidad encaminada hacia un “bien común” absoluto, como postula cierta derecha. Ambas son ideas heredadas del siglo XVIII y no describen nuestras sociedades actuales, marcadas por conflictos económicos, políticos, culturales, religiosos y morales; conflictos con posiciones opuestas y, en muchos casos, irreconciliables. La democracia no está para armonizar la sociedad ni para resolver sus conflictos, sino para ofrecer un mecanismo que evita que “la sangre llegue al río”.

Pensemos ahora desde el plano personal: ¿qué valor tiene la democracia para el individuo? Mi respuesta –tentativa y muy personal– es que la democracia nos libera del sofocante paternalismo de los regímenes autoritarios: el intento soez y destinado al fracaso de imponer un pensamiento único, una lectura homogénea de la historia, y la condena de todo lo que se desvíe de la versión oficial del poder. Me parece que ahí radica su verdadero valor: ofrecer al ciudadano un espacio de libertad para pensar, escribir y hablar frente a los poderosos.

Para algunos, esto puede parecer poca cosa frente a los grandes problemas que nos aquejan: pobreza, corrupción, violencia, desigualdad. Y no dudo que haya quienes estarían dispuestos a intercambiar libertad por bienestar material. Pero para mí, la democracia vale por esto mismo: porque en la libertad que ofrece encontramos la posibilidad de ser, de cumplir nuestra misión vital y de desplegar plenamente nuestros talentos.

En suma, la democracia no garantiza riqueza ni justicia perfecta, ni un país libre de corrupción o violencia. Pero ofrece algo mucho más profundo: un espacio donde podemos actuar en política, disentir, cuestionar, equivocarnos, y volver a intentar. Donde la historia no está escrita por el poder, y la voz de cada ciudadano, por pequeña que parezca, puede contar. Esa libertad –frágil pero imprescindible– es el verdadero tesoro de la democracia. Y es esa libertad la que hace que valga la pena defenderla, incluso cuando el mundo insiste en medirla solo por resultados inmediatos y tangibles, confundiendo lo urgente con lo importante. ~