A juzgar por este libro, México padece un enorme déficit de legitimidad porque no hay reglas claras o éstas son cambiantes. Los actores económicos, políticos y sociales no creen en ellas y sólo las obedecen si los benefician; en caso contrario, las desafían con medios ilegales. La gran tarea es cómo establecer un marco institucional legítimo que promueva el desarrollo. Para esto se requiere consenso sobre el hecho mismo de la legalidad, el cual sólo se puede lograr mediante la aplicación irrestricta de la ley a fin de que los individuos no tengan más remedio que aceptar las reglas del juego. El libro repite esta idea hasta volver intolerable su lectura.
Un defecto del diagnóstico es su precaria evidencia empírica, pese al dramatismo de los casos presentados (macheteros de Atenco, desconocimiento de la elección presidencial de 2006 por Andrés Manuel López Obrador, comercio informal, predominio de inversiones de corto plazo, inseguridad de la población, crimen organizado, marchas y plantones). Al parecer, los autores se limitaron a leer los titulares de la prensa en vez de documentar a fondo su objeto de estudio. Aun reconociendo la pertinencia de los casos, es claro que cada uno requiere un análisis específico antes de meterlos en el mismo saco. Veamos:
–La revuelta de Atenco fue causada por una abusiva oferta gubernamental: comprar la tierra a precios agrícolas para destinarla al uso de mayor plusvalía a nivel mundial. Esto no es una falla institucional; es un craso error que desencadenó un conflicto sobre el que se montó la ideología maximalista del EZLN. Si bien es cierto que el proyecto del aeropuerto se frustró, la ilegitimidad política no recayó sobre las instituciones del Estado sino sobre el EZLN y sus huestes, ahora casi desaparecidos del mapa político.
–El desconocimiento de la elección de 2006 por parte de López Obrador, lejos de derrumbar “todo el edificio institucional”, como pretenden los autores, está pasando a la historia como un episodio demagógico más. La institucionalidad de la autoridad electoral se ha restablecido, mientras sus impugnadores se hunden en el descrédito, la división y el aislamiento. López Obrador se ha vuelto literalmente impresentable en las campañas electorales de su propio partido; el presidente Felipe Calderón gobierna con aceptación ciudadana y las elecciones locales transcurren con normalidad.
–El comercio informal y el contrabando son fenómenos mundiales parasitarios del flujo global de mercancías legales, cuyo control se ha tornado humanamente imposible para las autoridades de todos los países. Gran parte del contrabando chino ingresa a México por Estados Unidos, donde los autores suponen que las instituciones sí funcionan. Atribuir el fenómeno a la renuencia de los mexicanos a cumplir la ley es miope, por decir lo menos. Más aún, si el gobierno lograra integrar a los comerciantes informales actuales a ocupaciones legales, el contrabando seguiría y engendraría nuevas camadas de fayuqueros. El fenómeno sólo podrá ser abatido mediante la voluntad política y acuerdos eficaces de todos los países involucrados (véase Ilícito / Cómo traficantes, contrabandistas y piratas están cambiando el mundo, de Moisés Naím).
–En cuanto al predominio de las inversiones legales de corto plazo, los autores no presentan evidencia de que la causa sea la ausencia de reglas económicas claras. El hecho es que las grandes empresas mexicanas operan desde hace décadas y algunas tienen más de un siglo. Lo más probable es que el predominio de las inversiones de corto plazo se explique por la crónica escasez de capital y por la volatilidad financiera característica de la época presente en el mundo, no por la supuesta ilegitimidad de las instituciones mexicanas.
–Los autores ven el crecimiento del crimen organizado como evidencia de que el gobierno renunció al monopolio de la violencia. En descargo de los autores debe aclararse que esta afirmación fue escrita antes de la guerra actual contra el narco, pero el gobierno de Calderón no necesitó ningún “pacto fundacional” para declararla y decidirse a recuperar las zonas ocupadas por el crimen. Por otro lado, cualquiera que sea el resultado de esta confrontación, es claro que ganarla no depende sólo de México. En realidad, depende más de Estados Unidos, cuyo gobierno, con toda la fuerza de sus instituciones, no parece muy decidido a abatir la demanda de drogas y el tráfico de armas en su propio territorio.
–El libro tiene un punto fuerte en el tema de la inseguridad pública, la cual gravita en torno a los propios cuerpos policiacos, es decir, en las instituciones mismas. Pero en este caso es más agudo el diagnóstico institucional del secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna (Contra el crimen / ¿Por qué 1,661 corporaciones de policía no bastan?), que los autores no recogen. Acaso tienen razón también al señalar las marchas y plantones como evidencia de incapacidad institucional, pero debe precisarse que este azote se concentra en la ciudad de México y no valida la afirmación de que “los instrumentos de negociación política son las invasiones de tierra, las marchas, los plantones, la violencia y la extorsión”, menos que “los delincuentes acaban siendo héroes populares”.
El libro asienta su tesis en una narrativa que inicia con la fundación del pnr, pero el argumento se extravía al tratar de conciliar la pretendida inexistencia de reglas con las “reglas no escritas” del pri. Habiendo libros tan sólidos en la materia, es desconcertante que los autores recurran a un relato del escritor místico Antonio Velasco Piña, El círculo negro, historia descabellada de una conspiración política entre Porfirio Díaz y Plutarco Elías Calles. Con este sentido del rigor, no sorprende que atribuyan la máxima “Si lo bueno, breve, dos veces bueno” a Ramón Menéndez Pidal. Por lo visto, el Fondo de Cultura Económica –institución del México corporativo– tiene un problema de control de calidad. ~
(Santa Rosalía, Baja California Sur, 1950) es escritor y analista político.
