Internet y las redes sociales han transformado el sistema de la opinión pública. El modelo económico tradicional de los medios ha dejado de funcionar y su debilidad financiera los hace más vulnerables a las presiones políticas y económicas. Además, los avances tecnológicos permiten que generar y distribuir desinformación sea más fácil y más barato: los gobiernos y los medios ya no tienen el monopolio de la intoxicación; otros actores aprovechan la nueva situación para desestabilizar las democracias. Regulaciones como la Ley de servicios digitales y la Ley de libertad de medios de la Unión Europea tratan de adaptarse al nuevo ecosistema y restaurar la opinión pública, en buena medida en torno a la idea de transparencia. Los buenos propósitos pueden encontrar obstáculos: a veces, las medidas pueden utilizarse para lo contrario de lo que pretenden defender. En España, el presidente del gobierno ha usado el reglamento europeo para justificar su ataque a la prensa. Los intentos de regulación pueden producir excesos y consecuencias no deseadas. En este número analizamos los cambios en el sistema comunicativo, los mecanismos de la captura política de los medios y los objetivos del reglamento, y tratamos de iluminar algunas de las aristas del debate.