La autonomía e independencia de nuestra presidenta es innegable, por eso, ante cada nuevo problema que se ha presentado últimamente, viaja a Tabasco a pedir consejo. El Caudillo no acude a Palacio a brindar ayuda, es la presidenta la que se traslada, para dejar en claro quién manda en esa relación. En su último viaje la presidenta sostuvo, para reafirmar su potestad, que López Obrador y ella “somos lo mismo”.
Confieso que durante algún tiempo albergué la esperanza de que Sheinbaum pudiera romper el pacto entre el gobierno de Morena y el crimen organizado, firmemente trenzado desde el poder municipal hasta las más altas esferas de la administración federal. Pensé que la coyuntura brindaba a la presidenta un momento ideal para desembarazarse del peso de su antecesor sin necesidad de ponerlo en un avión rumbo a San Diego (Calles) o las islas de los Mares del Sur (Echeverría).
Me equivoqué. No habrá ruptura. Sheinbaum hará todo lo posible por no entregar al gobernador con licencia Rocha Moya, no porque no le hayan presentado pruebas, no para evitar que sea vulnerada la soberanía nacional. Tampoco evitará la extradición para sortear el riesgo de que luego de Rocha Moya el gobierno de Estados Unidos le pida la extradición de otro (del gobernador de Tamaulipas) y de otro (la gobernadora de Baja California) y de otro (el gobernador de Sonora) y de otro más (el gobernador de Michoacán). Es probable que la presidenta no rompa el pacto entre el crimen organizado y su propio partido porque ese pacto la involucra.
Es una afirmación fuerte pero no descabellada. Para elegir a quién lo sucedería en la presidencia, López Obrador simuló abrir dentro de su partido una contienda interna. Para degradarlos, López Obrador llamó a los suspirantes “las corcholatas”. Apenas comenzaba la competencia entre los que aspiraban a la nominación de su partido cuando el país apareció tapizado de miles de espectaculares, de decenas de miles de bardas y pendones, de múltiples exhibiciones en televisión y radio, todos con el mismo mensaje: “Es Claudia”. Nunca sabremos cuánto se gastó en ese multimillonario derroche publicitario. Interrogada, Sheinbaum declaró no saber quién pagaba esos excesos.
Por supuesto, Sheinbaum ganó la nominación de su partido. Prácticamente todos sus contrincantes se mostraron contrariados. Marcelo Ebrard habló de fraude, dio la impresión de que se rebelaría, tal y como su mentor, Manuel Camacho, lo hizo en su momento frente a la candidatura de Colosio. Finalmente, Ebrard bajó la cabeza, hizo acuerdos con López Obrador y se adhirió sumiso a la campaña de la hoy presidenta. López Obrador pudo domar la rebelión interna, pero no se disipó la duda: ¿quién financió la campaña? Esa campaña, cubierta con fondos de proveniencia incierta, sirvió de plataforma para la proyección nacional de Claudia Sheinbaum, sin la cual no habría ganado la elección del 2024. Le debe el puesto a López Obrador, que incidió en la elección ilegalmente en más de cincuenta ocasiones, y a un oscuro (u oscuros) financiador.
Hay testimonios que afirman que se entregaron recursos a las campañas de López Obrador de 2006, 2012 y 2018. ¿Qué pasaría si se llegaran a concretar las sospechas (mediante testimonios en una Corte de Estados Unidos o a través de revelaciones periodísticas) de que la campaña de Claudia Sheinbaum fue financiada por el narcotráfico? Legalmente el Tribunal Electoral la designó presidenta de la república. Pero su legitimidad sufriría una gran merma. ¿Cómo podría presumir que combate a los carteles que la favorecieron? Sería un golpe devastador a lo que más parece preocuparle, muy por encima de cualquier otra cosa: su popularidad. Lo que provocaría una caída en las preferencias electorales de Morena, tal vez la pérdida del control del Poder Legislativo y de varias gobernaturas que estarán en juego en 2027. La revocación de mandato en 2028 colocaría a su presidencia en vilo. Por todas estas razones la presidenta no extraditará a Rubén Rocha Moya.
Las consecuencias de su negativa no serán menos nocivas que aceptar la extradición, con una gran diferencia. Si lo entrega, Sheinbaum y su partido sufrirían las consecuencias. Si no lo entrega, las sufrirá el país entero.
Por lo pronto, la presidenta ha decidido tomar una serie de medidas preventivas. Primero, el uso político de la Historia. Ha comenzado a utilizar la retórica indigenista para identificarse con las víctimas de la violencia exterior, para mostrar que el gobierno es también víctima de los pérfidos extranjeros. De este modo, los que apoyan o simpatizan con los extranjeros (los conquistadores españoles o los gringos injerencistas) son racistas, es decir, malos mexicanos, traidores a la patria.
En segundo lugar, el gobierno ha comenzado a promover una serie de reformas tendientes a anular elecciones en las que se detecte alguna intervención extranjera. Un motivo tan abierto y ambiguo que se presta a cualquier interpretación. ¿Y quién calificaría ese intervencionismo? El Tribunal Electoral controlado por Morena. Con esta absurda medida, el gobierno hace evidente su temor de perder las elecciones, que contrasta con la soberbia que mostraban hace unos cuantos meses. En tercer término, el empleo del poder judicial para inhibir a la oposición. Para eso querían la reforma judicial. Distorsionándola hacen suya la máxima juarista: a los amigos, justicia y protección; a los opositores, el peso completo de la justicia partidista.
El país atraviesa un momento muy delicado. Nos encontramos en una encrucijada. La presidenta y su partido pueden sacrificar el porvenir del país para preservar los privilegios que obtuvieron de mala manera. La oposición se encuentra catatónica. La sociedad civil no sale de su pasmo. Somos como la rana de la olla que comienza a hervir. Día a día se degrada la situación de la vida pública en México. Un amigo poeta me aconsejaba: “en el temblor, abre los ojos”. ~
