Luego de once días de movilizaciones, represión y caos en Ecuador, parece que se ha alcanzado un acuerdo: el gobierno derogó el decreto que subió el precio del diésel y la gasolina, se creó una comisión para remplazar esta medida con una que focalice los costos y los indígenas terminaron el paro y abandonaron Quito. La crisis terminó con 7 muertos y cientos de heridos. Las credenciales democráticas del gobierno de Lenín se hicieron trizas y su proyecto de restablecer la institucionalidad quedó en entredicho. El movimiento indígena recuperó su capacidad de paralizar el país. Sin embargo, la violencia de algunos manifestantes indígenas y mestizos que aprovecharon las protestas para saquear negocios, incendiar un canal de televisión y el edificio de la Contraloría desprestigiaron al movimiento que no condenó a tiempo la violencia. Los seguidores del expresidente Rafael Correa llamaron a la rebelión popular y buscan el regreso de su líder que vive en Bruselas. Los tiempos de la protesta favorecieron a Correa, pues la semana pasada se debía iniciar un juicio en su contra por el uso de fondos públicos para la campaña de su partido.
El origen de la crisis está en el despilfarro de la renta petrolera durante los diez años de Correa (2007-2017). Aunque usó un discurso tecnocrático y prometió el cambio de la matriz productiva que transformaría al país en exportador de nanotecnología, su gobierno incrementó la dependencia en la exportación de recursos naturales. Ya que la lógica del gobierno fue perpetuarse en el poder, se usaron las rentas extraordinarias del petróleo con fines políticos y con poca eficiencia. El legado fueron cantidad de obras públicas inconclusas, el aumento de la deuda pública y el crecimiento desmedido del tamaño del estado. Lenín Moreno, que fue puesto en la presidencia por Correa, enfrentó una situación económica insostenible. En los primeros meses de su mandato trató de seguir con políticas neokeynesianas, pero terminó en las garras del Fondo Monetario Internacional. A cambio de 4,200 millones de dólares del FMI y de seis millones de otros organismos internacionales, Lenín se comprometió a reducir el tamaño del estado, impulsar la flexibilización laboral y terminar con los subsidios a la gasolina y al diésel.
La ruptura del pacto moral de dominación
Desde los años setenta, cuando se dio el primer boom petrolero, los sectores populares consideran que el estado tiene la obligación moral de mantener los precios de los combustibles bajos; su incremento es visto como una afrenta moral. En 1997, Abdalá Bucaram fue destituido en parte por recortar el subsidio al gas de uso doméstico. El FMI argumentó que el costo para el bolsillo popular sería mínimo, olvidándose no sólo de que la ruptura del pacto moral genera rabia, sino que un incremento de centavos para los más pobres significa comer o no tres veces al día.
La respuesta al paquetazo de Moreno arrancó con una huelga de transportistas, quienes rápidamente negociaron un alza al precio del transporte. Pero para los otros sectores de izquierda que salieron a la calle, recién empezaba la lucha. Exigieron se mantengan los subsidios a los combustibles y se tomaron las ciudades de la Sierra. Se concentraron en Quito y enfrentaron una violenta represión. En la historia del Ecuador es raro que un gobierno reprima tan bestialmente. Sin embargo a diferencia de otros levantamientos en que los objetos de la protesta y de la ira fueron las instituciones del estado, esta vez también se atacó a la propiedad privada, a los medios privados, y aún a las urbanizaciones de las clases medias y altas. Ya que la represión se concentró en el sector en que estaban concentrados los indígenas el resto de la ciudad quedó desprotegida. Ante los rumos y los ataques a la propiedad los vecinos de clase media se organizaron para defender su propiedad. En ausencia del estado y pese que la ciudad estaba bajo estado de emergencia y toque de queda, Quito vivió momentos de caos y pánico.
¿Triunfará el autoritarismo?
La violenta represión y el caos terminaron con el proyecto de Lenín de reinstitucionalizar la democracia luego de diez años de autoritarismo correísta. Lenín rompió con su mentor y permitió que la justicia investigara los casos de corrupción del gobierno de Correa. Como consecuencia, altos funcionarios están en la cárcel o prófugos de la justicia. Correa tiene orden de prisión por participar en el fallido secuestro de un político de la oposición en Colombia y enfrenta juicios por el uso de dinero público y de Odebrecht para financiar la campaña de su partido.
Lenín además usó un referéndum en febrero de 2018 para terminar con las pretensiones de Correa de ser presidente otra vez y para limpiar el estado de sus acólitos. Para esto, en la consulta se preguntó a la ciudadanía sobre la necesidad de nombrar a un Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Este poder del estado nombra a las autoridades de control y a los miembros del poder electoral. Abusando de la ley y asumiendo poderes excepcionales que supuestamente le dio la voz del pueblo en el referéndum, la administración de Lenín destituyó a las autoridades de control y rendición de cuentas puestas por Correa sin seguir los procedimientos legales. Hay un nuevo fiscal, Defensor del Pueblo, miembros del poder electoral y de la Corte Constitucional. Lenín pudo hacer estos cambios rápidamente por el consenso anti-correísta que logró crear. Su gobierno unió a todos quienes fueron agravados por Correa alrededor de su odio compartido.
Sin embargo, ahora Lenín es el peón represor del FMI. La derecha saca la carta racista para estigmatizar a todos los indios como no preparados para la democracia y como violentos que se deben quedar en los páramos. Correa por su parte, fortaleció su imagen de quien dio estabilidad por diez años, como quien puedo traer la paz, como quien nunca dio un paquetazo y como el demócrata que pide que se adelanten las elecciones
Ecuador regresa a la inestabilidad del pasado. Si Lenín logra terminar su periodo, lo hará en condiciones de debilidad y falta de legitimidad. Su única salida es juntar a todos quienes odian a Correa, incluidos los dirigentes indígenas. Si bien Rafael Correa termina favorecido, la violencia de la protesta promovida por sus acólitos, el ataque a la propiedad, la inseguridad y el miedo a saqueos pueden permitir que emerja un candidato de ultraderecha con un programa de ley y orden. Luego del fallido proceso de retorno a la democracia, Ecuador enfrenta una vez más el espectro del autoritarismo en sus versiones de izquierda o de extrema derecha.
Director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Florida.
