En México nunca había habido tantas secretarias de Estado como ahora, ni tampoco un Congreso de la Unión tan “paritario” como el actual. ¿Pero es posible juzgar el éxito de las mujeres para incidir en decisiones que apunten a la inclusión e igualdad de género por la proporción de ellas que hay en el Congreso?
De acuerdo con la diputada Beatriz Rojas Martínez (Morena), sí. El día que la Cámara de Diputados avaló inscribir “LXIV Legislatura de la paridad de género” en papelería oficial de San Lázaro, ella declaró: “Vivimos un momento histórico, las mujeres obtuvieron 48.2% de las curules en la Cámara de Diputados, que las coloca en el cuarto lugar en porcentaje de participación, en las Asambleas del mundo; por ello, es necesario destacar y visibilizar este logro”.
Una rápida ojeada a la clasificación mundial de mujeres en parlamentos nacionales compilada por la Inter-Parliamentary Union basta para corroborar que México efectivamente está en el cuarto lugar en porcentaje de participación de mujeres en la Cámara baja. Esto quiere decir que estamos ocho lugares arriba que Finlandia, diez lugares arriba de Noruega y 33 lugares por encima de Suiza. Con 241 diputadas tenemos el honor de codearnos con Ruanda, Cuba y Bolivia…
Y al igual que Mary Beard, me pregunto si, en algunos lugares como en México, la presencia de un gran número de mujeres en el Congreso significa que ahí es justamente donde no está el poder.
Además de imprimir papelería regodeándose de la paridad de género, ¿qué ha hecho la administración y el Congreso de López Obrador por las mujeres?
- No incluirnos en el logotipo del Gobierno de México
- Amenazar (digo amenazar porque primero azuzó con cerrarlas y luego parece que siempre no) la existencia de estancias infantiles cuando ya el 70% del trabajo de cuidados lo realizan las mujeres.
- Amenazar, de nuevo, la existencia de los refugios para mujeres víctima de violencia en un país en donde, de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, 66.1% (30.7 millones), ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor, alguna vez en su vida.
- Dejar fuera del presupuesto el programa para atención de cáncer cervicouterino, la segunda causa de muerte de mujeres en México.
- Proponer para la SCJN a dos candidatas que están en contra del aborto. Sobre este tema, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, y Jorge Alcocer, secretario de Salud, han dicho que el aborto es un derecho de las mujeres y que debe legalizarse. López Obrador ha sido más esquivo y, desde 2006, ha dicho sobre esto: “la gente debe decidir”.
¿Pero qué quiere decir que “la gente decida”? ¿Que lo haga el 1.7% de la población, como en el “sí va” de la termoeléctrica de Morelos? ¿Qué decida cada estado? ¿Algo como lo que está sucediendo en la comisión de puntos constitucionales del Congreso de Nuevo León, que ayer abrió la puerta para criminalizar el aborto?
No hay hoja, sobre o folio oficial del Congreso que no diga “LXIV Legislatura de la paridad de género”. Que acto tan vacuo, si no se acompaña de acciones reales y objetivas que permitan a las mujeres más y mejores oportunidades. Si va a pasar eso, por lo menos dejemos de desperdiciar papel.
Es politóloga, periodista y editora. Todas las opiniones son a título personal.
