Han pasado los 90 días que los gobiernos mexicano y estadounidense pactaron para analizar los resultados de la estrategia para reducir el tráfico de migrantes. Según el último reporte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, en agosto el número de arrestos y personas declaradas como inadmisibles se redujo en un 56% en comparación con el mes de mayo. A pesar de las felicitaciones de Donald Trump y el tono triunfalista de Marcelo Ebrard, la verdadera crisis humanitaria no se ha atendido y miles de migrantes que atraviesan México se enfrentan a condiciones peligrosas.
Después del pico de 144 mil 255 detenciones de migrantes en mayo, Trump exigió al gobierno mexicano fortalecer su política migratoria; de lo contrario aplicaría aranceles graduales a las importaciones mexicanas. La respuesta de López Obrador fue enviar a 25 mil elementos de la Guardia Nacional para impedir a los migrantes llegar a la frontera con los Estados Unidos y presentar un Plan de Desarrollo Integral que fomente el empleo en Centroamérica mediante la implementación de los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en El Salvador y Honduras.
De acuerdo con el gobierno mexicano, la estrategia se ha efectuado sin contratiempos. En la conferencia matutina del 6 de septiembre, el canciller se refirió al trabajo de la Guardia Nacional como “un despliegue exitoso” que ayudó a reducir el flujo migratorio “con respeto a los derechos humanos”, pues solamente se habían presentado siete quejas ante la CNDH. Sin embargo, este no es el consenso internacional. El pasado lunes, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, externó su preocupación por las políticas migratorias de México y Estados Unidos, a las que llamó “retrasos”. En su discurso se refirió a las detenciones, las separaciones de familias, las deportaciones sin el debido proceso, la denegación de acceso a servicios y asistencia humanitaria y el uso excesivo de la fuerza contra los migrantes. “Los acuerdos para ‘devolver’ personas a estos u otros países no pueden considerarse legales si no se respetan los derechos humanos internacionales y el derecho de los refugiados, incluido el principio de no devolución; evaluación individualizada; el interés superior de los niños; y garantías del debido proceso”, declaró.
En esta situación no se encuentran solamente los migrantes centroamericanos, pues personas llegadas de países africanos han quedado desamparadas por las autoridades. A partir del 10 julio entró en vigor un oficio firmado por la exdirectora general de Control y Verificación Migratoria, Ana Laura Martínez de Lara, que elimina el salvoconducto que les otorgaba 20 días para salir por el país a través de la frontera norte. Ahora deben abandonar inmediatamente el país por la frontera sur. Esto provocó que a finales de agosto, un grupo se manifestara en la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas. Sobre esta crisis el canciller señaló que el principal problema es que los migrantes carecen de identificación y sus países de origen no cuentan con representación en México, pero que se les ofreció refugio y ellos lo rechazaron. Los migrantes solicitaron un amparo para transitar libremente por el país y el pasado 31 de agosto un juez lo aprobó. Pero el INM aclaró que solo se trata de la suspensión para la no deportación de las personas extranjeras. En medio de esta situación difícil, el presidente López Obrador expresó su “orgullo” al enterarse que una madre proveniente de la República del Congo bautizó con su nombre a su hijo, y le mandó un abrazo “porque los migrantes sufren mucho”. No dijo una palabra más sobre las acciones que su gobierno emprenderá para mejorar las condiciones en que se encuentran ni sobre cómo evitará que más migrantes, como esa madre, queden varados en territorio mexicano.
Pese a las expectativas que despertó la reunión del martes entre Ebrard y Pence –donde el canciller mexicano pondría sobre la mesa la necesidad de controlar el tráfico de armas– las conclusiones no son muy diferentes a las de la que tuvo lugar hace mes y medio. La estrategia migratoria se mantendrá, y en tanto, el gobierno estadounidense analizará colaborar en el control de armas. Pero todo indica que esto se quedará en la lista de deseos sin fecha de cumplimiento por parte de Estados Unidos, lo mismo que su financiamiento al Plan de Desarrollo Integral, que hasta el momento no ha entregado. En las primeras pláticas, el gobierno estadounidense se comprometió a destinar 2 mil millones de dólares al programa. De acuerdo con el canciller, la Corporación de Inversión Privada en el Exterior del Gobierno de los Estados Unidos firmó cartas intención para invertir un total de 926 millones de dólares, pero estos recursos aún no se reciben.
Estados Unidos tampoco ha retirado la exigencia de que México sea tercer país seguro. Aunque en repetidas ocasiones el canciller Ebrard ha dicho que México no la aceptará, la práctica dista mucho de esta posición. Durante la reunión del martes, el vicepresidente estadounidense acordó extender al máximo los Protocolos de Protección al Migrante. Esto significa que el programa Remain in Mexico, que de enero a inicios de septiembre ha enviado a 42 mil migrantes a las ciudades fronterizas mexicanas en lo que las cortes estadounidenses resuelven su situación migratoria, continuará ejecutándose con todo y las señales de alarma que abogados y organizaciones de defensa de migrantes han manifestado. Además, la Corte Suprema estadounidense aprobó la prohibición de las solicitudes de asilo de las personas que han viajado en dirección a los Estados Unidos a través de otro país. Con lo cual miles de migrantes se quedarán atrapados en territorio mexicano, a expensas del crimen organizado, sin refugio, sin protección de ningún gobierno y con un futuro poco claro.
“Lo que ha hecho México ha dado resultados” y “la tendencia es irreversible y permanente” dijo Ebrard en la conferencia de prensa posterior a su reunión con los representantes estadounidenses. Pero de acuerdo con Theresa C. Brown, analista de políticas migratorias en el Bipartisan Policy Center, es ingenuo tratar de predecir el flujo migratorio cuando este depende de diversos factores y los datos que se tienen son escasos. “Es demasiado pronto para evaluar si se trata de un cambio a largo plazo, un cambio a corto plazo, un problema. Aún queda mucho en el limbo”, declaró la experta.
Los cuestionamientos de organismos internacionales que velan por los derechos humanos no afectan la voluntad del gobierno mexicano de satisfacer a la administración que encabeza Trump con tal de posponer una crisis bilateral. Mientras Trump celebra el “increíble progreso” de la situación en la frontera, Ebrard se muestra optimista y afirma que la confrontación con Estados Unidos se ve lejana. Pero habrá que estar pendientes a los sondeos de camino a las elecciones presidenciales de 2020, pues en cualquier momento Donald Trump podría retomar el discurso antiinmigrante que tan redituable le ha sido, esfumando de nueva cuenta las esperanzas de apaciguamiento del gobierno mexicano. Mientras tanto, las condiciones de los migrantes no habrán mejorado y el problema migratorio seguirá presente.
Con investigación de Karla Sánchez.
