La amnistía es algo tan positivo, tan imprescindible para la concordia y la convivencia, que Pedro Sánchez solo ha decidido apoyarla cuando ha necesitado los votos de Junts per Cat para ser presidente del gobierno. Es tan buena para todos que solo se negocia con los partidos independentistas. Al parecer, como ocurrió con la eliminación del delito de sedición y la atenuación de las penas por malversación, la ley se elabora con los abogados de los delincuentes: se defiende de boquilla lo público, pero la legislación se privatiza a lo grande.
Los beneficios que la amnistía supone para todos son tan claros que hasta ayer el presidente del gobierno en funciones rehuyó utilizar el término. De hecho, en su consulta a la militancia del PSOE ha preferido no preguntar explícitamente por ella. La mayor parte del tiempo las palabras no significan lo que dice el diccionario, y a menudo designan exactamente lo contrario. Cuando el presidente en funciones dice: “En el nombre de España, en el interés de España”, España significa Pedro Sánchez. La amnistía obedece a un único motivo: Sánchez necesita los votos del independentismo para ser presidente del gobierno. Todo lo demás es chatarra.
La supuesta consulta a las bases es una trampa, porque no se les consulta lo decisivo. Es una burla de la misma democracia interna que se presenta como fuente de legitimación. Delata cierta inquietud –¿temen un resultado no lo bastante búlgaro?– pero sobre todo ese apoyo de la militancia no justifica la medida ante los votantes y no digamos ante los ciudadanos en su conjunto. Ni el PSOE ni Sumar llevaban la amnistía en su programa electoral. (Estos días se ha usado la amnistía de 1936 para justificar la que se propone ahora, pero la amnistía era el primer punto del programa electoral del Frente Popular).
Se apela al reencuentro, pero es un reencuentro que excluye deliberadamente a millones de ciudadanos: con el centro y la derecha española no se puede pactar ni casi hablar. No se hace de la necesidad virtud: se hace del vicio virtud. La amnistía también significa que la ley no rige para políticos de una ideología y casta determinadas, y lo mejor es que la medida se justifica con el argumento de que es la única manera de formar un gobierno “de progreso”, es decir, que implemente políticas de igualdad. La defiende un político que llegó al poder a través de una moción de censura por un caso de corrupción, y que ahora propone a pleno sol un pacto claramente corrupto: borrar un delito a cambio de unos votos.
Este artículo apareció originalmente en El Periódico de Aragón.
Daniel Gascón (Zaragoza, 1981) es escritor y editor de Letras Libres. Su libro más reciente es 'El padre de tus hijos' (Literatura Random House, 2023).
