Mal comenzó el año para los partidos integrantes del frente opositor: PRI, PAN y PRD. En un anuncio público, las tres fuerzas políticas señalaron su decisión de repartirse las candidaturas de ese año y el siguiente; para el Revolucionario Institucional, las de Coahuila y el Estado de México, para Acción Nacional, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y la presidencial de 2024.
Un mal inicio de año porque, además, y ya por anticipado, los tres partidos dejaban en claro que darían la espalda a una ciudadanía que, apenas en noviembre de 2022, había llenado las calles del país y de distintas ciudades del mundo para defender al Instituto Nacional Electoral y, al mismo tiempo, exigir a la oposición nuevas formas de participación e involucramiento en sus decisiones.
A ese llamado, los partidos respondieron, en primer lugar, llenando las redes sociales con fotografías que retrataban a sus militantes en la marcha del 23N, para luego destacar que las decisiones a tomar en el futuro serían de acuerdo con la voluntad de esa sociedad civil.
Sin embargo, la realidad era otra: el acuerdo de reparto estaba hecho y no parecía que ninguna circunstancia lo pudiera cambiar, ni las críticas a ese proceder opaco y cupular, ni la impresentable dirigencia priista, cada vez más exhibida y vilipendiada por su conducción autoritaria del partido, ni los señalamientos de corrupción inmobiliaria en el PAN de la CDMX. Vaya, ni la derrota electoral en el Estado de México, que más bien sirvió para que el presidente de Acción Nacional regañara a la ciudadanía por no elegir a la candidata aliancista.
Pareciera, en cambio, que estos hechos alentaban a los tres partidos a mantener la misma cerrazón, a seguir engañando a la sociedad con promesas de apertura y diálogo, a repetir una fórmula que ha permitido más o menos desde el año 2017 administrar las derrotas a quienes, no obstante su pésimo desempeño –tanto electoral como en la oposición–, se mantienen aferrados a los cada vez más reducidos espacios de representación.
La derrota electoral del Estado de México fue, de este modo, relegada con celeridad a segundo plano para dar paso al lanzamiento del llamado Frente Amplio por México, destinado a elegir a quien encabezaría la candidatura a la Presidencia de la República. Era convocado, otra vez, por los mismos que habían sido derrotados uno días antes, los mismos que también fueron vencidos en 2018: las mismas cúpulas, liderazgos reciclados y pertrechados en el poder, encerrados en la soberbia de quien asume que son los otros, las y los electores, quienes se equivocan en su decisión.
A ello se sumaba que los perfiles que alzaban la mano desde los partidos resultaban, en el mejor de los casos, generadores de videos promocionales chuscos, cuando no francamente impresentables ante un electorado que veía sumida en un letargo acomodaticio e irresponsable a la oposición que le disputaría a Morena el poder, condenándose a la insignificancia política entre aspavientos y bravatas frente a López Obrador y, con ello, empeñando el futuro democrático del país.
La inconformidad no se hizo esperar. Una ciudadanía y una sociedad civil que ya tenían en claro la capacidad movilizadora de su acción colectiva, al menos en lo que a opinión pública se refiere, alzaron la voz y realizaron esfuerzos coordinados para obligar a los partidos a una apertura que al menos sacara de esas cúpulas el proceso de selección de la candidatura presidencial.
Administrar la derrota, sucumbir al liderazgo
Nada parecía perturbar a la dirigencia del Partido Acción Nacional en su ruta de fracaso y cerrazón. La derrota electoral en las elecciones presidenciales de 2018 no trajo consigo el relevo de dirigencias que se esperaría luego de un proceso que, tanto al interior del partido como de cara al electorado, había estado plagado de malas decisiones, rupturas y renuncias que terminaron por hundir la candidatura de Ricardo Anaya.
Los liderazgos partidistas, en cambio, se habían repartido escaños legislativos y dirigencias tanto nacionales como locales para, de este modo, conservar dentro de la derrota las posiciones más redituables. Nadie asumía el precio de las malas decisiones, ni siquiera se consideraba que esas decisiones hubieran sido equivocadas, hijas del capricho o la necedad: los mismos rostros, las mismas declaraciones, idénticos métodos se consolidaban como modo de conducir la vida interna panista.
Es importante recordar que las nulas condiciones para una competencia justa y equitativa llevaron a que tanto Margarita Zavala como Rafael Moreno Valle, ambos aspirantes a la candidatura panista de aquel año, desistieran de participar en un proceso a todas luces inclinado a favor de uno de los competidores. La elección, pasados los comicios, de Marko Cortés como dirigente panista, fue también una simulación democrática: la forma en que el grupo perdedor consiguió mantenerse en la cúpula partidista. Ganar perdiendo, parecía ser la consigna.
Para 2021 ya no hubo siquiera competencia interna: se requería un porcentaje de firmas que ninguno de los aspirantes –Adriana Dávila y Gerardo Priego– alcanzó a reunir, mientras las de apoyo al dirigente en turno se entregaban, literalmente, a carretadas. La estructura entera del partido, como ocurrió con Ricardo Anaya, fue convertida a un corporativismo en el que disentir era visto como traición, en el que la crítica era tachada de boicot, en el que oponerse equivalía a ser relegado, despedido o expulsado.
El anuncio del Frente Amplio por México (FAM) este 2023 no auguraba nada distinto, aunque el descontento ciudadano frente a las decisiones posteriores a los comicios del Estado de México comenzó a ser cada vez más sonoro y crítico de métodos que a todas luces estaban diseñados para favorecer a la que en un principio parecía la candidatura más sólida: la de Santiago Creel, si se considera solidez ese método en el que la cooptación, la disciplina y el castigo son los métodos para obtener el voto de la militancia.
Bastó la irrupción de un liderazgo emergente para demostrar que esa solidez era meramente la ilusión de quienes asumían que la administración de la derrota podía garantizar cualquier decisión de la cúpula dirigente. No se había decidido aún el método que seguiría el recién creado FAM, cuando la negativa de López Obrador a garantizar el derecho de réplica exigido por la Suprema Corte a favor de Xóchitl Gálvez llevó a que la senadora hidalguense apareciera entre la ciudadanía como un perfil capaz, por principio, de sacar de su acomodaticia modorra a una oposición hasta ese momento dormida en los laureles de sus fracasos electorales.
Capaz, sobre todo, de generar por fin, después de cinco años, la percepción de que era posible una victoria en la elección presidencial del 2024. Ninguno de los aspirantes que poco a poco fueron inscribiendo su registro como posibles contendientes logró en ese tiempo lo que Xóchitl Gálvez había logrado en dos semanas: arrebatar la narrativa al presidente de la República, opacar las aspiraciones y precampañas de la y los contendientes de Morena, marginar a liderazgos opositores inflados a fuerza de mercadotecnia que se conformaba con aquel “que hablen de uno, aunque sea mal”, rebasar con facilidad en encuestas, opinión pública y simpatías ciudadanas a quienes hasta unas semanas antes parecían tener todo diseñado a la medida de intereses grupales.
Y sobre todo: mantenerse durante este tiempo como favorita de un proceso que, por desgracia y conforme avanzan las semanas, ha mostrado ya sus deficiencias, limitaciones y su incapacidad de prevenir ese corporativismo partidista que lleva a reunir firmas de militancias parsimoniosas, indiferentes o sumisas.
Por los partidos y a pesar de los partidos
El respaldo que ha recibido Xóchitl Gálvez en todo el país supera por mucho a cualquiera de las y los aspirantes del FAM. Se refleja en las redes sociales, en los eventos multitudinarios, en los estudios de opinión, en un ánimo que se torna contagioso y la va postulando como la candidata natural de los tres partidos opositores.
Tres fuerzas políticas que han sido rebasadas y que aún batallan por reunir las firmas que permitan a liderazgos propios pasar a la siguiente fase del proceso de selección; tres fuerzas políticas que al parecer están haciendo lo imposible porque alguna de sus “cartas fuertes” avance para poder contar con elementos de negociación más adelante, sobre todo en lo que concierne a las candidaturas locales, que aún no se sabe si se decidirán a partir de ejercicios similares o serán, en cambio, fruto de ese corporativismo de lo local, de esas negociaciones cupulares, de procesos de simulación democrática o del capricho de cacicazgos y liderazgos en los estados.
A su vez, la irrupción de Xóchitl deja en claro que los mecanismos internos de los partidos están superados y rebasados, y son incapaces de generar una apertura que pueda facilitar mayor participación ciudadana, una mejora de sus cuadros y una representatividad que pueda dar cauce a los intereses de una sociedad que despertó frente a su responsabilidad y hoy exige de las fuerzas políticas generosidad, altura de miras, salir de la comodidad de las derrotas administradas para mantenerse en el poder, aunque este sea cada vez menor y el daño a la democracia mexicana cada vez mayor. El solo hecho de que hubiese que diseñar un método ex profeso demuestra las limitaciones que los propios estatutos partidistas imponen a las necesidades del México actual.
Este método, por cierto, tampoco es infalible, pues la propia Xóchitl ya puso el dedo en la llaga del corporativismo de los partidos al señalar que hay quienes, sin haber hecho esfuerzo mayor que aquellos videos bizarros o reuniones a puerta cerrada y con una mínima militancia, alcanzarán las firmas que ella ha logrado tras recorrer buena parte del país. Sería, al final, un suicidio político para el FAM que logren imponerse esas prácticas clientelares de las que, por fin, parecen sacudirse los partidos, a pesar de sus militancias acomodaticias y sus dirigencias impresentables. A pesar, en suma, de los partidos mismos.
Por lo que respecta al PAN quedan, además de los ya señalados, dos factores relevantes a considerar en los próximos meses. En primer lugar, lo que pasará con quienes ven la candidatura de Gálvez como un peligro para la “pureza” doctrinaria, esa que sigue los pasos de Vox en España, que ha firmado la llamada “Carta de Madrid” auspiciada por ese partido y que tiene en las filas y las dirigencias panistas a no pocos promotores y apologistas, es decir, un catolicismo radical e intolerante incapaz de asumir la diversidad y la pluralidad como valores de las democracias modernas, y que en cambio se asumen cruzados de causas retrógradas o que francamente lindan en el fanatismo.
En segundo lugar, lo que pasó con la elección presidencial de 2018 y el candidato de Acción Nacional que, convencido de su infalibilidad, endiosado con su propia imagen y su propio prestigio, y proyectado de manera ciega y acrítica por propios y ajenos, fue incapaz de entender que la legitimidad que surge de los procesos democráticos reales es la única forma de construir proyectos capaces de sumar y multiplicar apegos, simpatías y votos libres, en lugar de buscarlos en un corporativismo que a todas luces resulta insuficiente para triunfar en una elección federal.
Es evidente que, más allá del proceso que durante los próximos meses llevará a cabo el FAM, el sistema de partidos –sus mecanismos de participación y apertura, así como su capacidad de ser vehículos para las causas ciudadanas– ha demostrado sus límites y limitaciones, y sería un error grave permanecer ajenos a una situación que hasta el momento solo ha podido ser superada por liderazgos disruptivos, como lo fue Javier Corral frente al corporativismo panista en Chihuahua en 2016, como lo está siendo hoy Xóchitl Gálvez frente al corporativismo de los tres partidos a nivel nacional.
No queda del todo claro que las dirigencias actuales tengan la capacidad para institucionalizar nuevas formas de convivencia, más plurales, abiertas y diversas. Lo que sí queda claro es que han sido y probablemente seguirán siendo visibilizadas demandas que han acompañado la vida interna, al menos la panista, desde hace por lo menos quince años; que han caído en oídos sordos y que exigen soluciones que, ojalá, trasciendan la urgencia electoral para reformar y renovar la ya vetusta partidocracia mexicana. ~
