Los líderes de una región en un sistema federal imperfecto (o de federalismo “asimétrico”) deciden saltarse la Constitución del país y sus propias leyes regionales (refrendadas en varias ocasiones) para declarar su autodeterminación unilateral, primero a través de un referéndum ilegal y después a través de un golpe institucional. Varios de los impulsores de esa acción acaban juzgados en un juicio transparente, retransmitido por streaming y con garantías. Algunos son enviados a la cárcel de manera provisional, donde reciben privilegios que los demás presos no disfrutan.
Cuando finalmente se hace pública la sentencia, que descarta las penas más graves (y ha provocado el enfado en una parte de la derecha que exigía penas más punitivas), los líderes independentistas en el gobierno hablan de atropello a los derechos humanos y de Estado fascista. El independentismo sale a la calle para responder a la sentencia. Se cortan carreteras, se queman coches y contenedores, se agrede a policías, se intenta asaltar cuarteles. El presidente de la región, conocido por sus opiniones supremacistas, no solo no condena la violencia sino que acusa a los violentos de infiltrados y se une a un grupo de manifestantes que ha bloqueado una autopista. La alcaldesa de la capital de la región, donde más disturbios se han producido, recuerda que la ciudad es pacífica y democrática y encuentra un término medio entre los policías y los manifestantes violentos.
El proceso de construcción simbólica del Estado, que había funcionado de manera vertical durante años, se diversifica y horizontaliza: aunque el presidente de la región ha defendido a los violentos y ha pedido que “aprieten”, la violencia se vuelve impredecible e incontrolable. Los manifestantes se enfrentan al propio gobierno regional, cuya consejería de Interior es corresponsable de la acción policial (es una región con su propia policía). La violencia de la policía regional depende solo de los líderes regionales independentistas, lo que provoca una gran división dentro del independentismo institucional. Pero no divide ni achanta al independentismo en la calle, que está ya en un nivel superior: la revuelta nihilista contra toda autoridad. Es algo comprensible tras años de un discurso (en los medios y las instituciones) que ha idealizado la desobediencia sin indagar en su contenido: en la televisión regional pública, cooptada por el poder político independentista y con un presupuesto superior al de muchas otras cadenas privadas, aparecen activistas dando instrucciones y proponiendo estrategias para la desobediencia.
Mientras la ciudad se envuelve en llamas, algunos analistas afirman que los verdaderos pirómanos e incendiarios son quienes piden que se utilice una herramienta constitucional de rendición de cuentas en un Estado federal (u otra que implicaría la “federalización” de la policía regional para coordinar las intervenciones). Otros intentan rebajar la tensión con argumentos ingenuos: son los disturbios propios de unos pocos exaltados no representativos de un movimiento esencialmente pacífico. Es una violencia no muy diferente a la de un partido de fútbol entre equipos históricamente rivales. O señalan que la actitud policial es impropia de una democracia plena y resulta inverosímil para los países de nuestro entorno, aunque en Francia se hayan producido miles de detenciones durante el Estado de excepción y durante los disturbios de los chalecos amarillos (el gobierno francés sacó al ejército a las calles y no se enfrentaba a un gobierno regional que alentaba a los disturbios).
Y una masa gris de indiferentes, convencida de que su equidistancia es pensamiento crítico y escepticismo, se mueve entre los dos bandos sin saber muy bien qué decir y qué hacer, temerosa de que la denuncia inequívoca o el posicionamiento pueda dañar su reputación o identidad política.
Ricardo Dudda (Madrid, 1992) es periodista y miembro de la redacción de Letras Libres. Es autor de 'Mi padre alemán' (Libros del Asteroide, 2023).
