Daysi1 es una mujer trans nicaragüense que vive en Costa Rica; su principal preocupación es que otras como ella viven en una Nicaragua violenta, sexista y transfóbica, razones que la llevaron a refugiarse en el país vecino.
Su idea acerca de la trayectoria democrática de Nicaragua es distinta a las que sostienen la oposición y el oficialismo. Mientras que los opositores argumentan que la democracia está perdida y los oficialistas afirman que se recuperó, Daysi dice que nunca ha existido.Argumenta una razón de peso: si el Estado discrimina abiertamente a la población LGBTQ, quiere decir que no existe una igualdad efectiva ante la ley que permita la participación de este sector en la construcción de políticas públicas. Por lo tanto, difícilmente puede hablarse de democracia.
En Nicaragua, el movimiento de lesbianas, gais, bisexuales, trans y queers (LGBTQ) no ha podido avanzar con una agenda de derechos humanos frente al Estado. El país ha ido a la zaga en comparación con sus vecinos:Nicaragua despenalizó la homosexualidad apenas en el año 2008, mientras que Honduras lo hizo en 1999 y Costa Rica, el único Estado centroamericano donde es legal el matrimonio igualitario, en 1971.
Este retraso tiene raíces históricas. El triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en 1979 estuvo relacionado con su estrategia de movilización de toda la sociedad, incluyendo hombres gais y mujeres lesbianas. Sin embargo, al llegar al poder, el FSLN no modificó las medidas discriminatorias heredadas de la dictadura somocista, prueba de que los prejuicios subsistían a pesar del cambio político y social que trajo la Revolución sandinista.
En 1984, se fundó Grupo de Inicio, la primera organización LGBTQ del país; sin embargo, las presiones políticas y el machismo de la dirigencia del FSLN provocaron la desaparición del grupo en 1986. En 1987, la seguridad del Estado interrogó y amenazó a miembros del movimiento LGBTQ y se estableció la idea de que estas personas no tenían cabida dentro del proceso social revolucionario.
Entre 1990 y 2000 surgieron tres decenas de organizaciones LGBTQ como resultado del proceso de transición democrática que facilitó la organización de la sociedad civil. Sin embargo, la llegada al poder de Violeta Chamorro con la Unión Nacional de Oposición (UNO) –conformada en su mayoría por partidos políticos conservadores respecto al tema del género y la sexualidad– significó un desafío para el movimiento. La reforma del Código Penal de 1992 consagró el artículo 204 sobre delitos sexuales, el cual castigaba la homosexualidad con penas de hasta tres años de prisión.
Esta norma impedía al movimiento LGBTQ negociar sus derechos civiles en el marco de las instituciones del Estado al obstaculizar su incidencia en la esfera pública. Los gobiernos de Arnoldo Alemán (1997-2002) y Enrique Bolaños Geyer (2002-2007) no cambiaron la situación.
El regreso de Daniel Ortega, aliado de grupos religiosos fundamentalistas, no prometía transformación alguna. Sin embargo, el liderazgo de la política y activista Zoilamérica Ortega Murillo, hija de la pareja presidencial, consiguió una mayor visibilidad para el movimiento; por su influencia, este pudo establecer oficinas en ciudades como Managua, Masaya, León y Matagalpa.
En 2008 se despenalizó la homosexualidad y se consagró la discriminación por orientación sexual como un agravante de responsabilidad penal, producto de una misma iniciativa que presentó ante la Asamblea Nacional José Pallais Arana, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos. En esta gran victoria cumplieron un papel destacado Iniciativa desde la Diversidad Sexual por los Derechos Humanos (IDSDH) y SAFO, grupo de mujeres lesbianas y bisexuales.
Omar Cabezas, procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), creó una Procuradora Especial de la Diversidad Sexual (2009). Esta iniciativa no hubiese sido posible sin el apoyo de SAFO y IDSDH, la Asociación Nicaragüense de Transgéneros (ANIT) y el Centro de Estudios Internacionales (CEI), una organización sin fines de lucro que canalizaba los fondos internacionales para el activismo LGBTQ. Este logro convirtió a Nicaragua en un país pionero en Centroamérica en cuanto a la defensa de los derechos de la sexodiversidad. No obstante, la presión de las iglesias evangélicas, en el marco de la discusión del Código de Familia en la Asamblea Nacional (2014), impidió la aprobación del matrimonio igualitario.
En abril de 2018, Nicaragua vivió el momento más violento de su historia reciente. La población salió a las calles a protestar contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Este respondió con graves violaciones de los derechos humanos. Las personas LGBTQ que participaron en las protestas y criticaron la represión sufrieron tratos crueles y degradantes: vigilancia, amenazas de muerte, lesiones, persecución, desprestigio en redes sociales, hostigamiento político, detención arbitraria, robo, asesinato y violación.
Daysi está en lo cierto cuando señala que nunca ha habido una verdadera democracia en Nicaragua, ya que, a lo largo de la historia del país, las personas LGBTQ han sido criminalizadas y excluidas. Sin embargo, ha habido avances como producto de la perseverancia del movimiento y de la existencia de funcionarios ganados para la causa.
Actualmente, en Nicaragua no pueden celebrarse elecciones libres y justas, condición básica de la democracia. Daysi, y tantos otros LGBTQ, han hecho un llamado clave para la construcción de una real institucionalidad democrática: no debe excluirse a nadie. Es imprescindible que el movimiento LGBTQ participe en los debates sobre el futuro en todos los espacios políticos para que, en un próximo capítulo de la historia nicaragüense, una vez recuperada la democracia, las trans como Daisy sean incluidas, junto al resto de las personas identificadas por estas siglas. ~
- Por razones de seguridad, Daisy no puede aparece en este artículo con su verdadero nombre. La entrevisté para una investigación sobre democracia y movimiento LGBTQ+. Barría Yorins, D. (2024). Un enfoque queer sobre la participación democrática: Voces LGBTIQ+ nicaragüenses en Costa Rica tras la crisis de 2018. Tesis de Maestría, Universidad para la Paz. ↩︎
es internacionalista especializado en resolución de conflictos, paz y desarrollo. Investiga sobre inclusión política, seguridad y población LGBTIQ en Latinoamérica. Es activista por los derechos LGBTIQ desde 2016. Reside en Ciudad de Panamá.
