Desde que la CNTE confiscó el Zócalo, y la capital, para evitar que la reforma educativa se aprobara –y en los últimos días, para demandar su abrogación– analistas de diversas profesiones han mostrado con claridad meridiana que los métodos de lucha de la CNTE son ilegítimos. No son válidos porque el conflicto no conlleva como pretenden algunos, un choque de libertades, donde por razones que autoridades del DF y los que abogan por los maestros paristas no han logrado explicar, predomina el derecho para manifestar públicamente inconformidades sin matices ni límites, frente al resto de las libertades que otorga la ley a los mexicanos. Es un argumento política y legalmente vacío.
El ejercicio de cualquier derecho constitucional tiene obligaciones y un límite que todo ciudadano y cualquier autoridad digna de ese nombre debe respetar: los derechos de los demás y la ley que los protege. Nadie puede violar en aras de su derecho a manifestarse el derecho a la libertad de expresión de otros, como lo ha hecho la CNTE (quienes han intentado manifestar su desacuerdo con los maestros se han llevado, de menos, una catarata de insultos), de tránsito (cientos de pasajeros perdieron sus vuelos –y su dinero– durante los bloqueos al AICM), de seguridad del patrimonio (entre otros, comerciantes y hoteleros han sufrido pérdidas millonarias desde que empezó el plantón), de empleo (imposible cumplir cuando no hay manera de transportarse hasta el lugar de trabajo), y hasta de salud (la CNTE ha cerrado –sin hacer excepciones– vías como el periférico sur que son el único acceso directo a zonas de hospitales).
Yo agregaría el derecho a vivir en una ciudad ordenada y habitable. El lento deterioro urbano que este tipo de protestas y plantones ha generado desde los tiempos de López Obrador ha convertido al centro de la ciudad en un muladar intransitable. El corazón histórico del país jamás recuperará la grandeza urbanística y arquitectónica que ha perdido si los aventurados ciudadanos que han decidido vivir ahí amanecen, por obra y gracia de la ineptitud de las autoridades capitalinas y los desmanes de sus socios clientelares, entre montañas de basura, tendajones y mugre.
Si los seudomaestros de la CNTE no se han enterado que todos los derechos conllevan obligaciones y su ejercicio tiene como límite el derecho de los demás, Miguel Mancera, el gobernador de la ciudad, ha olvidado que el mandato que rige su gobierno se lo dieron los capitalinos que votaron por él, no la sección 22 de la CNTE oaxaqueña. Y que la única opción que no está en el menú de los gobernantes es no gobernar.
Sin embargo, lo que más ha confundido a la opinión pública es la premisa de que las demandas de los maestros son legítimas. El diccionario define legítimo como “lo que es conforme a la ley”, legal o lícito. Lo cierto es que aún antes de que se aprobara la reforma educativa las demandas de la CNTE eran ilegítimas porque son anticonstitucionales.
Los maestros han descalificado al presidente por haber mandado una iniciativa de ley “injusta” que roba a la CNTE la capacidad de decidir –como lo ha hecho por décadas en Oaxaca y otros estados– el contenido y las modalidades de la educación pública y la calificación de los maestros. En el apartado D, fracción III, el Artículo 3 de la Constitución establece con todas sus letras: “El ejecutivo federal determinará los planes y programas de estudio de la educación pre escolar, primaria y secundaria”. Prevé la consulta con gobernadores, padres y maestros, pero no da derechos a ninguna organización magisterial para sustituir al Estado en el ámbito de la educación.
La CNTE no quiere evaluaciones porque van –dice– contra sus “derechos laborales”. Pero el mismo Artículo 3 decreta (los subrayados son míos) que “el ingreso al servicio docente y la promoción de cargos con funciones de dirección o supervisión en la educación básica o media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y las condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, promoción, reconocimiento y la permanencia…de los trabajadores de la educación.”
Y por si quedara alguna duda de que no hay otros caminos para adquirir una plaza docente –como la compra y herencia de plazas que practican los maestros de la CNTE– el Artículo 3 remacha: "Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley.”
(Publicado previamente en el periódico Reforma)
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Estudió Historia del Arte en la UIA y Relaciones Internacionales y Ciencia Política en El Colegio de México y la Universidad de Oxford, Inglaterra.
