El 20 de diciembre de 2017 la fiscalía de Estambul dictó una orden de arresto contra el ciudadano turco Enes Kanter. Su delito, haber insultado al presidente Erdoğan. Enes Kanter no es un ciudadano cualquiera. Es un jugador profesional de baloncesto en la NBA. En mayo de 2017 descubrió que las autoridades turcas le habían revocado el pasaporte cuando fue detenido en Rumanía durante una gira promocional. En Turquía se le acusaba de pertenencia a grupo terrorista por su apoyo a Fethullah Gülen, una figura fundamental para entender la Turquía actual y que pasó de ser un influyente predicador a ser acusado por el gobierno turco de ser el líder en la sombra del fallido golpe de estado de julio de 2016. Enes Kanter pudo finalmente regresar a los Estados Unidos, pero su caso no es ni único ni aislado. Marca una preocupante tendencia del uso de órdenes de búsqueda y captura internacional, muchas veces a través de Interpol, por parte de las autoridades de países con credenciales democráticos cuestionables para perseguir a críticos y rivales.
El 3 de agosto de 2017 fue detenido el periodista y escritor turco Hamza Yalçin en el aeropuerto de Barcelona tras hacerse efectiva una orden internacional de búsqueda y captura de las autoridades turcas. Se le imputaban los cargos de insultar al presidente y vinculación con un grupo terrorista por varios artículos publicados en Turquía. Yalçin residía en Suecia desde 1984, lo que generó preocupación entre intelectuales y periodistas suecos. Tras estudiar la “notificación roja” de Interpol, el juez de guardia en la Audiencia Nacional ordenó su inmediato ingreso en prisión, a la espera del expediente de acusación turco y la petición formal de extradición. Sin embargo, en España la última palabra la tiene el Gobierno. Así que finalmente el 29 de septiembre el Consejo de Ministros español rechazó la orden de extradición turca. Yalçin abandonó finalmente la cárcel barcelonesa de Brians I tras casi dos meses en ella.
El 19 de agosto, unas semanas después de la detención de Hamza Yalçin, la policía española detuvo en Granada al intelectual turco Doğan Akhanlıi, que reside en Alemania en calidad de asilado político desde 1991. La orden de detención había partido desde Turquía, donde se le reclamaba por “pertenencia a banda armada y terrorista”. Doğan Akhanli, al contrario que Hamza Yalçin, fue puesto en libertad a los pocos días. Su caso alertó al gobierno alemán. La canciller Angela Merkel criticó el uso hecho por Turquía del sistema internacional de órdenes de búsqueda y captura, las llamadas “notificaciones rojas” de Interpol.
Más suerte que los dos intelectuales turcos tuvo el empresario español Pablo Botella Carretero, directivo en 2009 de un banco venezolano. Ese año, el gobierno venezolano intervino varios bancos e instituciones financieras. Primero fueron el Central Banco Universal, Baninvest Banca Inversión y el Banco Real. El 20 de noviembre le tocó el turno a los Bancos Confederado, Bolívar, ProVivienda y Canarias de Venezuela, que diez días después fueron disueltos o absorbidos por otros bancos en manos estatales. El Banco Canarias de Venezuela contaba con muchos clientes entre la comunidad de emigrantes canarios y sus descendientes, que recibían ayudas, subvenciones y pensiones del Gobierno de Canarias a través de él. La noticia de su cierre fue seguido con atención desde las Islas Canarias. El periodista David Millet recogió en el diario La Opinión de Tenerife la percepción en Venezuela de que se trataba de una nueva acción del gobierno del presidente Chávez “contra la inversión privada y que la nacionalización va a hacer millonario a más de un chavista corrupto”. Las autoridades venezolanas lanzaron órdenes de búsqueda y captura internacional vía Interpol contra nueve directivos e inversores de los bancos intervenidos, entre ellos Pablo Botella Carretero. La orden siguió su curso y cuando un juez español requirió la documentación que sustentara la orden de extradición por fraude, el caso se evaporó. El 23 de junio de 2011 la “notificación roja” lanzada desde Venezuela fue retirada por Interpol.
Un caso parecido es del inversor Bill Browder. A pesar de ser nieto de un líder del partido comunista estadounidense, su rebeldía juvenil le llevó a abrazar el capitalismo. Sin embargo, heredó el interés de la familia por Rusia y Europa del Este. Browder eligió Rusia como campo de negocios para su empresa de inversión, Hermitage Capital Manegement. La crisis financiera de 1998, con suspensión de pagos del Estado ruso incluida, convirtió al país en un mercado emergente que los inversores más prudentes evitaban. Browder, en cambio, pensaba que los observadores externos eran injustos con el mercado ruso y por tanto había una oportunidad de negocio en empresas rusas sólidas pero infravaloradas. Una de las estrategias de Browder era sacar a la luz la corrupción y mala gestión de las empresas en las que invertía Hermitage para llevarlas por el bueno camino en beneficio del accionista. Desde luego, no era una estrategia para hacer amigos en Rusia.
Browder mostró su apoyo al presidente Vladimir Putin, incluso después de que el presidente ruso comenzara su particular guerra contra los oligarcas críticos con el poder. Pero eso no lo libró de terminar en el punto de mira de las autoridades rusas, que le impidieron en 2005 volver a entrar en el país. Dos años más tarde, las oficinas de Hermitage y su bufete de abogados en Moscú fueron registradas por las autoridades rusas. A partir de ahí comenzó una historia rocambolesca para quien no esté familiarizado con el funcionamiento de la administración rusa.
La documentación retenida por la policía rusa tras el registro fue empleada para poner varias compañías subsidiarias de Hermitage a nombre de un puñado de testaferros. Los nuevos dueños reclamaron al Estado ruso la devolución de cerca de 230 millones de dólares pagados como impuestos en el año 2006. Mientras tanto, los abogados de Hermitage comenzaron una batalla legal pare recuperar las compañías y exponer el fraude que se pretendía cometer. El resultado fue la detención de Serguéi Magnitski, abogado del bufete que trabajaba para Hermitage, el 24 de noviembre de 2008. Durante un año fue traslado de prisión en prisión. En ese tiempo, se le diagnosticó una enfermedad resultado de cálculos biliares sin tratar pero no recibió atención médica adecuada. El 16 de noviembre de 2009 fue trasladado por última vez a una nueva prisión. Tras quejarse por su estado de salud (tenía el estómago hinchado vomitaba a menudo), Magnitski fue encerrado en una celda de aislamiento y al parecer recibió una paliza de los guardias. A la hora y media, murió.
Tras la muerte de Serguéi Magnitski, Bill Browder trató de que el caso fuera conocido fuera de Rusia e inició una campaña internacional para exponer la falta de derechos en Rusia e impedir que los responsables últimos disfrutaran de los millones robados. Así se convirtió en enemigo del Kremlin. La respuesta de las autoridades rusas ha sido lanzar contra Browder hasta la fecha cinco órdenes internacionales de búsqueda y captura vía Interpol. La última de ellas el pasado mes de octubre. Las autoridades rusas acusan ahora a Browder de ser el responsable de tres asesinatos. En el pasado, las órdenes de búsqueda y captura rusas contra Browder fueron rechazadas por las autoridades británicas por infundadas y motivadas por razones políticas. No fue la primera vez que pasaba algo así. Las órdenes contra Borís Berezovski, el oligarca ruso que aparentemente se suicidó en Londres en 2013, también fueron rechazadas por Londres en su momento.
El Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Consejo de Europa publicó un informe en marzo de 2017 donde denunciaba que el sistema de “notificaciones rojas” de Interpol ha sido usado de forma abusiva “por algunos estados miembros para perseguir oponentes políticos más allá de sus fronteras”. El informe valora que las “notificaciones rojas” han sido un instrumento importante en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, pero se requiere algún de tipo de acción ante el uso que le dan países como Rusia, Venezuela y Turquía para perseguir a rivales políticos o económicos de quienes forman parte de los círculos de poder. No deja de ser paradójico que instrumentos de cooperación internacional, verdaderos andamios sobre los que se construye la globalización de la justicia, sean usados de forma abusiva por gobiernos cuya ideología es hostil a la globalización.
A Bill Browder le queda al menos la satisfacción de que su lucha de todos estos años ha dado fruto en Estados Unidos en 2012, Reino Unido en febrero de 2017 y recientemente en Canadá, donde se han ido aprobando “leyes Magnitski”, llamada así en honor del abogado fallecido en una cárcel de Moscú, para impedir que reconocidos violadores de los derechos humanos en Rusia disfruten de sus fondos y propiedades en esos países. El último país donde Hermitage Capital Manegement ha solicitado se investigue el lavado del dinero defraudado por la trama que descubrió Serguéi Magnitski es España.
Jesús Pérez Triana es analista de seguridad y defensa y autor del blog Guerras Posmodernas.
