A días de iniciar su mandato, el próximo ha convocado una nueva consulta. El 24 y 25 de noviembre, preguntará a quienes participen en ella sobre diez proyectos de infraestructura y desarrollo social a los que llamó “Programas prioritarios”. Entre ellos se encuentra la construcción del Tren Maya, la refinería en Tabasco y la implementación de programas de desarrollo social, como becas a jóvenes y pensiones para adultos mayores. La boleta, que circula en medios, incluye información a favor de los diez programas y pregunta si la gente está de acuerdo con que estos se lleven a cabo o no. Las mesas de votación se ubicarán en las mismas plazas, se utilizará la misma aplicación para asegurarse de que no se vote más de una vez y serán los mismos funcionarios de la consulta pasada quienes cuenten los votos. La única diferencia es que la jornada durará dos días y que los participantes tendrán que pronunciarse sobre diez temas, por lo que el conteo tomará más tiempo. A pesar de las inconsistencias que se presentaron en la consulta sobre el aeropuerto, esta segunda consulta también será organizada por la Fundación Rosenblueth y tendrá un costo de 1 millón 800 mil pesos.
Dos semanas después de la primera consulta, alrededor de cinco mil personas se manifestaron en contra de la realización de consultas populares fuera de la ley. Algunas de las consignas de la llamada “marcha fifí” eran “No más consultas a modo” y “El pueblo no será culpable de tus errores”. A esas críticas sobre la falta de planeación e imparcialidad con que se realizó aquel ejercicio participativo, ahora se suma el reclamo por la falta de estudios sobre las consecuencias ecológicas, sociales, económicas y culturales que tendrán algunos proyectos de infraestructura.
Uno de los principales argumentos esgrimidos en contra de la construcción del aeropuerto en Texcoco fue el impacto ambiental, pero aún se desconocen las repercusiones ambientales de construir las pistas en Santa Lucía, cercano al Lago de Zumpango, lugar donde llegan aves migratorias.
Algo similar sucede con el Tren Maya, que cruzará en su recorrido por Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco diversas áreas ecológicamente sensibles, mientras que el Corredor Comercial Ferroviario del Istmo de Tehuantepec, que conectaría a Oaxaca y Veracruz, se construiría en zonas clasificadas como de alta biodiversidad. Ante la preocupación por la degradación de los ecosistemas, varios ambientalistas, científicos y organizaciones civiles, como Greenpeace México y el Grupo Ecologista del Mayab, le dirigieron una carta al presidente electo para pedirle que detenga la consulta ciudadana y que antes de iniciar los proyectos realice los estudios necesarios para medir su impacto ambiental y cultural. Los firmantes destacaron la necesidad de proteger estos ecosistemas y de escuchar a sus habitantes antes de privilegiar los intereses económicos: “los sitios de alta biodiversidad deben preservarse bajo estrictos estándares internacionales y reconociendo los saberes de los pueblos originarios quienes han sido garantes de sus territorios y depositarios de la riqueza natural y cultural de nuestro país”.
A la par de la consulta ciudadana también se planea una consulta indígena con representantes de las comunidades que viven cerca de la ruta del Tren Maya, pero no se han dado detalles al respecto. El futuro titular del Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, aclaró que son los pueblos indígenas quienes deben elegir los mecanismos y procedimientos según sus usos y costumbres. “Son los propios pueblos los que deben definir sus prioridades para el desarrollo. Nosotros no vamos a interferir, no vamos a decidir”, afirmó.
Con respecto a otro de los temas de la consulta, la construcción de una refinería en Dos Bocas, Tabasco, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) denunció ante la Profepa y la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente que el proyecto carece de permisos ambientales y que desde septiembre se han deforestado 300 hectáreas de selvas y manglares para preparar el terreno. De acuerdo con Gustavo Alanís Ortega, presidente de Cemda, resulta cuestionable realizar una consulta ciudadana si ya se iniciaron los trabajos con irregularidades y omisiones. “¿Cómo vas a consultar un proyecto que ya iniciaste, que ya limpiaste el terreno y ya estás destinando presupuesto del próximo año? ¿Cómo consultas algo que ya decidiste? No sé si es una burla”, comentó Alanís. De acuerdo con el abogado, en primer lugar sería necesario realizar las evaluaciones ambientales, luego someter la viabilidad del proyecto a consulta y debate público y, posteriormente, dejar que la autoridad tome una decisión. Pero los trabajos en la zona de Paraíso revelan que se ha operado al revés. La falta de evaluación del impacto ambiental de los proyectos es un tema preocupante, pues podría sentar un precedente para que los siguientes gobiernos actúen sin apego a las normativas ecológicas.
Durante su participación del lunes 19 de noviembre en el programa de debate Tercer grado, el periodista Carlos Loret de Mola cuestionó a López Obrador sobre si la consulta se trataba de una simulación, siendo que ya hay contratos pactados y una fecha para el arranque de la construcción del Tren Maya. El presidente electo respondió que “es una consulta para reafirmar compromisos”.
El propósito de las consultas populares, sin embargo, no debería ser ratificar la voluntad del Ejecutivo, sino permitir a los ciudadanos “ejercer el derecho constitucional para votar en torno a temas de trascendencia nacional de manera que su voluntad, vinculante conforme dicte la ley, pueda incidir en el debate y las decisiones que adoptan los órganos representativos del Estado”, como dicta el artículo 35 Constitucional. Hasta el momento, los únicos actos susceptibles a consulta son de tipo administrativo y legislativo, no se pueden convocar consultas sobre los ingresos y gastos de la Federación, la restricción de los derechos establecidos en la Constitución, la materia electoral y la seguridad nacional.
Mientras no se reforme el marco legal vigente sobre las consultas ciudadanas, lo que en apariencia es una manera de involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones, se vuelve una farsa. Sobre lo perjudicial que es manipular las consultas ciudadanas para justificar el ejercicio del poder escribió José Woldenberg: “Es una fórmula viciada que desvirtúa un eventual método de democracia directa y que sirve para apuntalar a un poder caprichoso”.
