En enero de este año, la organización internacional Human Rights Watch advertía que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador las violaciones de derechos humanos no solo no se han detenido y la impunidad sigue siendo la norma, sino que además se colocó como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a una mujer cuyo estrecho vínculo con el presidente y su partido hacen dudar de su autonomía e independencia.
Dos aspectos más destacaban de ese informe. Uno de ellos era la preocupación en cuanto al poder conferido a las fuerzas armadas para desarrollar tareas ajenas a sus funciones, ampliando a tal grado el ámbito de sus actividades que terminaron por reemplazar a las autoridades civiles incluso en la gestión de programas sociales. Tampoco pasaba por alto su rol central en la Guardia Nacional, una institución supuestamente de carácter civil, pero que es “dirigida por militares, recibe entrenamiento de militares y está integrada mayormente por soldados”.
El segundo aspecto que llamaba la atención era la persistencia de índices alarmantes de crímenes y patrones de violencia generalizada contra mujeres y niñas.
A este diagnóstico se sumaron las notas en materia de libertad de expresión del Committee to Protect Journalists, que acusaba la pobre relación de Andrés Manuel López Obrador con las organizaciones defensoras de la libertad de prensa y de la sociedad civil, sin pasar por alto que en sus conferencias matutinas “ha denigrado a los medios mexicanos, siguiendo el ejemplo del presidente estadounidense Donald Trump”. Testimonios recogidos por la organización aseguraban que el ataque y acoso a los medios durante este régimen han alcanzado niveles inéditos.
Días atrás, al dar a conocer su informe anual 2020 sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país, el Departamento de Estado de Estados Unidos estuvo muy lejos de abandonar las líneas generales marcadas por diversos organismos y organizaciones internacionales. En México, dijo, continúan siendo un problema la impunidad y las tasas extremadamente bajas de enjuiciamiento de responsables de crímenes de mujeres, periodistas y defensores de derechos humanos.
No es un secreto para el gobierno estadounidense que López Obrador ha decidido dar varios pasos atrás en la guerra contra los grupos violentos del narco y que ha dejado claro que para su gobierno no es prioritario arrestar a figuras criminales de alto perfil. El reporte en cuestión destaca que los grupos del crimen organizado, incluidas pandillas locales y transnacionales, han sido autores de importantes delitos violentos, homicidios, tortura, secuestro, extorsión, trata de personas, soborno, intimidación y otras amenazas, la gran mayoría de los cuales ha permanecido impune.
Además de dar cuenta del incremento en la violencia contra las mujeres durante el confinamiento por el covid-19, el texto destaca que hubo altas tasas de impunidad para estos delitos, “en consonancia con altas tasas de impunidad para todos los demás delitos”. Tampoco pasó inadvertido el movimiento de miles de mujeres que además participaron en el paro nacional “Un día sin nosotras” para protestar contra la violencia de género y el feminicidio, exigiendo la acción del gobierno, ni tampoco la ocupación por parte de colectivos feministas de una de las sedes de la CNDH, a la cual se acusa de no defender los derechos de las mujeres ni brindar la asistencia adecuada a quienes la necesitan.
Junto con la ominosa impunidad que acompaña los ataques a periodistas y que ha dado lugar a la autocensura y el deterioro de la libertad de expresión y de prensa en el país, el Departamento de Estado señala por nombre a Sanjuana Martínez, directora de la agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex), por haber orquestado ataques contra reporteros y ordenado eliminar o no publicar contenido sobre ciertas instituciones y funcionarios. Esto, con el aval del propio presidente, quien hasta la fecha habla de ella como una mujer honesta, recta, con principios e ideales, que tiene todo su respeto.
López Obrador descalificó el exhaustivo reporte, amparándose en una premisa propia de regímenes alérgicos al escrutinio internacional, bajo la idea de que nadie debe opinar sobre cuestiones que solo competen a los mexicanos (sin importar que el respeto a los derechos humanos concierne a todos). Pero no solo ello; también ha acusado a organizaciones de la sociedad civil que sirvieron como fuente del informe de estar “apoyados por el extranjero” y de pertenecer “al movimiento conservador” que está en contra suya. En el fondo, sus palabras son una reafirmación de uno de los dogmas más importante del jefe del Ejecutivo: que la democracia en México empezó en 2018, cuando el pueblo sabio le ungió por su congruencia y rectitud incuestionables.
Como candidato, en su Proyecto de Nación 2018-2024, Andrés Manuel aludía a los pactos internacionales e instrumentos regionales suscritos por México en materia de derechos humanos y establecía que su promoción y protección en México y en el mundo sería “uno de los hilos conductores de la política exterior del gobierno”. Sin embargo, su actitud ha sido más de cerrazón y de intolerancia al trabajo de aquellos que buscan llamar al poder a cuentas, lo que valida lo registrado por el Departamento de Estado respecto a que algunas de las campañas para desacreditar a movimientos, organizaciones y defensores de derechos han contado con el apoyo tácito de funcionarios gubernamentales. Alguien, arriba, cortó esos hilos conductores de los que hablaba el proyecto.
Periodista. Autor de Los voceros del fin del mundo (Libros de la Araucaria).
