El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, presentó ante el Senado de su país un plan de tres fases para el futuro de Venezuela: estabilización, recuperación y transición democrática. La estabilización supone que el país genere ingresos básicos, como de hecho ha ocurrido con la venta de petróleo controlada por el gobierno estadounidense, y que se lleven a cabo las reformas institucionales y legislativas para generar seguridad jurídica, a lo que se suma el desmontaje del aparato represivo del Estado. La recuperación significa que Venezuela normalice su programa energético y su economía en general, venda sus recursos de forma directa y atraiga inversiones extranjeras, no solo petroleras sino en múltiples sectores. Se busca transformar al país en una nación próspera que deje de ser un terreno de juego para adversarios de la primera potencia mundial como Rusia, China o Irán. La transición democrática, el objetivo definitivo, implica que los recursos y el destino del país sean manejados por un gobierno elegido democrática y libremente (Rubio incluye en esta etapa a María Corina Machado y a otros líderes políticos). Por último, el secretario de Estado aclaró que estas fases no deben interpretarse como una secuencia mecánica o rígida, ya que pueden solaparse.

Aunque el plan suena muy sensato, sobre todo tratándose de un ejercicio de tutela de un país extranjero, la realidad es que el presidente Donald Trump no hace más que deshacerse en halagos sobre la eficiencia de Delcy Rodríguez para complacer a su gobierno. A diferencia de Trump, que indefectiblemente saldrá del poder, la Revolución bolivariana es experta en impedir la alternancia democrática, así le toque convertirse en un gobierno títere. De este modo, el mismo régimen que despertó a la momia del antiimperialismo a la cubana y juró que habría un nuevo Vietnam si Estados Unidos osaba pisar el sagrado suelo de la patria, el 3 de enero pasado se rindió en dos horas ante el ejército invasor. Hasta nuevo aviso, la procónsul Rodríguez ha recibido el espaldarazo del emperador Trump para seguir gobernando en función de la oligarquía revolucionaria y los intereses energéticos del país del norte. Delcy Rodríguez no tiene ninguna legitimidad democrática, aunque, desde luego, sigue teniendo competencias. Una de ellas es la de negarse a concebir un plan económico sensato para recuperar a un país que era cuatro veces más rico en 1998, cuando Hugo Chávez llegó al poder, según palabras del prestigioso economista venezolano Ricardo Haussman. La otra es la de continuar con la estructura represiva estatal; la tercera es la de no mostrar una voluntad real de dialogar con cualquier líder o movimiento opositor, no solo con María Corina Machado, la pesadilla de la dictadura, sino con Manuel Rosales, Henrique Capriles Radonski o al autoproclamado líder Enrique Márquez, los llamados políticos moderados.

Por ahora, el único plan económico para Venezuela –hundida en la inflación, la pobreza y la falta de divisas– consiste en que Estados Unidos ha asumido el control de la comercialización del crudo, además de la administración de las ganancias, y entrega dinero al gobierno venezolano según lo crea conveniente; por ejemplo, liberó 300 millones de dólares procedentes de las ventas petroleras para el pago de trabajadores del gobierno. El cinismo es de tal magnitud, que el máximo rostro de la represión venezolana, Diosdado Cabello, ha justificado la tutela con el argumento de que el control estadounidense sobre la comercialización del petróleo (y del oro) no es una imposición externa, sino un “plan maestro” y una estrategia diseñada por el propio Nicolás Maduro para la supervivencia del proyecto político revolucionario. En cualquier caso, la vida de la gente de a pie sigue siendo dificilísima, con una inflación galopante. El problema de la revolución nunca ha sido la ausencia de fuentes de ingreso, sino su incapacidad manifiesta para manejar la economía. No existe un plan (y mucho menos maestro), solo existe la voluntad de ganar tiempo.

La Ley de Amnistía sirvió para liberar a cientos de presos políticos; no obstante, las críticas a la ley no se han hecho esperar. La que más resalta es que obliga a los beneficiarios de la amnistía a reconocer delitos que no han cometido (terrorismo, incitación al odio). La otra es que en determinados casos los presos políticos no quedaron completamente libres. Un ejemplo es el de Perkins Rocha, el consultor jurídico de Vente Venezuela, la organización fundada por María Corina Machado, que tiene un brazalete geolocalizador en el tobillo y prohibición de salida del país. Estos abusos prueban que el gobierno de facto juega convenientemente con la duda: en cualquier momento se puede regresar a la represión descarada y brutal del pasado porque la Revolución bolivariana sigue teniendo el poder. Aunque Ernesto Villegas, ex ministro de las carteras de cultura y comunicación, haya reconocido que se cometieron excesos en la represión de las protestas, al igual que el diputado Jorge Arreaza, hay que estar en guardia, como de hecho lo están los organismos de derechos humanos al estilo de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Las recientes declaraciones del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero deben ser escuchadas con detenimiento; según el político español, Delcy y Jorge Rodríguez no estaban de acuerdo con la represión del gobierno de Nicolás Maduro, pero les tocaba ser leales. ¿Quién quita que toque de nuevo ejercer la lealtad al proyecto bolivariano?

El gobierno de facto creó el “Programa para la Convivencia y la Paz” cuyo fin en el papel implica un diálogo político real. No ha tenido ningún resultado hasta ahora. Aunque participan figuras que no pertenecen al oficialismo, como el académico Michael Penfold y el expresidente de Fedecámaras Ricardo Cusanno, ambos han mantenido distancia de la oposición mayoritaria y resultan figuras funcionales para el sistema. Por supuesto, está vetada la participación de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, un punto de honor para la cúpula del chavismo, negada a reconocer el fraude electoral en las elecciones presidenciales de julio de 2024. Los llamados moderados, como los excandidatos presidenciales Henrique Capriles Radonski y Manuel Rosales, tampoco están participando.

Lejos de mí negar que hay apertura y que la situación petrolera es mejor que antes del 3 de enero, fecha en la que fueron presos Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Han vuelto las protestas populares y se desarrolla cierta actividad política dentro del país, como en el caso de Juan Pablo Guanipa, militante del centrodemócrata Primero Justicia. Incluso, puede hablarse de algún cambio ministerial positivo, caso del nombramiento de Ana María San Juan como ministra de educación superior, y del de Ricardo Ríos, un disidente del chavismo con muchos años alejado del gobierno, como viceministro. Pertenecen a la llamada oposición moderada –un grupo minoritario que defiende que la dictadura saldrá algún día por la vía del diálogo y yendo a votar así las elecciones sean robadas– y tienen a su favor una sólida trayectoria universitaria. ¿Pueden hacer algo para que los profesores universitarios ganen más de 10 o 15 dólares al mes cuando sigue en pie el mismo gobierno que llevó a Venezuela a la ruina?

No basta con que Delcy Rodríguez o su hermano Jorge, presidente de la espuria Asamblea Nacional, reconozcan errores económicos o excesos de las fuerzas de seguridad del Estado. Estos signos positivos no pueden tomarse como pruebas de una transición democrática. La realidad es que el liderazgo opositor no tiene ningún peso en las decisiones que se están tomando dentro de Venezuela. Ni ante la pistola imperial la dictadura respeta a la vasta mayoría que no comulga con ella; para colmo, Trump es un machista redomado que menosprecia a los liderazgos femeninos y Rubio no tiene mayor margen de maniobra. En los meses por venir se verá el rumbo que tome Venezuela, pero estar alertas es la mejor actitud. ~