El decálogo de la memoria argentina

La Corte Suprema de Argentina aprobó un fallo que pretendía beneficiar a los militares condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Pero el archivo de consignas memoriosas que tiene el país se puso en marcha. Y dio sus frutos.
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Los pañuelos blancos se han convertido en un símbolo de la democracia argentina. Así quedó demostrado el 10 de mayo último, cuando una multitud diversa y plural se reunió en torno a una consigna, “Ningún genocida suelto”, y la Plaza de Mayo, el centro histórico y político de Buenos Aires, se convirtió en la “Plaza de los pañuelos”.

Las crónicas fotográficas de la tarde muestran a miles de personas que llevan pañuelos blancos en la cabeza o los agitan con las manos en alto. Esos pañuelos identifican a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, quienes empezaron a cubrirse la cabeza con ellos el el 30 de abril de 1977, cuando por primera vez marcharon alrededor de la Pirámide de Mayo en reclamo de la aparición con vida de sus hijos, secuestrados en centros clandestinos de detención y tortura.

La escena del 10 de mayo tuvo su antesala: el llamado fallo “2×1” aprobado por la Corte Suprema de Justicia, con el que se pretendió aplicar el doble cómputo de la detención cumplida al represor Luis Muiña, condenado a 13 años por el secuestro y tortura de cinco personas en 1976, cuando se desempeñaba como seguridad interna en el Hospital Posadas, ubicado en el oeste de la Provincia de Buenos Aires. El 2×1 implicaba una reducción de la pena, a la mitad, para los represores detenidos por delitos de lesa humanidad sin condena firme. Por eso, horas después de que se conociera el fallo aprobado por la Corte, los abogados de los represores se agolparon en los tribunales para pedir el privilegio para sus defendidos: unos 750 represores presos estaban en condiciones de solicitar ese beneficio.

Durante unas horas reinó el temor y la incertidumbre: los genocidas condenados a partir del año 2007 podrían volver a las calles. Esto desató un profundo debate social e institucional. Los testimonios de personas secuestradas y torturadas volvieron a escucharse en la radio y en la televisión. Fue entonces cuando el decálogo de la memoria argentina se puso en marcha.

Este decálogo podría definirse como un archivo oral de consignas políticas acerca del pasado reciente, que forma parte del sentido común de un grupo mayoritario de la sociedad argentina. Las consignas marcan una dirección y un camino a seguir desde hace 40 años. “Son 30 mil (los desaparecidos)”, “Juicio y castigo (a los responsables)”, “Memoria, Verdad y Justicia”, “ni olvido ni perdón” y “fue un genocidio” son algunos de los mandamientos que forman parte del decálogo de la memoria.

Las consignas se superponen unas con otras y tienen su origen en los años de transición democrática, entre 1982 y 1984, cuando el país pasaba de un gobierno de facto a un gobierno electo. Esos años fueron claves para que la sociedad procesara el trauma vivido durante el terrorismo de Estado: las consignas que integran el decálogo fueron una manera en la que la sociedad pudo elaborar el horror de lo vivido. Surgió entonces –durante la transición democrática y con la elaboración de consignas– un “pacto fundante de la democracia” explica Paula Canelo, doctora en Ciencias Sociales y especialista en historia política de la Argentina reciente.

“El 2×1 traicionó ese pacto democrático: había un acuerdo colectivo que implicaba prisión a los responsables del trauma. Pero con el 2×1, el poder judicial lo vulneró. Entonces la sociedad salió a reclamar para que los represores continúen presos. La plaza de los pañuelos escenifica a una comunidad que necesita verse tutelada por la ley”, explicó Canelo.

Si el decálogo de la memoria existiera en forma de manual o libro, el primer mandamiento sería “Nunca más”. Ese fue el nombre del informe –luego publicado como libro– que elaboró la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) en 1984. En ese informe se plasma la primera investigación sobre desapariciones, secuestros y torturas sucedidos en el país durante los años de plomo. El documento fue utilizado para enjuiciar y condenar a las juntas militares. En el año 1985, al finalizar el juicio en el que declararon 833 personas y fueron condenados a reclusión perpetua Jorge Rafael Videla y Eduardo Massera —máximas autoridades del gobierno militar— el fiscal Julio César Strassera cerró su alegato con la misma expresión: “Señores jueces: nunca más”. Esas palabras se convirtieron en una expresión de anhelo colectivo respecto al pasado reciente.

En Argentina, la dictadura militar tuvo particularidades específicas: los métodos de tortura y persecución fueron extremadamente crueles, y los centros de detención estaban ubicados en medio de las ciudades. Por eso, Canelo analiza: lo que impera en Argentina es una “memoria triunfante que se construyó por oposición a otras; porque las memorias son como espejos”.

Las Madres, parte creadora del decálogo, se ganaron una consigna propia. “Madres de la Plaza, el pueblo las abraza”, reza uno de los mandamientos de la memoria que se entona como cántico en toda marcha o movilización donde las Madres —ya entradas en años y con algunos problemas de salud— se hacen presentes. En la marcha contra el 2×1 fue una de las consignas que brotaron de manera espontánea por parte de la marea humana que se movilizó contra un nuevo intento de impunidad.

“Fue una guerra”, “Memoria, Verdad y Justicia”, “aparición con vida y “¿dónde están los nietos?” —hijos de desaparecidos apropiados por familias militares— son otras de las consignas que integran el decálogo. Detrás de estas expresiones sintetizadoras y constructivas, siempre vivas y activas como mandamientos populares, se agrupó la sociedad luego de conocerse el fallo 2×1. El miércoles 10 de mayo, el decálogo de la memoria se actualizó con una nueva consigna. Al “Señores jueces: nunca más” se añadió otra expresión de anhelo colectivo: “ningún genocida suelto”.

 

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Licenciada en Comunicación Social y periodista digital. Colabora con varios medios de Argentina y con áreas de comunicación en organizaciones especializadas en derechos humanos.


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