Los terremotos tienen un hábito extraño de golpear a Venezuela cuando el país intenta reinventarse.

En 1812, mientras la naciente República luchaba por sobrevivir en plena guerra de independencia, tres terremotos devastaron Caracas y buena parte del centro del país. Miles de personas murieron, mientras iglesias, conventos y edificios públicos quedaron reducidos a escombros. El desastre fue interpretado por muchos como un castigo divino contra la revolución. Sin embargo, sus consecuencias más inmediatas fueron mucho más tangibles: destruyó infraestructura, desorganizó la defensa republicana y debilitó a un Estado que apenas comenzaba a existir. Pocas semanas después, la Primera República capituló ante las fuerzas de Domingo de Monteverde.

Ciento cincuenta y cinco años más tarde, cuando Caracas celebraba los cuatrocientos años de su fundación y buscaba exhibirse como la vitrina de una democracia joven y optimista, otro terremoto volvió a sacudir la ciudad. El desastre interrumpió abruptamente aquella celebración, pero también puso de manifiesto la existencia de un Estado capaz de responder. En los meses siguientes, el Congreso aprobó una ley especial para financiar la reconstrucción de las zonas afectadas, el país revisó sus políticas de reconstrucción y la ingeniería venezolana incorporó lecciones que transformarían la forma de construir en las décadas siguientes. El terremoto dejó muertos y edificios en ruinas, pero también un Estado mejor preparado para enfrentar la siguiente emergencia.

Los terremotos del 24 de junio de 2026 encuentran a Venezuela en otro de esos momentos de transición. Después de más de una década de colapso económico, aislamiento internacional y deterioro institucional, el país apenas comenzaba a imaginar la posibilidad de una reconstrucción. No se trataba todavía de un renacimiento, sino de la esperanza de uno. Es precisamente en ese momento cuando la naturaleza obliga a los venezolanos a responder una pregunta que llevaban demasiado tiempo posponiendo: ¿qué Estado queda para reconstruir?

Un terremoto es un fenómeno natural. Una tragedia nacional es, en gran medida, un fenómeno político. Las primeras veinticuatro horas posteriores a los sismos ya permiten vislumbrar una respuesta devastadora.

En cuestión de horas, el gobierno se vio obligado a abandonar dos de los reflejos que habían definido su manera de ejercer el poder durante años. Levantó discretamente varias de las restricciones impuestas sobre las redes sociales para facilitar la circulación de información sobre desaparecidos y sobrevivientes. También aceptó ayuda internacional y solicitó el apoyo del sector privado para suplir capacidades que el propio Estado ya no podía ofrecer. La emergencia obligó al régimen a reconocer, aunque fuera implícitamente, los límites del modelo estatal que había construido.

En hospitales públicos de todo el país comenzaron a aparecer llamados urgentes solicitando donaciones de gasas, guantes y otros insumos básicos. No equipos de última generación ni medicamentos de alto costo: los materiales más elementales de cualquier sala de emergencias. Las listas constituyen el reconocimiento implícito de que el sistema de salud venezolano llegó a una de las mayores emergencias de su historia reciente sin las reservas mínimas para enfrentarla.

Mientras tanto, familiares recorren hospitales buscando listas de sobrevivientes escritas a mano y fotografiadas con teléfonos celulares para ser compartidas en redes sociales. La información oficial llega tarde o simplemente no existe. Aun ahora, las bases de datos más completas son las construidas por voluntarios y organizaciones de la sociedad civil.

La VenApp, una plataforma que el gobierno promovió como canal directo entre los ciudadanos y el Estado y que durante años fue utilizada, entre otras cosas, para incentivar denuncias contra opositores y fortalecer mecanismos de control social, intenta ahora convertirse en un registro de víctimas y desaparecidos. La paradoja resulta difícil de ignorar. Mientras voluntarios organizan la información más útil para encontrar sobrevivientes, una herramienta diseñada para identificar y clasificar ciudadanos demuestra ser mucho menos eficaz cuando la tarea consiste en localizarlos y salvarles la vida.

Durante más de dos décadas, las Fuerzas Armadas ampliaron su presencia hasta ocupar espacios tradicionalmente reservados para instituciones civiles. Administraron empresas, puertos, ministerios, gobernaciones, programas sociales e incluso sectores completos de la economía, demostrando una extraordinaria capacidad de movilización cuando el objetivo era controlar protestas o garantizar la supervivencia del régimen. Nunca las Fuerzas Armadas habían ocupado tanto espacio dentro del Estado venezolano. Nunca habían parecido tan ausentes cuando ese mismo Estado más las necesitaba.

Mientras rescatistas trabajan con herramientas improvisadas y voluntarios organizan las labores de búsqueda, la presencia de las Fuerzas Armadas en las zonas más afectadas resulta casi nula. En varios frentes son equipos civiles, bomberos y organizaciones comunitarias quienes asumen funciones que normalmente corresponderían al Estado. Resulta particularmente indignante que las Fuerzas Armadas de Colombia y México hayan logrado desplegarse con mayor celeridad para atender la emergencia que unas Fuerzas Armadas venezolanas presentes en cada rincón del país y de la administración pública. La tragedia pone de manifiesto una diferencia fundamental entre un Estado militarizado y un Estado capaz.

Las imágenes de los rescatistas trabajando con linternas de teléfonos celulares prestados, excavando entre los escombros con herramientas improvisadas y solicitando donaciones de equipos básicos por redes sociales condensan mejor que cualquier estadística el estado actual de las capacidades públicas venezolanas.

Quizás ninguna imagen resulte tan simbólica como el colapso de viviendas construidas por la Gran Misión Vivienda Venezuela para albergar a familias afectadas por las inundaciones de 2010. Urbanizaciones concebidas como respuesta a una tragedia terminaron sucumbiendo durante la siguiente. Entre ellas, el Urbanismo Hugo Chávez. Hay metáforas que ningún escritor podría inventar.

Ninguna de estas imágenes explica los terremotos. Todas explican el Estado que los terremotos encontraron.

Sería un error atribuir al gobierno la responsabilidad por un terremoto. La naturaleza no distingue entre democracias y autocracias. Pero sí distingue entre Estados capaces de prepararse y responder, y Estados que han sacrificado esas capacidades en favor de otras prioridades.

Durante años, el chavismo construyó un aparato extraordinariamente eficaz para conservar el poder. Invirtió recursos en vigilancia, inteligencia, propaganda, control territorial y lealtades políticas. Mientras tanto, las capacidades silenciosas del Estado, aquellas que rara vez ocupan titulares pero que sostienen a una sociedad cuando todo lo demás se derrumba, fueron deteriorándose: hospitales abastecidos, cuerpos de rescate equipados, protección civil, infraestructura mantenida, cadenas logísticas y mecanismos de coordinación entre instituciones.

El terremoto no destruyó esas capacidades. Llegó demasiado tarde para eso. Lo que hizo fue exponer, de la forma más cruel posible, lo poco que realmente quedaba de ellas.

La tragedia llega, además, en un momento especialmente cruel. Justo cuando Venezuela comenzaba a discutir cómo reconstruir su economía, recuperar sus instituciones y volver a insertarse en el mundo, el país ha debido enfrentarse a una realidad mucho más elemental. Antes de preguntarse cómo reconstruir el futuro, ha tenido que descubrir cuánto quedaba realmente del Estado bajo los escombros.

Hace más de dos siglos, tras el terremoto de 1812, Simón Bolívar respondió a quienes interpretaban el desastre como un castigo divino con una frase que quedó grabada en la memoria venezolana: “Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca”. La naturaleza nunca dejó de oponerse. Lo que cambió fue la capacidad del Estado venezolano para responder a sus embates. Hoy, más que un Estado dispuesto a desafiar a la naturaleza, Venezuela necesita uno capaz de prepararse para ella, mitigar sus consecuencias y proteger a sus ciudadanos cuando inevitablemente vuelva a golpear. ~