Subirme al famoso título de Daniel Cosío Villegas es una licencia grande, lo reconozco. Pero no encontré mejor guía para describir un nuevo tipo de régimen: ese en el que los militares se apropian de la administración pública sin tomar la jefatura de Estado.
Finaliza 2021, el tercer año de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, el año de la diversificación profesional del Ejército mexicano, y al ver soldados incluso en la Feria Internacional del Libro me pregunto si todo tiempo pasado fue mejor.
Pero es difícil limpiar de manchas el ayer. Mejor enunciarlo así: todo presente puede sorprendernos con un peor rostro. Ahora temo echar de menos los tiempos en que alertábamos de la falta de preparación policiaca de los militares metidos a tareas de seguridad pública. Se extrañan, por así decirlo, las discusiones sobre los derechos humanos y los preceptos constitucionales que se estaban violentando. O se extraña que esas discusiones fueran el único eje.
Hoy la sociedad mexicana constata con pasmo que no es necesario un golpe de Estado ni un horrífico magnicidio para que los militares gobiernen. Ya no parece requisito que los generales hagan a un lado al presidente, a los gobernadores electos o a los legisladores. Les basta con apropiarse, por la vía de acuerdos, de las instituciones gubernamentales.
México es un país con una fuerza militar de 319 mil soldados y creciendo. Como en todos lados y en todos los tiempos, esta fuerza compone un agente a la vez necesario y temible para el sistema político. Durante la construcción del régimen priista del siglo pasado, los generales y los licenciados encontraron un punto de equilibrio que permitió separar a los líderes militares del juego político y de la violenta sucesión presidencial. El ejército obtuvo un status privilegiado para succionar la ubre estatal y los civiles pudieron matarse entre ellos sin batallones de por medio.
El régimen, además, se inventó una linda historia sobre el amor a la patria del leal, noble y sacrificado ejército mexicano, que aquí no tenía generales orangutanes que quisieran ser llamados presidentes. Aquí servían al gobierno, perseguían a guerrilleros y, ya saben, lo de los estudiantes. Eran un elemento de estabilidad.
En los últimos 15 años, el destino de los militares comenzó a cambiar.
Primero para muy mal. Los obligaron a trabajar disparando a los narcotraficantes y, aunque los mandaron con fusil, los dejaron sin escudo. Ignoro si esa es la razón que explica la deserción militar que de 2000 a 2012 llegó a la escandalosa cifra de 163 mil 699 en esos años, casi 40 por ciento del ejército mexicano. Los soldados, cabos y sargentos fueron abandonados por el gobierno panista de Vicente Fox y sobreutilizados por el gobierno, también panista, de Felipe Calderón.
Los militares se las arreglaron como pudieron y como era de esperarse: usando su fuerza y su fuero, pero además construyendo distintas relaciones en el nuevo vecindario, relaciones en las que, de ser posible, llevaran las de ganar. Así se comenzó a gestar un nuevo rostro frente al poder civil, el poder criminal, las empresas estatales y la sociedad política mexicana.
La deserción, por cierto, ya es cosa del pasado. Se detuvo la sangría en el periodo de Enrique Peña Nieto, y entre 2018 y 2021 menos de 3 mil soldados (uno por ciento) han dejado su lugar. Y no es para menos: tienen más recursos que nunca, más negocios con el estado, más funciones además de la ingrata tarea de perseguir criminales, y siguen contando con el status especial que los protege de la monserga democrática de rendir cuentas.
El Inventario Nacional de lo Militarizado registra 10 funciones de carácter civil asignadas al Ejército y más de 200 tareas fuera de su ámbito, muchas de ellas con recursos de los estados y de los municipios. Cada peso que una instancia civil compromete en un acuerdo bilateral con algún general es un peso que debilita las capacidades de la administración pública y fortalece el músculo de las fuerzas armadas.
Hoy los militares cabildean sin tapujos y venden sus servicios sin remilgos. Firman convenios con todos los gobiernos, de todos los niveles, para tareas de todo tipo. En 2020 firmaron con la Ciudad de México para construir un hospital, con Puebla para hacer un centro educativo, a Coahuila le cobraron recursos estatales por construir instalaciones militares, en Guanajuato, tierra de agricultores exitosos, el Ejército recibió lo correspondiente para producir plantas de reforestación. Son sólo unos ejemplos. La Secretaría de Seguridad le ha transferido 20 funciones. ¿Les parece normal? A quienes gustan de militarizar la seguridad pública, seguramente sí. Pero con qué argumento justifican que el Conacyt haya delegado nueve funciones que le correspondían y que la Secretaría de Bienestar le haya destinado poco más de dos mil 500 millones de su propio presupuesto.
Más ejemplos, todos para enarcar la ceja, se pueden encontrar en el Inventario Nacional de lo Militarizado. ¿Por qué los militares construyen hospitales, abren brechas, supervisan aeropuertos, patrullan ferias de libro, administran aduanas y regentean bancos? Porque pueden. El gobierno federal no solo buscó militarizar la seguridad pública; abrió la puerta para la militarización de la administración pública.
En 2019, Francisco Durand escribió desde Perú un libro en el que reflexiona sobre la captura del Estado en América Latina. Durand se refiere a la concentración de poder político desconectado de la sociedad y describe las etapas a través de las cuales una amalgama grupos económicos puede capturar al Estado.
No aplica su modelo para el Ejército, pero su concepto sí. Básicamente se trata del abuso e influencia de un grupo de poder fáctico que no necesariamente busca la silla gubernamental; lo que importa es su influencia en los aparatos de Estado para sus intereses de gremio, ya sean, entre otros, mafias criminales, clanes políticos, clubes empresariales, grandes corporaciones o grupos financieros.
Hoy en México se ve algo así. Los militares cabildean leyes, construyen hospitales, abren brechas, supervisan aeropuertos, patrullan parques y ferias de libro, administran aduanas y regentean bancos. No se trata solo de tareas administrativas en las que están ayudando a México. En cada caso, el ejército desplaza a los poderes territoriales sujetos a controles democráticos y cambia la lógica política y presupuestal de la zona en la que trabajan.
Adicionalmente, erosionan el servicio público. Para qué formar cuadros profesionales o carrera civil, para qué abrir diálogo con poblaciones que serán inundadas, si serán los militares los que pongan a sus ingenieros a construir las presas y serán los soldados los que impidan el paso a los opositores con machetes.
La militarización mexicana no es un riesgo, no es algo que puede suceder. Es lo que está pasando. Es el estilo militar de gobernar.
es politóloga y analista.
