La propuesta de crear un frente amplio de oposición para competir en las elecciones federales de 2018 parece una de esas ideas que lucen perfectamente lógicas en el papel y luego la realidad mexicana se encarga de enviar al cesto de basura. El primer obstáculo es el escepticismo generalizado sobre las motivaciones de la iniciativa, sobre todo las de la directiva del PRD. El otrora partido principal de la izquierda mexicana carece de candidatos presidenciales viables y da la impresión de estar aferrándose a la coalición para no sufrir una humillante derrota en 2018 que ponga en riesgo hasta el registro. Si la iniciativa del Frente Amplio Democrático tiene alguna posibilidad de materializarse, ésta radica principalmente en la capacidad de las dirigencias partidistas que la promueven de ceder el protagonismo a los ciudadanos y su agenda para la transformación del país.
Existe un antecedente que vale la pena recordar. En 1997, cuando el PRI perdió la mayoría absoluta en el Cámara de Diputados y el gobierno de la Ciudad de México, hubo sectores del PRD y del PAN que iniciaron acercamientos para acordar una agenda legislativa común abocada principalmente a desmantelar el aparato corporativo priista. En el centro de la agenda estaba una iniciativa de reforma laboral a favor de la libertad sindical y la transparencia en la negociación colectiva. Las diferentes prioridades legislativas del PRD y el PAN dejaron esta propuesta de reforma laboral en el cajón, pero la idea de la coalición amplia de oposición volvió a cobrar fuerza al acercarse la elección presidencial del año 2000, y se empezaron a discutir los posibles mecanismos para la selección del candidato presidencial de unidad opositora. En esa ocasión, la popularidad en aumento de Vicente Fox debió haber convencido a la dirigencia panista de que podían ganar con candidato y agenda propios –como a la postre sucedió– y las negociaciones colapsaron.
Muchos de los dirigentes partidistas, analistas políticos y hasta consejeros electorales que protagonizaron ese experimento fallido hace casi 20 años se formaron en el estudio de las transiciones democráticas. La idea detrás de la coalición opositora entre 1997 y 2000 era la implementación en México de uno de esos pactos para la transición a la democracia como los que posibilitaron el cambio en España, Chile, y algunos países de Europa del Este. Para bien o para mal, la transición en México se materializó con la presidencia de Vicente Fox y el fin del monopolio priista en el Congreso de la Unión, sin que mediara un amplio pacto político-social para su concreción.
Ese contexto no existe en la actualidad. En México llevamos 17 años de alternancia en el poder Ejecutivo, fragmentación en el Legislativo y una compleja red de interacciones entre los distintos niveles de gobierno como resultado de la participación de diferentes partidos. El pacto político en la actualidad tendría que dirigirse a algo aun más trascendente que la transición a la democracia: la reconstitución del Estado mexicano.
Esta es una tarea que el actual grupo en el poder no puede llevar a cabo. La administración de Enrique Peña Nieto significó en los hechos una luz verde para la captura de los órganos de gobierno por parte de personajes y camarillas que operan fuera de la legalidad, a través de la corrupción generalizada e incluso el crimen organizado, como es el caso de los exgobernadores priistas de Veracruz, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila y un largo etcétera. La impunidad, desde la residencia del poder presidencial hasta el palacio municipal más humilde del país, es el ácido que corroe los cimientos de las instituciones públicas.
La respuesta desde el lopezobradorismo es tratar de convencer a los electores de que la solución consiste únicamente en colocar al dirigente providencial al frente de los destinos del país. Es cierto, se puede decir casi con toda seguridad Andrés Manuel López Obrador jamás se ha embolsado un centavo de los dineros públicos y su modesto estilo de vida es genuino. Pero su reacción ante casos comprobados de corrupción en su círculo más cercano, su tácita aceptación de las estructuras paralelas de recaudación de fondos, así como la falta de un auténtico programa de reconstrucción ética de las instituciones del país, no son nada alentadores.
Esa amplia franja entre ambos extremos, el continuismo hacia el fondo y el voluntarismo sin programa, es el espacio que debería ser ocupado por un pacto para la reconstrucción nacional, con base en una agenda mínima de medidas para el rescate del estado de derecho. A su vez, esa agenda sería el primer compromiso hacia una candidatura de unidad. El problema en este momento es que los promotores de esta idea, planteada como un frente amplio democrático, carecen de la legitimidad para ponerla en práctica. El PRD y PAN, instituciones políticas inmersas en la actual crisis del Estado mexicano, comparten su porción de culpa por la situación del país. Ambos partidos han solapado a corruptos y delincuentes y han hecho un uso faccioso de los recursos públicos a los que han tenido acceso.
La única esperanza para el frente amplio es que las dirigencias partidistas que en este momento sostienen la propuesta le pasen la batuta a liderazgos de la sociedad civil y que se comprometan públicamente a respaldar la candidatura que surja de ese proceso ciudadano. Un eventual gobierno de unidad nacional no será por definición antipartidista, ni siquiera apartidista. De hecho ofrecerá a los partidos la oportunidad de reconstituirse en torno a plataformas de políticas públicas que competirán libremente en la arena política. Sin embargo, para materializarse lejos de las actuales estructuras corroídas por la corrupción, necesitará poner a los ciudadanos al volante.
Politólogo, egresado de la UNAM y de la New School for Social Research.
