El 25 de febrero, el presidente López Obrador dio a conocer los resultados de la encuesta sobre la operación de la termoeléctrica en Huexca. Luego de numerosos incidentes, como la sustracción y quema de boletas, el despliegue de operativos antimotines, el asesinato del activista opositor Samir Flores tres días antes de la consulta y el rechazo de 200 activistas, académicos y pobladores, el 59.5% de los 55 mil 715 votantes se pronunció a favor de continuar con el Proyecto Integral Morelos (PIM), conformado por la termoeléctrica en Huexca, un gasoducto y un acueducto en Puebla y Tlaxcala.
El PIM no es una iniciativa de la administración de López Obrador. Empezó a planearse en 2009 y un año después la Secretaría de Energía autorizó a la CFE iniciar su construcción, la cual fue concesionada a las empresas españolas Elecnor, Enagas y Abengoa. Pero la obra se puso en marcha sin consultar a las comunidades aledañas. Ante la violación de sus derechos y los riesgos ambientales que representaba –contaminación del agua y el peligro de una explosión por ubicarse en una zona de alta sismicidad cercana al volcán Popocatépetl–, colectivos formados por los pobladores consiguieron seis amparos que suspendieron sus operaciones hasta ahora.
En 2014, durante un mitin en Yecapixtla, López Obrador se comprometió a defender a los pueblos de Morelos de las obras federales que podrían afectarlos. “Es una ofensa y un agravio para la tierra de Emiliano Zapata que nos quieran imponer la Termoeléctrica de Huexca, es como si fueran a Jerusalén y construyeran un basurero tóxico o una planta nuclear”, dijo el entonces dirigente de Morena. Cinco años después, es uno de sus principales promotores, bajo los argumentos de que su cancelación provocaría una pérdida de 25 mil millones de pesos y de que su operación generará empleos en la zona y abaratará los costos de energía eléctrica. A propósito de la polémica por la operación de la termoeléctrica, el presidente aseguró que su gobierno no podría llevar a cabo “ninguna actividad económica por importante que sea afectando el medio ambiente, contaminando el agua, dañando el territorio”, y firmó un convenio con la UNESCO para que realice un análisis técnico y científico de la calidad del agua del río Cuautla.
Pero la falta de ejes medioambientales en la creación de sus políticas y proyectos de infraestructura es notoria. El aeropuerto en Santa Lucía, la refinería en Dos Bocas, el Tren Maya y el Corredor Transístmico tienen como elemento común la falta de proyectos ejecutivos que estimen tiempos, costos e impacto ambiental. Si a eso se suman la cancelación de las subastas eléctricas y la inversión en hidrocarburos, parece claro que el desarrollo sostenible del país no es una prioridad para la actual administración.
En efecto, las energías limpias han sido relegadas en los cálculos presupuestarios. Según cifras del Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP), el 74.8% del presupuesto energético se destina a la producción de crudo, la generación eléctrica y el pago de pensiones. Es decir, el 19.1% del presupuesto total del 2019 está en manos de Pemex y CFE para que realicen tareas de refinación del petróleo y operación de plantas de carbón y gas, por encima de la inversión en energías renovables y la regulación energética. En la opinión de Juan Mayorga, “el principal error de esta administración es que, mientras ha anunciado y avanzado con prisas en una revitalización intensiva de los fósiles, no ha dicho qué pasará con las renovables, en un momento en que la energía eólica es la más barata en el país y el precio de la fotovoltaica cae a ritmo continuo”.
A inicios de febrero, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) anunció la cancelación de la cuarta subasta para adquisición de energía limpia mediante contratos de la CFE, por considerar que las empresas privadas participantes tenían conflictos de interés. La noticia no fue bien recibida por los empresarios, porque gracias a las tres subastas previas se lograron inversiones por 9 mil millones de dólares y se comprometió la construcción de 67 nuevas centrales de tecnología fotovoltaica, eólica, hidroeléctrica y geotérmica. La agencia de calificación crediticia Moody’s evaluó esta medida como “negativa porque plantea dudas sobre el compromiso de México con la inversión en energías renovables y arroja dudas sobre el futuro de la financiación privada para nuevos proyectos energéticos”.
El modelo de subastas anuales que se emprendió a partir del 2015 puso al país en un ruta que le permitiría atender sus compromisos en el combate al cambio climático mediante la transición a energías renovables, pero los cambios recientes en la política energética mandan un mensaje opuesto. En entrevista a El Economista, el consultor energético Ramsés Pech declaró: “La cancelación de la subasta retrasa las metas de generación limpia por lo menos 10 años. No olvidemos que los compromisos internacionales que ha hecho México incluyen también llegar a 2050 con 50% de generación limpia, esto no será posible”.
Para López Obrador y su equipo, solo las empresas estatales deben encargarse de la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía, aunque eso implique un mayor gasto y la limitación de competencia económica. Como escribió Gonzalo Monroy en este sitio, la decisión de invertir en los hidrocarburos y combustibles fósiles implicaría “mayores costos de generación”, así como “mayores problemas de salud pública, especialmente en enfermedades respiratorias, derivadas del incremento de emisiones contaminantes”.
Por su parte, la directora de CONACYT, Elena Álvarez-Buylla declaró que uno de los proyectos científicos más importantes del sexenio es el que se tiene en conjunto con la Secretaría de Energía, el cual consiste en la generación y transición hacia energías limpias para disminuir los impactos en el cambio climático. Pero en la práctica los planes del presidente no parecen ir de la mano de los científicos, pues uno de sus proyectos prioritarios más importantes es la refinería en su natal Tabasco.
De acuerdo con el más reciente reporte financiero de Pemex, la construcción del complejo en Dos Bocas está prevista para finales del 2019. Pero los trabajos de deforestación de la zona iniciaron el año pasado, sin contar con las autorizaciones de cambio de uso de suelo forestal y de impacto ambiental, como denunciaron en noviembre el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y Greenpeace. A pesar de la multa de casi 14 millones de pesos y de la obligación de establecer un programa de reforestación de mangle en 82.8 hectáreas que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) impuso a la empresa SCCA, López Obrador aseguró que los trabajos de construcción de la refinería continuarán porque es necesaria para dejar de importar gasolina. Así, las licitaciones para la refinería están previstas para marzo aunque en la Gaceta Ecológica –donde se dan a conocer los resultados de impacto y riesgo ambiental en obras del gobierno federal– no se ha publicado información sobre ella. Hoy, antes de que inicien las obras, el terreno donde se construirá está afectado por agua contaminada, por lo que el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, solicitó ayuda al gobierno de los Países Bajos para encontrar una solución al problema ambiental y de salud pública.
Todo proyecto de infraestructura necesita cumplir el Procedimiento de la Evaluación de Impacto Ambiental contemplado en el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Dentro de este procedimiento debe realizarse una consulta a las comunidades indígenas que podrían ser afectadas, conforme al acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Posteriormente, tienen que solicitarse los cambios de uso de suelos forestales a la Semarnat. Finalmente, para que las obras puedan iniciar es necesario revisar los planes de desarrollo urbano local, garantizar la protección a la flora y fauna y establecer un plan de conservación de las áreas naturales protegidas cercanas. En su columna en El Universal, Gustavo Alanís, director del Cemda, incitó a las autoridades a respetar el marco de la normatividad ambiental vigente para llevar adelante sus megaproyectos respetando el entorno y no violando el Estado de derecho.
México es uno de los cinco países con mayor variedad de ecosistemas y diversidad biológica. El capital natural, es decir, los recursos que se obtienen de los ecosistemas, ha hecho posible el desarrollo de actividades económicas importantes, como la agricultura, la explotación petrolera y el turismo. Sin embargo, el abuso de dicho capital y la falta de políticas públicas que velen por su conservación y restauración han provocado la contaminación del agua y del aire, la degradación de los suelos y el riesgo de que desaparezcan alrededor de 2,500 especies animales y vegetales.
En Políticas públicas hacia la sustentabilidad: incorporando la visión ecosistémica, las investigadoras Carla Galán, Patricia Balvanera y Fabiana Castellarini plantean que “El bienestar de la sociedad está íntimamente ligado con el mantenimiento de los procesos naturales y del capital natural”. El modelo de desarrollo preponderante ha generado desequilibrios ecológicos que, de seguirse ignorando, intensificarán las pérdidas y costos socioeconómicos. Para hacer frente a esto, se requiere transformar el enfoque de las políticas públicas e integrar los estudios ambientales en la toma de decisiones, pues solamente así se logrará un “desarrollo ambientalmente sano, económicamente viable y socialmente equitativo”.
Con investigación de Karla Sánchez
