Durante años, Steven Kefas fue el director de operaciones de una empresa de servicios medioambientales en Port Harcourt, una boyante ciudad petrolera situada en la desembocadura del delta del río Níger, al sur de Nigeria. En 2009, se registró en Facebook como cualquier otro joven nigeriano, en una época en la que la red social estaba de moda. Simplemente quería publicar fotos. En 2010, se unió a Twitter.
Ahora, en su perfil de Twitter, Kefas se describe a sí mismo como un “periodista accidental”, antes “reportero del terror” y alguien que fue “preso político por 162 días.” Asimismo, se ha convertido en un símbolo de las libertades de prensa amenazadas en Nigeria, e incluso aparece en el informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos de 2019. Su historia ejemplifica el ataque de las autoridades nigerianas a la libertad de expresión.
A partir de 2013, Kefas empezó a recibir noticias preocupantes de Kaduna, su estado natal en el noroeste de Nigeria. Sus seres queridos le enviaban relatos y fotografías de ataques sangrientos, a veces mortales, contra la población del sur de Kaduna, una zona ocupada por comunidades agrarias mayoritariamente indígenas. Los asesinatos eran perpetrados por pastores, en su mayoría miembros del dominante grupo fulani. Kefas empezó a publicar las noticias y las fotos en Facebook y Twitter.
A principios de este año, Kefas me dijo que creía que su activismo en las redes sociales obligó a las agencias de seguridad nigerianas a ser más reactivas ante los ataques en la región, pero también lo convirtió en un objetivo. El 5 de abril de 2018, después de varios años, la situación alcanzó un punto de inflexión cuando publicó fotos de los cadáveres de dos jóvenes que habían sido asesinados en una masacre. El usuario de Facebook Comr (abreviación de comrade, o camarada) Mohammed Idris, miembro del Congreso de Todos los Progresistas, partido nigeriano gobernante en el estado de Kaduna, le respondió: “SERÁS ENCARCELADO pronto si no respondes algunas preguntas de seguridad”. Ese mismo mes, el gobernador de Kaduna, Nasir Ahmad el-Rufai, le tuiteó: “Estimado Sr. Kefas: Esta declaración irresponsable y difamatoria requerirá una respuesta. Así que espero que cuando reciba la orden judicial, pueda comprobar la difamación. Estamos rastreando su dirección para la notificación de los procesos judiciales. Ayude con el proceso proporcionándola pronto”.
Mientras que algunos nigerianos –y el propio gobierno de Nigeria– ven la violencia en Kaduna como una serie de conflictos por la tierra entre pastores de ganado (los fulani) y agricultores (los habitantes del sur de Kaduna), Kefas, al igual que muchos en su región, ve los asesinatos como una forma de genocidio o limpieza étnica. La situación se agravó en octubre de 2018, cuando Su Alteza Real Maiwada Raphael Galadima, el Agom Adara, gobernante tradicional del pueblo adara (un grupo étnico prominente en el sur de Kaduna), viajó para reunirse con el gobernador del estado de Kaduna, Mallam Nasir el-Rufai, un fulani.
El jefe adara, cuyo cargo está reconocido por el Estado nigeriano, visitó al gobernador para hablar del deterioro de la seguridad en las tierras de los adara. En su regreso a casa, él y su esposa fueron secuestrados por presuntos pastores fulani. Su esposa fue liberada siete días después. Pero el monarca fue asesinado, sin importar que los adara habían pagado un rescate. Poco después, en abril, a pesar de las advertencias que recibió, Kefas publicó un post titulado: “Cómo empezó el genocidio de Kajuru“, en el que argumentaba que el asesinato no fue un acto criminal al azar, sino un asesinato político (Kajuru es el epicentro de los ataques violentos contra las comunidades agrícolas del estado de Kaduna). A pesar de los problemas que le traería, Kefas se siente orgulloso de la publicación. “Era la primera vez que alguien se atrevía a escribir un artículo con una crónica de los hechos que conectaba los puntos de tal manera que se señalaba la complicidad del gobierno del estado de Kaduna en los sucesos ocurridos en el sur de Kaduna”, me dijo en una entrevista. Ante la ausencia de una prensa autorizada que informara de forma exhaustiva sobre la crisis del sur de Kaduna, Kefas comentó que se impuso ante el vacío informativo y creó conciencia sobre los asesinatos a través de su activismo en las redes sociales.
“En el momento más álgido de esos asesinatos, cada vez que un pueblo es atacado, los aldeanos me llaman a mí en lugar de llamar al gobierno o a los organismos de seguridad”, me dijo.
Le pregunté a Kefas cómo verificaba la mayor parte de la información sensible que compartía, teniendo en cuenta que no era un periodista formado o profesional.
Dijo que confiaba en sus fuentes, ya que eran personas confiables, como los líderes de la comunidad y los jefes tradicionales. “Nunca ha habido alguna ocasión en la que la información que me han dado haya resultado ser falsa. En cambio, cuando me dicen que hay diez víctimas, al final del día puede haber hasta cincuenta”, dijo.
En algunas ocasiones en las que recibió llamadas de auxilio de los líderes de la comunidad, Kefas dijo que se podían escuchar disparos de fondo y gritos de mujeres y niños corriendo por sus vidas. “En mi teléfono móvil, que actualmente está en manos de la policía, tengo registros de llamadas con tiros de armas de fuego, conmoción y gente corriendo. En ese teléfono, hay algunas imágenes que nunca se han compartido en el dominio público”. El móvil está en manos de las fuerzas del orden desde mayo de 2019, cuando fue detenido y permaneció en prisión durante 162 días.
Kefas cree que sus teléfonos estaban intervenidos mucho antes de su detención, y durante mucho tiempo dejó de utilizar su dispositivo personal. En su lugar, se sentía más cómodo utilizando su teléfono del trabajo. A pesar de las precauciones que tomaba, dijo que la policía nigeriana pudo encontrarlo y detenerlo tras vigilar las comunicaciones telefónicas que tenía con un amigo cercano.
En Nigeria, las redes sociales han sido una fuente vital de información sin censura, pero el gobierno las utiliza para castigar a la disidencia y reprimir el discurso indeseable.
La misma estrategia ha sido utilizada varias veces por la policía nigeriana. Desde 2017, se han documentado al menos cuatro casos en los que la policía nigeriana ha utilizado registros telefónicos para atraer, detener y acusar a los periodistas con cargos penales por su trabajo, según un informe publicado por el Comité para la Protección de los Periodistas en febrero de 2020.
Cuando Kefas le preguntó a los detectives que vinieron a arrestarlo si tenían una orden judicial, le presentaron un grueso documento que contenía varios de sus tuits y publicaciones en Facebook sobre el gobernador de Kaduna y los acontecimientos en el estado desde 2017. (Aunque dice que algunos de ellos solo eran retuits).
En la petición, se acusaba a Kefas de incitar a los disturbios y de falsedad injuriosa contra el gobernador del estado de Kaduna a través de su cuenta de Twitter @realKefason –cuenta que ha sido desactivada por Twitter por la inactividad durante el periodo que Kefas pasó en prisión.
Kefas fue acusado de difamación, falsedad injuriosa, incitación a la violencia y ciberacoso. En virtud del artículo 24 de la Ley de Ciberdelitos de Nigeria, el “ciberacoso” –delito utilizado a menudo por las autoridades nigerianas para perseguir a periodistas y activistas bajo el régimen del presidente Muhammadu Buhari– estipula una pena de aproximadamente 15,500 dólares de multa, tres años de prisión o ambos.
Las redes sociales y la libertad de expresión están en crisis en todo el mundo, pero si en el caso de los Estados Unidos eso se centra en gran medida en llamados a regular como respuesta a la proliferación de la desinformación, en países como Nigeria el panorama es aún más complicado. El 4 de junio, el gobierno nigeriano prohibió Twitter. (La prohibición, que mucha gente evadió utilizando redes virtuales privadas, fue levantada el 13 de enero). En Nigeria, las redes sociales han sido una fuente vital de información sin censura, como las publicaciones de Kefas sobre las atrocidades en Kaduna. Pero el gobierno nigeriano las utiliza tanto como herramienta y como arma para identificar y castigar a la disidencia, así como para reprimir el discurso indeseable. Está por verse cómo resuelve la nación más poblada de África la lucha entre la democracia y los impulsos del gobierno autoritario, así como la libertad que pueden generar los medios sociales y las amenazas que también pueden plantear. Pero está claro que es un momento crucial para el futuro de Nigeria.
Kefas es sólo uno de los muchos afectados en la ola de represión cívica que recorre Nigeria, y que tiene como objetivo a activistas, destacados líderes de opinión y periodistas.
En noviembre de 2018, el activista Deji Adeyanju fue detenido y encarcelado por criticar a funcionarios del régimen de Buhari en las redes sociales. Posteriormente volvió a ser detenido y pasó 78 días en prisión antes de ser liberado el 1 de marzo de 2019.
El 1 de agosto de 2019, Abubakar Idris, un joven nigeriano que suele criticar al gobernador de Kaduna y al régimen de Buhari en las redes sociales, fue secuestrado por presuntos agentes del Servicio de Seguridad del Estado en su residencia de Kaduna. Amnistía Internacional ha declarado que Idris es víctima de una desaparición forzada.
El 3 de agosto de 2019, Omoyele Sowore –activista de los derechos humanos, fundador del periódico en línea Sahara Reporters y candidato presidencial durante las elecciones de Nigeria a principios de ese año– fue detenido por el Servicio de Seguridad del Estado después de convocar una protesta masiva en todo el país. En septiembre de 2019, fue acusado de “conspiración para cometer traición” y de “insultar” a Buhari. A pesar de dos sentencias judiciales distintas que ordenaban la puesta en libertad de Sowore, el Servicio de Seguridad del Estado se negó a liberarlo. Tras la indignación internacional y la presión de seis legisladores estadounidenses, Sowore fue liberado el 24 de diciembre de 2019, aunque bajo estrictas condiciones de fianza, que se mantienen hasta hoy, que le prohíben salir de Abuya, la capital del país.
El 20 de octubre de 2020, durante las protestas #EndSARS de Nigeria contra la brutalidad policial, las autoridades nigerianas se enfrentaron a los manifestantes con una fuerza militar excesiva, matando al menos a 10 personas, según Amnistía Internacional. Obianuju Catherine Udeh, conocida popularmente como DJ Switch, transmitió en directo los ataques a sus más de 900 mil seguidores en Instagram. Udeh, quien dijo haber contado al menos 15 cadáveres de manifestantes abatidos por las fuerzas de seguridad nigerianas, ha huido de Nigeria tras denunciar que las autoridades la tenían en la mira por su retransmisión en directo de los violentos ataques.
Más recientemente, en enero, el gobierno nigeriano bloqueó el acceso al periódico en línea Peoples Gazette tras una serie de informes críticos contra el gobierno de Buhari.
Nigeria figura actualmente en el censo de prisiones del CPJ 2021 entre los países donde hay periodistas detenidos. (El CPJ citó el caso del periodista Luka Binniyat, detenido en noviembre por una denuncia de Samuel Aruwan, comisionado de seguridad interna y asuntos de interior del estado de Kaduna).
Kefas afirmó que las redes sociales se han convertido en la pesadilla de las autoridades nigerianas, las cuales pretenden ejercer un control absoluto sobre la comunicación y la difusión de la información. “En el estado de Kaduna, cada vez que escuchas hablar al gobernador, no le preocupan realmente los terroristas que se sabe que aterrorizan a los pueblos. Su obsesión son los usuarios de las redes sociales. Y lo mismo ocurre con el gobierno federal”. (El-Rufai no respondió a una solicitud de comentarios).
La situación de Nigeria se agravaría aún más sin ninguna presión internacional de países como Estados Unidos, señaló Kefas.
Desafortunadamente, las posibilidades de que los líderes políticos estadounidenses salgan a intervenir en circunstancias externas son escasas. “Ni siquiera hemos descubierto cómo abordar el problema en el contexto nacional”, me comentó en una entrevista Joel Simon, director ejecutivo del Comité para la Protección de los Periodistas. “Así que el contexto global está por ahora, me temo, completamente fuera de alcance”.
Susan Benesch, profesora asociada del Berkman Klein Center for Internet and Society de la Universidad de Harvard y fundadora del Dangerous Speech Project, dijo que la historia de Kefas ilustra cómo las redes sociales pueden ser una fuerza para el bien y en manos de los gobiernos una herramienta que utilizan para silenciar la disidencia. Las redes sociales permiten a los activistas realizar todo tipo de cosas que no podrían hacer sin internet. Pero “es el mismo aspecto que permite a ciertos gobiernos perseguirlos”, me dijo en una entrevista.
En agosto de 2019, durante la detención de Kefas en la prisión de Kaduna, su madre lo visitó y le rogó que renunciara a su activismo. Pero Kefas decidió que le dedicaría su vida a ello y que no había vuelta atrás. Sigue activo en internet, incluso en Twitter, y los ataques en Kaduna siguen produciéndose.
Aunque ahora camina como un hombre libre, sigue preocupado por su propia seguridad. Sigue temiendo que pueda correr la misma suerte que Abubakar Idris, a quien no se ha visto desde agosto de 2019.
Este artículo forma parte del Free Speech Project, una colaboración entre Future Tense y el Tech, Law, & Security Program del Washington College of Law de la American University, a través de la cual se analiza la forma en que la tecnología está influyendo sobre lo que pensamos acerca de la expresión.
Este artículo es publicado gracias a una colaboración de Letras Libres con Future Tense, un proyecto de Slate, New America, y Arizona State University.
es un periodista nigeriano. Obtuvo un master en periodismo en la Columbia University Graduate School of Journalism. Cubre política, derechos humanos, redes sociales y temas raciales.
