La carrera política de Fadlala Akabani comenzó bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN), donde militó desde 1995 hasta 2011. En esta etapa, Akabani encarnó el conservadurismo institucional y empresarial de la derecha tradicional. Fue jefe delegacional en Benito Juárez, en la Ciudad de México, donde su modelo de gobierno apelaba a la clase media y a las estructuras orgánicas del panismo capitalino. En aquel entonces, su perfil era el de un administrador pragmático, alejado de las estridencias ideológicas internacionales que hoy definen su imagen pública.
Sin embargo, la ruptura con el PAN en 2011 marcó el inicio de un periodo de inestabilidad y derrotas que forjaron su resentimiento contra las estructuras partidistas tradicionales. Tras perder la candidatura interna en 2012, Akabani buscó refugio en Nueva Alianza de Elba Esther Gordillo para competir por una diputación local en 2015, sufriendo un nuevo revés electoral que parecía sepultar su carrera en el ámbito capitalino. Estas derrotas intermedias no fueron solo electorales, sino también anímicas; registros de la época documentan un tono crecientemente confrontativo, incluyendo denuncias por amenazas de violencia física contra sus antiguos correligionarios.
La transmutación final ocurrió en 2017, cuando Akabani se adhirió formalmente a Morena. Este tránsito del “conservadurismo institucional” a la “izquierda populista” se ha caracterizado por un abandono de la moderación y la adopción de un lenguaje radicalizado. Su ascenso en la administración de la Ciudad de México –primero como secretario de Desarrollo Económico y actualmente como subsecretario de Gobierno– le ha dado una plataforma desde la cual disemina teorías de conspiración racializadas, mientras se supone que debe garantizar la gobernabilidad.
En su rol actual como subsecretario de Gobierno, Akabani ocupa una posición que exige, por mandato legal y ético, neutralidad absoluta y respeto a los derechos humanos. La Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México y el Código de Ética de la Administración Pública son explícitos en prohibir la publicación o diseminación de mensajes que promuevan o inciten al odio, la violencia o la discriminación. Más aún, se establece que los funcionarios deben actuar con integridad incluso fuera del horario y espacio laboral y que las redes sociales pueden ser consideradas una extensión de las personas en medios electrónicos en el contexto de su cargo.
Se esperaría que cualquier funcionario encargado de la concertación política y el orden público, protegiera la pluralidad y se abstuviera de expresiones que demonizan a sectores específicos. La contradicción de Akabani es evidente en ese sentido. Mientras la ley lo obliga a mantener un trato igualitario y evitar conductas que atenten contra la dignidad de los demás, sus columnas en medios de circulación nacional y su actividad en la red social X destilan una hostilidad que cruza la línea de la crítica política para adentrarse en la discriminación étnica y religiosa. Un subsecretario de Gobierno no puede ser, simultáneamente, un agitador de tropos que vulneran la seguridad y la identidad de comunidades minoritarias.
El aspecto más alarmante de la producción intelectual de Akabani es el uso sistemático de un lenguaje que busca deslegitimar la existencia del pueblo judío mediante teorías pseudocientíficas y conspirativas. En sus textos, ha desarrollado la tesis de la “farsa sionista”, argumentando que el sionismo no tiene raíces en el Medio Oriente, sino que es una invención contemporánea del Este de Europa impulsada por la “anglosfera” para desestabilizar la región.
Para documentar esta postura, Akabani recurre a términos que funcionan como un dog whistle, es decir, términos repudiables usados como eufemismos y que son moneda corriente en el antisemitismo moderno.
En sus artículos para Excélsior, define a Israel como una “entidad desestabilizadora”, mientras en sus redes sociales da mayor vuelo a su animadversión llamándola “organización terrorista fundamentalista religiosa” y “entidad enemiga de la humanidad” que utiliza a su propia población como “carne de cañón”. Esta retórica no busca en los más mínimo hacer un análisis del conflicto árabe-israelí, sino que promueve la eliminación simbólica de la legitimidad de un Estado soberano a través de la calumnia racializada.
En otra línea, siguiendo la tradición de Los Protocolos de los Sabios de Sion, Akabani vincula los movimientos geopolíticos con el control financiero de la familia Rothschild. Ha llegado a afirmar que Nathaniel Rothschild “festeja” la integración de bancos centrales soberanos al sistema bancario global tras agresiones militares, alimentando el mito del control judío sobre las finanzas mundiales.
Este patrón discursivo no es nuevo en el entorno de la cuatroté, pero su normalización en un cargo de gobernabilidad es inédita. Akabani parece haber heredado el estilo de Alfredo Jalife-Rahme, cuyas expresiones fueron calificadas por Miguel Ángel Granados Chapa como “judeofobia” pura. Es imperativo recordar el reclamo que 143 artistas, intelectuales y académicos dirigieron a Andrés Manuel López Obrador en 2019, cuestionando que se abriera la puerta del gobierno a figuras que promueven el antisemitismo y la división.
El pensamiento de Akabani también parece anclado a una retórica antiestadounidense y pro Rusia obvia, en la que George Soros –a quien se señala como “titiritero” de las “revoluciones de colores” que alejaron a países como Ucrania de la órbita rusa– es el puente perfecto con el pensamiento antisemita, ya que al ser judío y estadounidense, atacarlo permite a estos grupos usar un código que sus audiencias antisemitas entienden perfectamente sin necesidad de ser explícitos.
Por ello no es raro que en sus textos haya enderezado también sus críticas contra el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, a quien el mencionado Jalife-Rahme llama “jázaro” o, para ser exactos, “clepto-porno-comediante jázaro” en sus columnas de La Jornada.
Esta detestable narrativa, de sobra desacreditada, es frecuentemente utilizada por grupos de odio para negar el vínculo genético e histórico de los judíos asquenazíes con la tierra de Israel, reduciendo su identidad a una tribu turca convertida. Al emplear este término, el morenista no critica la política ucraniana, sino que atenta contra la raíz identitaria del judaísmo y su “pureza”.
Ya, en 2008, el fallecido Arnoldo Kraus alertaba sobre cómo el odio se funda en el miedo y cómo la judeofobia se disfraza de análisis geopolítico para inyectar veneno en el debate público. Mientras intelectuales de talla se han acercado a muchos de estos fenómenos en Medio Oriente desde el análisis y el debate en ediciones memorables de Letras Libres, Akabani utiliza sus espacios para agredir a esas figuras, a quien ha dedicado comentarios tabernarios y descalificaciones que buscan linchar en lugar de elevar el debate con argumentos. Sus comentarios en redes sociales son una muestra de que su pluma no está al servicio del análisis, sino del hostigamiento político en su manifestación más vergonzosa.
Fadlala Akabani Hneide es una anomalía peligrosa para la administración de la Ciudad de México. La transición de un militante panista a un funcionario morenista radicalizado ha dejado en el camino los principios de respeto y tolerancia que deberían guiar la función pública. El uso deliberado de tropos antisemitas –la negación de la identidad judía mediante el mito jázaro y la reanimación de teorías conspirativas sobre los Rothschild– constituye una violación sistemática a los códigos éticos que él mismo está obligado a vigilar.
Una ciudad tan diversa como la capital de México no puede permitirse que la gobernabilidad esté en manos de quien, desde la subsecretaría más importante de la Secretaría de Gobierno, disemina prejuicios que en el siglo XX llevaron a las mayores tragedias de la humanidad. El “nuevo antisemitismo” de Akabani, disfrazado de una “lucha contra el sionismo”, es en realidad un ataque frontal contra la dignidad humana y la cohesión social. Su permanencia en el cargo, mientras mantiene este perfil de agitador de prejuicios, es una afrenta a la ética pública y una señal alarmante de la degradación del debate político en México. ~
