El independentismo es un movimiento explícitamente iliberal y autoritario que usa las herramientas de la democracia liberal para acabar con ella. Los independentistas retuercen las leyes y sus garantías para bloquear y gripar el funcionamiento de la política democrática. Si no podemos derrotar al Estado, parece que piensan, al menos podemos anquilosarlo. Como el que se querella contra alguien aun sabiendo que no ganará el juicio (pero sí, quizá, conseguirá debilitar o frustrar al adversario), los independentistas aspiran a sumergir la política española en un gran litigio.
Los más interesados en “judicializar” el problema “político” catalán (esa idea tramposa que sugiere que habría que tratar como un tema político y no legal las ilegalidades que cometen los independentistas) son, en realidad, los secesionistas. La catalanización de la política española no es solo su polarización sino también su bloqueo.
A la espera de que se sepa exactamente cuáles son las consecuencias del veredicto del Tribunal de Justicia de la UE, que ha dictaminado que Oriol Junqueras debió tener inmunidad parlamentaria al obtener un escaño en el Parlamento Europeo, la estrategia de forzar las cuerdas es exitosa: la decisión del TJUE llega en mitad de las negociaciones entre el PSOE y ERC, que ya estaban en una situación delicada, y consigue bloquearlas más aún. Esquerra exige “la nulidad del juicio y la libertad inmediata” de Oriol Junqueras.
También ha acusado al PSOE de chantaje y de mentiroso porque el número tres de los socialistas, José Luis Ábalos, ha sugerido que el partido independentista ha abandonado la unilateralidad. Aunque negocian con el gobierno en funciones, su objetivo sigue siendo la destrucción del Estado, parece que dicen en ERC, y sugerir lo contrario es faltar a la verdad.
La decisión del TJUE da un nuevo cartucho al independentismo, que puede de nuevo denunciar que existe una persecución judicial contra ellos. La complejidad del dictamen deja mucho margen para la imaginación. Y a esto se une una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ha condenado a Quim Torra a un año y medio de inhabilitación y a una multa de 30.000 euros por negarse a retirar los lazos amarillos del palacio de la Generalitat durante la campaña de abril de 2019. Torra puede recurrir la sentencia pero tiene otro cartucho propagandístico: si ya metieron en la cárcel a Junqueras y demás políticos independentistas solo por poner unas simples “urnas”, ahora el independentismo puede decir que el Estado inhabilita a Torra por poner unos simples “lazos amarillos”.
La lógica del boicot del independentismo, desgraciadamente, no tiene una contrapartida fuerte en el gobierno. El PSOE intenta convencer a los ciudadanos de que ERC se ha reformado y ERC le recuerda que no es así. Para contentar a los independentistas, el gobierno ha usado fórmulas eufemísticas humillantes: ha sustituido el sintagma “dentro de la Constitución”, que formaba parte de las condiciones de la negociación (cumplir con las leyes, en definitiva), por “la seguridad jurídica que emana de las leyes democráticas que tenemos”. Pedro Sánchez ha hablado con Quim Torra a pesar de que no requiere de los votos de JxCAT para la investidura.
Y mientras se producían las negociaciones para formar un gobierno, el PSC ha celebrado un congreso donde ha profundizado en su coqueteo con el nacionalismo: el líder del partido, Miquel Iceta, ha exigido un “autogobierno sin interferencias indebidas del Estado” y un “amplio acuerdo político en el que Cataluña sea reconocida como comunidad nacional, como nación, como un sujeto político no independiente pero sí con voluntad de ejercer su autogobierno”.
La clave aquí son las interferencias indebidas del Estado, que sugiere de manera siniestra que las leyes de todos los españoles no deberían aplicarse del mismo modo en Cataluña, y voluntad de ejercer su autogobierno: de la voluntad de ejercer el autogobierno a pedir el Estado independiente hay una distancia mínima. Iceta también ha sugerido en una entrevista reciente que España es una “nación de naciones” formada por ocho naciones; curiosamente, según su lógica, España tiene en su seno muchas naciones pero no es en sí misma una nación.
El independentismo en su fase autoritaria no se esconde apenas tras eufemismos. Los independentistas se han adaptado al postprocés con rapidez. Ya no buscan un lavado de cara. Pero la respuesta del gobierno sigue siendo la misma que antes del procés: diálogo de “altura”, “acuerdos”, un nuevo Estatut y un blanqueamiento que ni siquiera interesa ni buscan los independentistas.
Ricardo Dudda (Madrid, 1992) es periodista y miembro de la redacción de Letras Libres. Es autor de 'Mi padre alemán' (Libros del Asteroide, 2023).
