Los asientos que recuperó la oposición en la Cámara de Diputados en las elecciones intermedias son parte importante del nuevo panorama político mexicano, pero no aseguran el fin de los abusos mayoritistas. El populismo obradorista puede dominar la vida pública de México aun sin una súper mayoría en el poder legislativo. Para entender el régimen político que tendremos el resto del sexenio del presidente López Obrador, debemos ver el estado de nuestro sistema de partidos después de la elección, las capacidades formales de cada grupo político y las dinámicas a través de las cuales el populismo ha interactuado y seguirá interactuando con nuestra democracia.
El sistema de partidos: ¿hegemónico, dominante o mayoritario?
A lo largo de este sexenio, una preocupación ha estado presente: México es o se encamina a ser un régimen de partido hegemónico, como lo fue con el PRI el siglo pasado. Varios hechos sustentan esta preocupación: los ataques a órganos constitucionales autónomos, entre ellos, el Instituto Nacional Electoral (INE), que ha sufrido recortes presupuestales, ataques mediáticos, amenazas de sanciones, iniciativas para desaparecerlo e intentos de intimidación por parte de algunos candidatos; el uso político de la procuración de justicia, sea contra actores políticos del pasado –como la consulta sobre el enjuiciamiento a expresidentes o casos como el de Lozoya, Rosario Robles y Cabeza de Vaca–, o contra candidatos como Samuel García en Nuevo León; la aprobación de reformas legales y constitucionales que facilitan el uso discrecional del poder punitivo del Estado, entre otras.
Sin embargo, una de las primeras cosas que dejó clara la elección es que México no se ha convertido en un régimen de partido hegemónico, con un partido en el poder que impide que exista una competencia oficial y de facto por el poder.
((Giovanni Sartori, Partidos y sistemas de partidos, Madrid, Alianza Editorial, 2005, p. 282.
))
A pesar de que las elecciones de 2021 fueron las más violentas en la historia reciente del país, parece ser que no hubo grandes fraudes electorales que cambiaran significativamente el resultado de las votaciones. Hasta el momento, los ilícitos electorales más graves fueron la sistemática violación de la veda electoral en las conferencias mañaneras del presidente López Obrador y la violación de la veda por parte de su aliado, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el día de la elección, pero es poco probable que estos hechos hayan cambiado significativamente los resultados.
Por otro lado, como ha mostrado Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en Panorama del Poder 2021, hubo una alta tasa de alternancia en las diputaciones de mayoría relativa: 177 de 300 diputaciones cambiaron de partido (el 59%). Morena perdió en 53 de los 106 distritos que había ganado en 2018 (el 50%), y ganó en 60 distritos que antes pertenecían a algún otro partido. Los aliados de Morena –el PVEM, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES)– perdieron en 89 distritos de los 119 que ganaron en 2018, 54 de los cuales pasaron a Morena.
La elección de 2021 confirma que, en la democracia mexicana, al menos el sistema de partidos se mantiene competitivo. Ni siquiera nos encontramos frente a un sistema de partido predominante –en donde un partido se enfrenta a una competencia real y, en ella, obtiene frecuentemente la mayoría absoluta–,
((Íbid., p.p. 251-254.
))
sino ante alguna clase de sistema pluralista, con algunos partidos satélite, como el PVEM, capaces de chantajear al partido mayoritario para la aprobación de cambios legislativos, y una oposición capaz de bloquear reformas constitucionales.
La capacidad de la mayoría
Antes de estas elecciones, la alianza de partidos del presidente (Morena-PVEM-PT-PES) contaba con 332 asientos en la Cámara de Diputados: solo uno menos de los necesarios para reformar la Constitución. Ahora, la alianza tendrá aproximadamente 281 diputadas y diputados: suficientes para realizar reformas legales y para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, pero no para hacer reformas constitucionales por sí sola.
La capacidad de la oposición para bloquear reformas constitucionales debería servir para evitar cambios antidemocráticos que i) perjudiquen directamente sus intereses, como la eliminación del INE o las diputaciones y senadurías plurinominales propuestas por el presidente y Morena, o ii) que formen parte fundamental de la agenda de los partidos minoritarios, como es el caso de las reformas estructurales (energética, en materia de telecomunicaciones y competencia económica, etc.) para el PRI.
Sin embargo, el panorama no es tan esperanzador si volteamos a ver otro tipo de reformas constitucionales autoritarias. El militarismo y el populismo penal han sido impulsados por todos los partidos, tanto en sexenios pasados como en este. Tan solo en la primera mitad del gobierno de López Obrador, la reforma en materia de extinción de dominio fue aprobada por unanimidad, mientras que la ampliación del catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa y la reforma que formalizó de facto la militarización de la seguridad pública con la Guardia Nacional fueron aprobadas con el apoyo del PRI.
Además, la capacidad de Morena para legislar con sus aliados es suficiente para que haya cambios preocupantes. Algunos cambios normativos de corte autoritario, como la Ley Zaldívar, la Ley Nieto o la desaparición de fideicomisos, ocurrieron en leyes ordinarias sin necesidad de reformar la Constitución. Incluso han existido cambios preocupantes que se implementaron a través de simples acuerdos presidenciales, como el caso del acuerdo militarista.
En resumen, aunque la mayoría legislativa de Morena y sus aliados haya perdido fuerza y la oposición sea capaz de bloquear reformas constitucionales, podríamos ver otros cambios preocupantes en el resto del sexenio.
La continuidad de la deformación populista
Por último, es necesario matizar la importancia de los cambios en el panorama político ante un presidente populista como López Obrador. Según Nadia Urbinati, el populismo deforma las dos dimensiones de la democracia: institucional –el Estado de Derecho, las normas jurídicas, las elecciones y los demás procedimientos a través de los cuales se toman decisiones colectivas– y extrainstitucional –las condiciones sociales en las cuales se forma una pluralidad política y un espacio público donde se debate libremente sobre los asuntos políticos, para que las personas formen sus propios juicios políticos–.
((Nadia Urbinati, Me the people, Cambridge, Harvard University Press, 2019, pp. 7-11.
))
Las reformas constitucionales y legales son solo una de las muchas herramientas que el populismo obradorista ha utilizado para deformar la democracia mexicana. A lo largo del sexenio, el presidente ha violado recurrente y abiertamente la Constitución y las leyes, y su gobierno ha atacado de una u otra forma a todos sus contrapesos, además de que ha amenazado y debilitado a las normas y autoridades electorales en varias ocasiones.
Por otro lado, en su discurso, promueve una concepción antidemocrática y excluyente de pueblo, el cual es identificado exclusivamente con la mayoría que lo apoya, estigmatizando cualquier crítica como corrupta, proveniente de la mafia del poder, expulsada de la comunidad política. Además, los ataques a sus críticos, ya sea a través de linchamientos mediáticos, como en el caso de Artículo 19, o sanciones arbitrarias, como en el caso de la revista Nexos, la permanencia del uso discrecional de la publicidad oficial y el aumento en los asesinatos de periodistas, entre otras cuestiones, contribuyen a erosionar la dimensión extrainstitucional de nuestra democracia.
Además, el gobierno ya cuenta con un marco normativo autoritario, aprobado a lo largo de los últimos tres años, que facilita el uso político del poder punitivo del Estado en contra de cualquier persona. Es posible que las reformas más preocupantes ya hayan sido aprobadas en los últimos tres años, y que ahora solo sea momento de verlas en acción. Suponer que las tensiones del actual gobierno con la democracia disminuirán con la pérdida de la súper mayoría en el Congreso es, al menos, una carta de buenos deseos sin suficiente fundamento.
Consultor en Derecho Anticorrupción y litigio estratégico.
