En su reciente visita a Quintana Roo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la acumulación de sargazo en las costas del estado como un “asunto menor”, que se resolverá “sin problemas”. Mientras tanto, las aguas del Caribe mexicano han cambiado su característico tono turquesa por el café y cada mañana cientos de voluntarios y brigadistas retiran la fétida alga de las playas. De seguirse ignorando esta situación, las consecuencias ambientales y económicas serán graves.
El sargazo viaja a través de las corrientes marinas. En condiciones normales, favorece la vida en los océanos porque es una fuente de alimento y refugio para 122 diferentes especies de peces, tortugas marinas, caballitos de mar, cangrejos y caracoles, evita la erosión de las playas y ayuda a la fertilización de las plantas que se encuentran en la duna costera. Pero en grandes cantidades puede provocar la muerte de corales y microorganismos, porque bloquea la luz solar y porque las bacterias que participan en su descomposición absorben oxígeno y desechan nitrógeno y fósforo, que son perjudiciales. Para Brian Lapointe, investigador de la Florida Atlantic University, “el sargazo es la acumulación de alga más dañina de nuestro planeta”. Los investigadores creen que el sargazo es arrastrado hasta el Caribe mexicano desde las aguas ecuatoriales entre Brasil y el oeste de África, donde crece en grandes cantidades alimentado por los restos de fertilizantes químicos que se arrojan en grandes ríos como el Amazonas y el Congo. Además, el incremento de las temperaturas como consecuencia del cambio climático y la contaminación de los mares han favorecido su propagación. Pero para el presidente López Obrador, se trata de un “problema heredado que se ha magnificado para cuestionar al nuevo gobierno”.
Esta administración no ha sido la única en ignorar el incremento de sargazo en las costas mexicanas. Según los registros de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), desde 1970 se han registrado arribazones periódicas de sargazo, pero desde 2013 su presencia es constante. En 2015 el gobierno federal implementó un plan de remoción del alga, que fue insuficiente. En agosto de 2018, Greenpeace le pidió al gobierno mexicano cambiar el enfoque de su estrategia y atender las causas de la formación del sargazo en sus aguas. Lo mismo recomendaron el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de las UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y otros centros de investigación y universidades. La administración pasada eludió sus responsabilidades, mientras que la actual no parece dimensionar la magnitud del problema.
El presidente López Obrador anunció que se destinarán 52 millones de pesos a la Secretaría de Marina para la limpieza de las costas mexicanas con barcos sargaceros que serán construidos por la Marina. El primero estará listo en dos meses, pero se estima que serán necesarios diez o doce. Además, se construirán barreras marinas para contener el paso del alga. Los beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro serán capacitados en materia ambiental para que apoyen en las tareas de limpieza y aprovechamiento del sargazo.
Se desconoce la cantidad exacta de sargazo que a diario llega a las costas quintanarroenses. Tan solo en 2018, se juntaron 275 mil metros cúbicos de sargazo en seis kilómetros de playa de Puerto Morelos. Actualmente, empresarios hoteleros han contratado buques especiales para retirar el sargazo de sus playas. Una embarcación de 35 pies de largo es capaz de recolectar cada hora 70 toneladas de sargazo. Para Rosa Elisa Rodríguez, de la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales en Puerto Morelos, es necesario contar con una base de datos más completa para desarrollar una estrategia y habilitar sitios de disposición. De acuerdo con las estimaciones del presidente, en dos años habrá un diagnóstico definitivo sobre qué hacer con el alga, pues apenas se está en pláticas con investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Los efectos del sargazo no solo se resienten a nivel ambiental, sino también económico. La calificadora Moody’s advirtió que su presencia en el Caribe mexicano pone en peligro a la industria turística de Quintana Roo, pues las imágenes de playas infestadas de algas desalientan a los turistas Para incentivar las visitas a sus playas, la Secretaría de Turismo de Quintana Roo ha iniciado una campaña en redes sociales bajo el lema “Ni todos los días ni en todas las playas hay sargazo”, pero la ocupación ha ido a la baja. De acuerdo con cifras de Sectur, al comparar el periodo de enero a abril de 2019 con el mismo cuatrimestre del año pasado se percibe que en la Riviera Maya hubo un descenso en la ocupación del 1.4%, en Playa del Carmen del 3.4% y en Cancún del 5.5%.
El sargazo no es un problema exclusivo de México. Su presencia se monitorea en alrededor de 30 países, entre ellos, Estados Unidos, Cuba, Las Bahamas, Jamaica, República Dominicana, Puerto Rico y Honduras. El día de hoy se realiza el Encuentro de Alto Nivel para la Atención del Sargazo, un evento organizado por la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo donde representantes de trece países discutirán el impacto ecológico de las algas en el Caribe con la finalidad de conseguir el financiamiento del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y de varias agencias internacionales para realizar las tareas de acopio, traslado y disposición de la macroalga.
Este año, la SEMARNAT sufrió una reducción del 17% de su presupuesto, que pasó de 37 mil millones de pesos en 2018 a 31 mil en 2019. De acuerdo con un informe del Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente, los recortes presupuestales “comprometen los propósitos de protección y conservación de los ecosistemas”, así como el cumplimiento de los tratados internacionales y convenios suscritos anteriormente. La falta de recursos pone “en serios riesgos la seguridad ambiental de nuestro país”, pues no solamente afecta “las capacidades operativas y el personal público dedicado a la gestión ambiental”, sino también “la realización de obras públicas y de infraestructura indispensables para la dotación de servicios y el sostenimiento de bienes públicos”.
Aunado a esto, desde este mes la Profepa no tiene delegados estatales porque Blanca Alicia Soto, titular de la institución, solicitó su renuncia para apegarse a la políticas de austeridad del gobierno federal. Los delegados eran los encargados de procurar justicia ambiental en los estados, de evaluar el impacto ambiental de las actividades y obras y de implementar operativos que atendieran la tala clandestina y otros problemas ambientales.
El Plan Nacional de Desarrollo no deja en claro cuál será la política ambiental de este gobierno. En relación con el medio ambiente solo hace alusión al programa Sembrando vida, el cual busca generar empleos y promover la autosuficiencia alimentaria a través de la siembra de árboles frutales y maderables.
Poco efecto han tenido la Ley General de Cambio Climático –con la cual el gobierno se comprometía a garantizar un medio ambiente sano, a regular las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero y a transitar a una economía sustentable– y la firma de tratados internacionales como el Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las Metas de Aichi; no hay rastro de cómo se enfrentará el cambio climático. En la opinión de Cisteil Pérez, especialista en entomología y biodiversidad, “Estamos enfrentando el reto ambiental global más importante del siglo. Por lo que es urgente que el nuevo gobierno se destaque por utilizar las herramientas de evaluación, mitigación del impacto ambiental y restauración ambiental en todos los proyectos”.
En seis meses, los estudios de impacto ambiental de los proyectos de infraestructura emblemáticos de este sexenio –el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía– son insuficientes, no existen o generan dudas sobre su viabilidad. La ruta del Tren Maya amenaza a la Biósfera de Calakmul y a la selva maya, mientras que el terreno en Dos Bocas es proclive a inundaciones y pone en peligro a 119 especies, y la Laguna de Zumpango sería alterada por las actividades aeroportuarias. El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría Treviño, le pidió en mayo al gobierno mexicano respetar los compromisos ambientales para que sus obras sean congruentes con un futuro sustentable. Pero hasta el momento no ha habido una reacción rotunda. De acuerdo con Pérez, “los ecosistemas en donde se establecerán estos megaproyectos están en un equilibrio precario y podemos perder la oportunidad de acceder a las funciones ecosistémicas que nos brindan, tales como recursos medicinales, alimenticios y calidad de agua y aire, entre otros”.
La proliferación del sargazo es solo uno, dentro de una larga lista, de los efectos que el cambio climático está teniendo en el país: especies en peligro de extinción, afectaciones a los arrecifes y corales, contaminación del aire y del agua, incendios forestales, sequías e inundaciones. En vez de atender las causas, gobiernos sucesivos han mantenido una visión cortoplacista con una débil política ambiental.
Como sugiere Cisteil Pérez, “hay que pensar en las generaciones futuras e inclinarnos más por el empleo de energías limpias y por evitar la modificación de los ecosistemas a toda costa”. En efecto, un esfuerzo amplio y sostenido para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero puede ayudar a evitar los efectos más catastróficos del cambio climático que los científicos han predicho. Pero muchos de esos efectos ya están ocurriendo y tendrán consecuencias ambientales, sociales y económicas. México tendrá que encontrar vías para adaptarse a ellos. Resulta preocupante y desalentador que desde las máximas instancias del gobierno se desestime la gravedad de estos asuntos.
Con investigación de Karla Sánchez.
