Hace algunas semanas, abordamos en esta espacio la crisis que enfrenta el sector salud ante la falta de presupuesto para su funcionamiento óptimo. El martes 21 de mayo, Germán Martínez renunció a su cargo como director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entre sus motivos señaló la “injerencia perniciosa” de la Secretaría de Hacienda con prácticas de “esencia neoliberal” como el ahorro, los recortes de personal y “un rediseño institucional donde importa más el ‘cargo’ que el ‘encargo’”. La renuncia de Martínez llega cuando los recursos escasean y miles de mexicanos no reciben la atención médica que requieren.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019 estimó el gasto destinado a la Secretaría de Salud en 123 mil millones de pesos, 3.2% menos que el año anterior. Sin embargo, la SHCP ha reservado –es decir, los recursos etiquetados para el sector salud no han sido entregados a las dependencias– más de 2 mil 500 millones de pesos, afectando con ello el funcionamiento de institutos nacionales de salud, hospitales federales y regionales de alta especialidad, hospitales psiquiátricos y centros de atención a las adicciones. Según un artículo publicado en Reforma, tan solo el Instituto de Cancerología tiene congelados 225.9 millones de pesos de su presupuesto, mientras que en los Institutos de Nutrición y de Pediatría, los recortes han provocado que sus trabajadores de confianza pierdan sus prestaciones, como guardería, lactancia, vales de despensa, días económicos, premios de asiduidad, comedor y antigüedad. De igual modo, Milenio reportó que la SHCP giró dos memorandos en el mes de mayo para anunciar la reducción del 30% de los gastos operativos y 50% de los gastos relativos a servicios personales de 26 institutos, hospitales y centros de alta especialidad. Ello ha reducido las subcontrataciones de servicios a terceros, es decir, de los responsables de las pruebas de laboratorio, de la recolección, traslado y disposición final de residuos biológicos infecciosos, químicos y no infecciosos, del servicio de farmacia, del banco de sangre y de las clínicas de hemodiálisis.
La retención de recursos también afecta al abastecimiento de medicamentos y material médico. De acuerdo con un análisis realizado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), del presupuesto total de salud se destina el 13% al gasto en medicamentos, es decir, un poco más de 74 millones de pesos. El 76% del gasto total en medicamentos corresponde a medicinas y productos farmaceúticos y el 24% restante se destina a materiales, accesorios y suministros médicos y de laboratorio. Cada institución gasta un porcentaje diferente en medicamentos, siendo el ISSSTE la institución que más destina, con el 25%. Aunque el número de habitantes afiliados al sistema público de salud se incrementó 9.0% de 2012 a 2016, desde el 2015 se ha observado un recorte en el gasto en medicamentos.
En abril, el presidente López Obrador vetó a tres farmacéuticas que proveían de medicamentos al IMSS y al ISSSTE por realizar supuestas prácticas monopólicas, aunque la Comisión Federal de Competencia Económica no tenía pruebas de esto. Para evitar el desabasto, el gobierno federal lanzó una licitación internacional con el propósito de que a partir de julio se surtan los medicamentos. Pero los pacientes con enfermedades crónicas y degenerativas han empezado a sufrir el desabasto.
Unos de los más afectados han sido las personas con VIH que necesitan antirretrovirales. Del 1º de enero al 6 de mayo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió 25 quejas por la falta de estos medicamentos. En la recomendación que el organismo emitió a la Secretaría de Salud se señala que la revisión de los procesos administrativos de adquisición de materiales no justifica la suspensión o incumplimiento de la protección y garantía de los derechos humanos. Por lo tanto, es obligación de las autoridades garantizar los tratamientos necesarios a la población. Pero la reacción del presidente no fue la esperada, sino que ordenó al canciller Marcelo Ebrard “viajar a todo el mundo” en busca de antirretrovirales. A inicios de mayo, el gobierno llegó a un acuerdo con dos de las tres farmaceúticas vetadas para que volvieran a surtir los antirretrovirales a partir de la segunda quincena del mes. Mientras tanto, las 98 mil 200 personas con VIH que se atienden en hospitales públicos y que no pueden pagar los medicamentos, cuyo precio oscila entre los 15 mil y 50 mil pesos mensuales, viven en la incertidumbre. La suspensión del tratamiento tiene como consecuencias que aumenten el riesgo de contagio y las posibilidades de una infección que conduzca a la muerte de los pacientes.
Mientras que en el resto de los países que integran a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) el gasto en salud se ubica entre el 5 y 6.4% del PIB, México solamente gasta el 2.9%. Durante el Foro sobre Financiamiento al Sistema Único de Salud realizado en marzo de este año, el doctor en economía de la salud Eduardo González-Pier mencionó que para tener un sistema avanzado de salud es necesario incrementar el gasto público, como lo hacen otros países. “El financiamiento es parte de una agenda básica de planeación, pero no lo es todo. Al final, el objetivo último es que el país cuente con una población sana, con un nivel de bienestar tal que le permita a cada habitante desarrollarse de la mejor manera y cumplir sus anhelos”.
Los hospitales públicos también enfrentan un problema en la calidad de atención que ofrecen. Otro análisis del CIEP del 2018 reveló que las tasas de atención efectiva del IMSS y Seguro Popular rondan el 40%, lo que significa que únicamente cuatro de cada diez afiliados que desean atención médica efectivamente la reciben en sus institutos. Como consecuencia, el gasto de bolsillo que los mexicanos destinan para consultas y tratamientos en hospitales privados se incrementa.
Al 22 de mayo, suman 24 estados con afectaciones en sus hospitales públicos. No hay médicos ni enfermeras ni personal administrativo suficientes para atender a las miles de personas que esperan por horas para una consulta. En Quintana Roo, el 45% de los trabajadores eventuales que trabajan en 59 centros de salud no serán recontratados y los 246 que trabajan en Prospera seguirán en su cargo hasta el 31 de diciembre.
Los médicos residentes continúan luchando por el reconocimiento de sus derechos académicos y laborales. Pero ahora los pasantes de medicina y enfermería que realizan su servicio social en clínicas y centros de salud sufrieron una reducción en el apoyo económico que reciben, mientras que los de nutrición, odontología y psicología ya no contarán con dichos apoyos económicos a partir de agosto.
Las medidas de austeridad aplicadas al sector salud ponen en riesgo la calidad de vida de millones de mexicanos. El envejecimiento de la población y el incremento de las enfermedades crónicas aumentarán la necesidad de servicios médicos, pero estos no serán suficientes. El diseño e implementación de un sistema de salud eficiente y universal parece un objetivo imposible en medio de las restricciones fiscales autoimpuestas. No obstante, el presidente insiste en que los recortes “no existen” y que va a alcanzar al presupuesto porque no se trata de “un problema de corrupción”. Como denunció el ahora exdirector del IMSS, “los niños que padecen cáncer y esperan su tratamiento, quienes viven a la espera de insulina, las poblaciones de la diversidad sexual que reclaman antirretrovirales, y los millones de enfermos que se atienden en nuestras clínicas y hospitales, no merecen ni un minuto de rebatingas de poder”.
Con investigación de Karla Sánchez.
