En 2014 la policĆa brasileƱa comenzĆ³ una investigaciĆ³n rutinaria de lavado de dinero que terminĆ³ con la captura de Alberto Youssef, un criminal de bajo perfil que habĆa sido arrestado ya en nueve ocasiones. Durante los siguientes tres aƱos, dicha investigaciĆ³n evolucionĆ³ en la que ahora conocemos como la OperaciĆ³n Java Lato (OperaciĆ³n Autolavado), la cual desenmascarĆ³ un gigantesco esquema de corrupciĆ³n en Petrobras que involucraba a mĆ”s de 80 polĆticos, incluyendo senadores, diputados, lĆderes de partido y secretarios de Estado.
La crisis polĆtica y social que desencadenĆ³ el escĆ”ndalo fue tal que propiciĆ³ la destituciĆ³n de la entonces presidenta Dilma Roussef. Por si fuera poco, a raĆz de la captura de Marcelo Odebrecht, uno de los empresarios involucrados en el escĆ”ndalo de Petrobras, fue posible constatar un esquema de sobornos que involucra a funcionarios de alto nivel de diez paĆses de AmĆ©rica Latina.
ĀæCĆ³mo es que una investigaciĆ³n comĆŗn de lavado de dinero se transformĆ³ en el escĆ”ndalo de corrupciĆ³n mĆ”s grande del continente? La respuesta es simple: las autoridades brasileƱas centraron su investigaciĆ³n en las redes de corrupciĆ³n, no en individuos ni acciones aisladas.
En cambio, en MĆ©xico, fue necesaria la investigaciĆ³n de autoridades extranjeras para la captura de un exgobernador prĆ³fugo por mĆ”s de cinco aƱos; mientras, la esposa de otro exgobernador que claramente fue partĆcipe de desvĆos multimillonarios sigue en libertad. AdemĆ”s, las autoridades ignoran las investigaciones extranjeras que exhiben a fiscales ligados con el narco, desfalco de exgobernadores y funcionarios de Pemex recibiendo sobornos.
ĀæQuĆ© estamos haciendo mal? Es claro que existe una falta de compromiso e interĆ©s de las autoridades para combatir de frente a la corrupciĆ³n. Incluso en los pocos casos que sĆ se investigan y sancionan, las autoridades repiten un patrĆ³n de comportamiento: concentran sus esfuerzos en las acciones de dos o tres individuos. No obstante, al investigar casos de corrupciĆ³n, ir exclusivamente por un pez gordo no suele ser la mejor estrategia.
En MĆ©xico, creemos que Javier Duarte fue capaz de desviar miles de millones de pesos y escapar a otro paĆs con la complicidad de un puƱado de personas (aĆŗn impunes por cierto), mientras que en Brasil ahora saben que para desfalcar el presupuesto se requiere de cientos de cĆ³mplices articulados bajo una red de corrupciĆ³n. A tres aƱos de iniciada, la operaciĆ³n Java Lato ha producido 270 denuncias formales, 198 arrestos y la recuperaciĆ³n de miles de millones de reales brasileƱos.
Una red de corrupciĆ³n es un conjunto de individuos que organizan sus acciones y sacan provecho de sus cargos en torno a un Ćŗnico fin: desviar recursos pĆŗblicos para favorecer intereses privados. Es necesario comprender que cuando se acusa a Javier Duarte, CĆ©sar Duarte, Roberto Borge y demĆ”s exgobernadores de robar miles de millones de pesos, no significa que estos personajes hayan entrado a las tesorerĆas de sus respectivos estados para sacar el dinero en maletas: no es tan fĆ”cil. Para que la corrupciĆ³n funcione es precisa la organizaciĆ³n de estructuras complejas.
Un gobernador necesitarĆa de por lo menos una bancada de legisladores que modifique leyes de compras pĆŗblicas y responsabilidades administrativas para permitirles operar con un mayor margen de acciĆ³n. RequerirĆa, tambiĆ©n, del apoyo de la entidad de fiscalizaciĆ³n superior para asegurarse de que no audite los rubros del gasto que estĆ”n siendo desfalcados, o que de hacerlo, no emita alerta alguna. Posteriormente, deberĆ” de elegir la modalidad de corrupciĆ³n de preferencia.
En los Ćŗltimos aƱos, la adjudicaciĆ³n de contratos a empresas fantasma ha sido una de sus tĆ©cnicas preferidas. Para tal efecto, el gobernador habrĆ” de apoyarse en uno o varios notarios que constituyan las nuevas empresas, una decena de prestanombres o familiares que operen como socios de ellas, y una serie de domicilios para registrarlas. NecesitarĆ” tambiĆ©n de la complicidad de sus secretarios de Estado para asegurar que el dinero fluya hacia programas en especĆfico, y por Ćŗltimo, de los funcionarios encargados de realizar las compras pĆŗblicas para asegurar que sean sus empresas las ganadoras de los concursos.
Un ejemplo de lo anterior es el caso de las 21 empresas fantasma que Javier Duarte utilizĆ³ para desviar recursos de 73 procesos de compra pĆŗblica por un total de 645 millones de pesos, segĆŗn lo documentado por Animal PolĆtico. No se entiende el Ć©xito de una operaciĆ³n de esta magnitud sin la participaciĆ³n de varias docenas de personas; individuos que no actĆŗan pro bono, sino que se les paga con cargos pĆŗblicos, sobornos o apoyos electorales. Es verdad que Duarte fue el principal artĆfice y beneficiario de dicho esquema, pero es primordial revelar y desmantelar la red por tres principales razones.
En primer lugar, ignorar la existencia de una red significa exonerar a todos los involucrados. QuedarĆan en libertad funcionarios pĆŗblicos de todos los niveles que seguirĆ”n en sus cargos y probablemente reincidan en sus comportamientos. En segundo lugar, identificar a todos los miembros de la red permite armar un mejor caso en contra de los peces gordos. En las investigaciones brasileƱas, la mayorĆa de las grandes figuras cayeron gracias a los testimonios y evidencia aportada por funcionarios de mandos medios que llegaron a acuerdos con la fiscalĆa. Por Ćŗltimo, descubrir a la red permite conocer las tĆ©cnicas de corrupciĆ³n empleadas.
Generalmente, las tĆ©cnicas de corrupciĆ³n son compartidas y copiadas por los actores polĆticos. Podemos decir con certeza que empresas fantasma con esquemas similares han operado en otros estados de la repĆŗblica. Si el modus operandi de las redes es descubierto, es posible detectar casos similares y, sobre todo, prevenirlos. Si el ataque a la corrupciĆ³n se da por concluido con la captura de un pez gordo, lo mĆ”s probable es que otro ocupe su lugar con las mismas estructuras y patrones de comportamiento que su antecesor.
ĀæQuĆ© tiene Brasil que no tenemos nosotros? AdemĆ”s de una comprensiĆ³n distinta de la corrupciĆ³n, Brasil cuenta con ciertas caracterĆsticas institucionales que facilitaron la investigaciĆ³n. En primer lugar, el Ministerio PĆŗblico en ese paĆs (el equivalente a la ProcuradurĆa General en MĆ©xico) ha logrado una verdadera autonomĆa de los tres poderes de gobierno. Esta le ha permitido profundizar en casos sensibles para la clase polĆtica sin temor a represalias presupuestales o de nombramiento. Si bien en MĆ©xico estamos en un proceso de transiciĆ³n hacia la creaciĆ³n de una FiscalĆa General con una autonomĆa similar, este proceso se ha visto empantanado por negociaciones polĆticas respecto al nombramiento o āpase automĆ”ticoā del primer fiscal general. El Ministerio PĆŗblico brasileƱo cuenta con dicha autonomĆa desde 1988.
En segundo lugar, Brasil cuenta con una figura de fuero distinta a la de nuestro paĆs. Mientras que en MĆ©xico se requiere de un juicio polĆtico a cargo del poder legislativo para permitir sujetar a proceso a ciertas figuras polĆticas, en Brasil es la Corte Suprema quien decide sobre la inmunidad de los investigados. Es decir que, en MĆ©xico, la decisiĆ³n de quitar o mantener la inmunidad de un legislador recae en sus propios compaƱeros de oficio e incluso de partido polĆtico, mientras que en Brasil corresponde a un poder totalmente ajeno. No es de sorprender entonces que en MĆ©xico prevalezcan las negativas a juicio polĆtico, como el solicitado para el tesorero de Javier Duarte, Tarek AbdalĆ”, mientras que en Brasil se le ha quitado la inmunidad a mĆ”s de cincuenta polĆticos en una sola decisiĆ³n.
Por Ćŗltimo, en Brasil han aprovechado los incentivos que permiten sus leyes para que los incriminados lleguen a acuerdos con las autoridades a cambio de informaciĆ³n. Investigar casos de corrupciĆ³n sin la participaciĆ³n de informantes o āwhistleblowersā es prĆ”cticamente imposible. No obstante, durante la discusiĆ³n de las leyes anticorrupciĆ³n en MĆ©xico, el PRI se opuso a la instauraciĆ³n de mecanismos que incentivaran las denuncias o los acuerdos entre incriminados y autoridades.
La impunidad de funcionarios corruptos en MĆ©xico deriva en gran medida de las investigaciones que se concentran en atrapar a un pez gordo para provocar revuelo mediĆ”tico, ya sea para apaciguar el humor social o como estrategia electoral. Pero para acabar con los niveles de corrupciĆ³n sistĆ©mica que tiene el paĆs es necesario transitar a una mejor comprensiĆ³n del funcionamiento de las redes de corrupciĆ³n.
Sin duda alguna es reconfortante ver a un criminal como Duarte tras las rejas, pero la corrupciĆ³n no termina cuando uno o varios gobernadores son arrestados: termina con el desmantelamiento de las estructuras e instituciones que facilitan su operaciĆ³n. Si nos concentramos en el individuo y olvidamos a las redes, no serĆ” posible llevar a todos los involucrados a la justicia; no tendremos nada cercano a una OperaciĆ³n Java Lato. Pero lo peor de todo es que no podremos prevenir el nacimiento de nuevas redes, y la apariciĆ³n de nuevos Duarte, PadrĆ©s, Borge, Moreira, Yarrington o Femat serĆ” cuestiĆ³n de tiempo.
Es coordinador anticorrupciĆ³n del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO)
