Dos reportajes (uno de Tim Golden y otro de Anabel Hernández) han dado a conocer que el cártel de Sinaloa hizo importantes donaciones a la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006, a través de Nicolás Mollinedo, su jefe de logística. El que paga manda. El arreglo, de acuerdo al reportaje de Golden, fue el siguiente: “López Obrador no nombraría a un procurador que ellos percibieran como hostil a sus intereses –dando la impresión de que les daba el poder de veto sobre el nombramiento.”
La sospecha de la relación indebida entre las aportaciones de grupos del crimen organizado a las campañas de López Obrador y sus políticas respecto a estos mismos grupos ya como presidente cobra un nuevo sentido.
Para entender esta situación debemos tomar en cuenta el contexto: México está siendo tomado, estado por estado, con la complacencia del gobierno, por los cárteles del narcotráfico.
Dieciséis cárteles se disputan el control del país. Entre ellos, el cártel de Sinaloa domina el noroeste, el cártel del Golfo el noreste, el cártel Jalisco Nueva Generación domina el Bajío, y se disputa el control de la Ciudad de México con la Unión Tepito. Los cárteles mencionados tienen presencia en los 32 estados de la república. El gobierno federal tolera esta situación. Con el pretexto de que deben solucionarse “las causas”, los ha dejado operar sin grandes contratiempos. Cuando Estados Unidos aprieta, aprehenden a un capo. Cuando la DEA presiona, la Guardia Nacional asegura un gran cargamento de fentanilo a pesar de las afirmaciones del presidente de que esa droga no se produce en México.
Estamos inmersos en un enorme mercado internacional de drogas ilícitas. O mejor dicho: estamos inmersos en la dinámica del enorme mercado estadounidense, un sistema de intercambios de productos lícitos e ilícitos que implica miles de millones de dólares.
El comercio de drogas produce una interminable estela de muertes. En México, muertes relacionadas con el tráfico; en Estados Unidos, con el consumo. Una sociedad rica y hedonista vecina de otra pobre que abastece de drogas: no hay forma de detener ese comercio.
Si Calderón, a decir de López Obrador, “pegó a lo tonto un garrotazo al avispero”, todo parece indicar que el gobierno actual permitió a “a lo tonto” que las avispas implantaran el terror. Con la siguiente premisa: a los gobiernos anteriores –neoliberales– no les interesaba ayudar a la gente, desataron una guerra absurda. Si sus acciones y omisiones provocaron una carnicería y un inmenso dolor, ahora se tiene que hacer todo lo contrario. No combatir a los narcos, no perseguir a los capos, decomisar el mínimo de drogas: “abrazos, no balazos”.
Calderón envió al Ejército a combatir el narco en Michoacán a fines del 2006 y luego extendió la estrategia a varios estados de la República, la famosa guerra. ¿Quién le solicitó a Calderón que mandara al Ejército? El gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, ex jefe de asesores de la Presidencia de la República. ¿De haber llegado López Obrador a la presidencia en 2006 hubiera hecho algo distinto? No, a decir del cable que Wikileaks reveló en el que el candidato López Obrador le dice al Embajador de E.U. que él utilizaría al Ejército contra el narcotráfico. A pesar de esto, López Obrador ahora dice que Calderón actuó a lo tonto; que bajo su gobierno el Ejército ha actuado solo de forma disuasiva y defensiva, evitando confrontaciones contra los grupos criminales, que son el pueblo.
El sexenio de Calderón dejó como lección que la violencia produce más violencia. Sobre todo porque se ha reconocido públicamente que se trata de una guerra que no se puede ganar. También se ha visto que el camino que siguió López Obrador para pacificar al país es un camino fallido. No es una buena idea tolerar los narcoestados. Tampoco lo es darles el negocio de aduanas y puertos a los militares.
Para legitimar su cuestionada presidencia, Calderón metió al Ejército en medio de una sanguinaria guerra intestina, con resultados desastrosos, en gran parte porque su gobierno decidió tomar partido a favor de uno de los grupos en contienda. El entonces secretario de Seguridad Pública hoy reside en una prisión de Estados Unidos.
López Obrador, anclado en una visión política forjada en los setenta, sueña con volver a concretar la pax narca. Que los narcos trasladen droga a Estados Unidos lo tiene sin cuidado, a él lo que le interesa es disminuir el número de muertos, sin resultados alentadores hasta la fecha. El presidente afirma tener en esto la conciencia limpia: él no recibe dinero. Pero la corrupción no solo opera con dinero. El narco puede devolver favores a cambio de poder. Por ejemplo, en elecciones competidas puede secuestrar a los operadores políticos de los partidos opositores (como de hecho lo hizo en las elecciones intermedias en 2021 en Colima, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Michoacán.)
El general de división en retiro Sergio Aponte Polito publicó en El Universal (26.Jun.20) un artículo en el que relata que liberaron al hijo del Chapo Guzmán en Culiacán en 2019 luego de que a través de los medios de comunicación locales amenazaron con revelar el nombre de los hijos de un político que recibió millones para su campaña. Esta historia volvió a aparecer con los testimonios de Dámaso López Serrano (“el Mini Lic”), quien afirma que los hijos del Chapo operaron a favor de un candidato para sus campañas del 2012 y 2018. Un candidato que se convirtió en presidente y como tal gestionó primero la liberación de Ovidio Guzmán y luego su extradición pactada.
Antes se decía: a los narcos no les interesa la política, son comerciantes (salvajes, pero comerciantes) de sustancias prohibidas, solo interesados en que su mercancía llegue a puerto seguro, allende la frontera. Se pensaba que solo les interesaban sus “rutas”. La estrategia cambió. Hay diputados en los congresos locales y en la Cámara de Diputados. Alcaldes. Y gobernadores. Más o menos identificados. En un contexto en el que el gobierno decidió ser permisivo –con la anuencia de los militares– con los grupos criminales.
El narco no solo tiene el dominio de vastas zonas del país, es también aliado político del partido del presidente. Su objetivo es la permanencia del grupo compacto de López Obrador en el poder, representado ahora por Claudia Sheinbaum.
Existen extensos territorios de la república controlados por el narco. Tomemos sólo un caso. La famosa visita de López Obrador a Badiraguato, en marzo de 2020, en la que saludó a la mamá del Chapo. Ha dicho que fue un encuentro casual. No fue así. En ese mismo viaje convivió con los abogados de Guzmán Loera en una comida al aire libre. Los videos circulan en YouTube. Se puede ver en ellos que, a pesar de que el presidente se encontraba en una zona de alto riesgo, no se advierte presencia ni del Ejército ni de la Guardia Nacional. El narco se encargó de cuidar al presidente. Un par de días después del encuentro en Badiraguato (el primero de seis), los abogados del Chapo agradecieron la visita, elogiaron al “presidente humanista” y aclararon que López Obrador siempre había estado a salvo porque ellos se encargaron de su seguridad. “Desde el momento en que el presidente llegó a Culiacán en el avión –afirmó José Luis González Meza, abogado del narcotraficante, a Azucena Uresti–, no hubo ningún problema. No había ningún riesgo. Él llegó a la tierra del Chapo. La orden fue no dañar al presidente. Cuantas veces vaya a Sinaloa, el presidente va a estar protegido”. Para que quede claro: en sus visitas a Sinaloa el presidente va a ser protegido por el cártel de Sinaloa.
La estrategia de militarizar al país no ha dado buenos resultados. Al comienzo de su presidencia López Obrador dio por terminada la guerra contra el narco, decretó unilateralmente la paz. Sin embargo, las masacres, desde entonces, no han cesado, ocurren una o dos por semana. Y cada mes, el hallazgo de una nueva narcofosa. Sabemos que hoy mismo, en estos momentos, se están librando batallas en donde diferentes cárteles se pelean la titularidad de varias “plazas”. Sabemos que los grupos criminales tienen dominio sobre el 35 por ciento del territorio nacional. La estrategia ha fracasado.
Contrariamente a lo que hace con intelectuales y científicos, jamás ha tenido una palabra de condena contra los narcotraficantes. Al contrario, los ha felicitado por “portarse bien”, pide que sean sus mamás las que los llamen al orden, ha puesto mil trabas a la legalización de las drogas, ha mostrado mayor amabilidad hacia la madre de un narcotraficante que hacia la familia LeBaron.
La estrategia, a pesar de que vivimos el periodo más violento de nuestra historia, seguirá adelante. Atender las causas y no apagar el fuego con fuego, cese a la violencia. En 2018 López Obrador declaró que, si por él fuera, desaparecería al Ejército, lo convertiría en una fuerza de paz. Tenemos un Ejército cuya orden es no confrontar, no perseguir, reconocer al narco su territorio. Un Ejército al que se le ordena liberar a los hijos del narco como gesto de concordia, saludar a la madre del narco por cortesía y tener palabras respetuosas de luto hacia ella. La estrategia: no queremos pelea, el Ejército es de paz. Resultado de la estrategia: más de 172 mil muertos en México, más de 100 mil por fentanilo en Estados Unidos.
Se aplicó una estrategia fallida. Recién asumió López Obrador el cargo dio por terminada la guerra contra el narco. La violencia no cesó. Los grupos dispersos continuaron enfrentándose. Los territorios, las plazas, las vías, siguen en funcionamiento. Mientras haya quien pague, seguirá funcionando esta alianza, continuará la violencia.
Hace unos meses, en una comparecencia ante el Senado norteamericano, el secretario de Estado Anthony Blinken, al ser interrogado acerca de si son los cárteles, y no el gobierno mexicano, quienes tienen el control de partes del país, respondió: “Pienso que es justo decir que sí”.
Hace tres años, en marzo de 2021, el jefe del Comando Norte de Estados Unidos, el general Glen Van Herck, sostuvo que los cárteles operan en el 35% del territorio mexicano “en áreas que son con frecuencia ingobernables”.
Somos un país de producción, tránsito y consumo de drogas. El presidente ha reconocido: “Si no terminamos de pacificar a México, por más que se haya hecho, no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro gobierno.” Es curiosa la frase. En medio de uno de los periodos de mayor violencia en el país, afirma: “si no terminamos de pacificar”, como si su estrategia hasta ahora hubiera sido exitosa y ya solo nos faltara “terminar de pacificar”.
En el periodo de Calderón murieron asesinadas 121 mil 613 personas; en el de Peña Nieto, 157 mil 158. Faltando menos de un año para que termine su gestión, bajo el gobierno de López Obrador han sido asesinados más de 172 mil mexicanos.
El INEGI ha dado a conocer los resultados del Censo Nacional de Seguridad Pública 2023, que brinda los resultados de la que ocurrió entre 2021 y 2022. ¿Vamos mejorando? Todo lo contrario. En 2022 la Guardia Nacional apenas llevó ante el Ministerio Público a 2,084 personas, un desplome de más del 60 por ciento respecto a 2021. La Guardia Nacional registró 5,376 detenciones en 2022: tres veces menos que en 2021.
En todos los rubros disminuyeron las acciones contra el tráfico de drogas, especialmente el fentanilo. De lo que se encarga la Guardia Nacional es de “rescatar” a 177,166 migrantes. Respecto a 2021 esta cifra aumentó 462 por ciento, casi seis veces más, en un año.
Nos hemos convertido en un narcoestado cuyo fin es acrecentar el poder del grupo afín al presidente. No va a ser nada sencillo salir del pantano en el que estamos metidos. ~
