La mentira gubernamental se ha vuelto tan común que yo no escandaliza ni sorprende. López Obrador ejerció la mentira como una función del gobierno; nunca hubo “otros datos”. Al principio reticente, pero ahora muy suelta y con una sonrisa forzada, Claudia Sheinbaum ha hecho de la mentira un instrumento cotidiano. La elección judicial no fue un “éxito histórico” sino un fracaso rotundo; México no es “el país más democrático del mundo” sino un régimen autoritario; no fue “el pueblo” el que eligió a sus nuevos jueves sino que estos fueron impuestos por la presidencia y el Congreso morenista; no fue la del domingo pasado una elección libre sino una elección de Estado.
Quitando los votos anulados y las boletas en blanco, la participación real en la elección fue del 9.8% de una lista nominal de 98 millones. Los nuevos jueces no los eligió la mayoría, no los eligió el “pueblo”, fueron elegidos semanas antes de las elecciones por una reducida minoría de funcionarios y legisladores del partido oficial. El acordeón que masivamente repartió el gobierno correspondió estrictamente al de los jueces que fueron “electos”.
Así que, en primer lugar, debemos rechazar la mentira: nunca se trató de renovar el Poder Judicial para hacerlo más justo sino de sustituir al Poder Judicial independiente por un Poder Judicial dependiente de las decisiones de la presidencia. El ejemplo más visible es el de Hugo Aguilar, que ocupará la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Durante los últimos seis años fue empleado de López Obrador, su trabajo fue convencer (sobornar, amenazar, coaccionar) a las comunidades indígenas para que no se opusieran a sus megaproyectos, es decir, para que permitieran al gobierno dañar severamente la selva Maya y destruir manglares en Dos Bocas. De empleado de López Obrador pasará a ser empleado de Sheinbaum. Norma Piña no se puso de pie para rendir honores a López Obrador, ahora veremos el bochornoso espectáculo de Hugo Aguilar, ataviado con su traje indígena, arrodillado frente a la presidenta, ¿o alguien piensa que rechazará una sola de las leyes impulsadas por la presidencia?
La construcción de la simulación electoral costó 7 mil millones de pesos. Si lo que se buscaba era dar una apariencia legal a la imposición de jueces de cara al mundo, la operación fue fallida: los principales periódicos a nivel internacional cuestionaron la farsa electoral, la consideraron un retroceso democrático.
La oposición (PAN y PRI) fue corresponsable, pero en menor medida, de este ejercicio de simulación democrática. No impidió la ilegal sobrerrepresentación de Morena en la Cámara de Diputados. De las filas del PAN salió el voto traidor de Yunes con el que se obtuvo la mayoría necesaria para aprobar la reforma en la Cámara de Senadores. A pesar de las múltiples y evidentes ilegalidades con las que se condujo la elección, no hubo ninguna iniciativa política efectiva de la oposición para detener el proceso. El papel de MC fue más vergonzoso aún: Samuel García en Nuevo León coordinó desde el gobierno la promoción de los candidatos morenistas. En uno de los momentos más graves de nuestra vida política, en el que es clara la intención de la presidencia de acumular poder en detrimento de la sociedad, el trabajo de la oposición ha sido inútil. Sin imaginación, sin iniciativa, totalmente rebasados por la realidad y muy lejos de representar a quienes los eligieron.
Una elección de Estado: pese a la prohibición expresa de la ley, apoyaron a los candidatos de Morena los gobernadores, los líderes del partido, los coordinadores de circunscripción, los funcionarios de los tres niveles de gobierno, decenas de miles de “servidores de la nación”. Lo hicieron también los principales sindicatos. Semanas atrás el gobierno prometió al SNTE la entrega de 36 mil millones de pesos, a cambio el sindicato se comprometió a llevar a sus dos millones de maestros afiliados a votar. Se amenazó a los adultos mayores con que se les quitaría su pensión si no acudían a las urnas.
Una elección fraudulenta: para alcanzar la cifra de los 12 millones 433 mil votantes registrados, cada una de las 84 mil casillas instaladas tuvo que haber recibido a 154 votantes, uno cada cuatro minutos. Pero eso no ocurrió. Cada votante tardaba entre 12 y 30 minutos en emitir su voto. Lo que las redes mostraron fueron fotografías de cientos de casillas vacías. En Chiapas se robaron más de 130 mil boletas que nadie sabe dónde quedaron.
Una elección fraudulenta: se ha documentado cómo funcionó la organización Construyendo Justicia como un órgano al servicio de Morena para promover ilegalmente a sus candidatos.
Una elección fraudulenta: se imprimieron cientos de miles de acordeones para inducir el voto a favor de los candidatos que impulsaba el partido oficial. No se trata de un invento gracioso ni de una simple maña como la que emplean los estudiantes para hacer trampa en los exámenes. Es un fraude electoral que se ejerció a la vista de todos. Hasta López Obrador lo empleó cuando, muy deteriorado, se le vio votar en Palenque.
La elección fue un cochinero con un enorme costo legal e ilegal que, por si fuera poco, fue desairada por el 90% del electorado. El altísimo abstencionismo fue un rotundo desmentido al dicho gubernamental de que la reforma judicial fue una exigencia de la sociedad.
Hay suficientes elementos para impugnar legalmente esta elección fraudulenta. Se sabe que algunas personas y organizaciones están trabajando ya para presentar recursos contra la elección. De entrada se sabe que no se puede contar con el INE, totalmente plegado a las exigencias de Morena. Guadalupe Taddei pareciera que está a las órdenes de la secretaria de Gobernación. La instancia para solicitar la anulación de la elección es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por desgracia, dados los recientes fallos de este tribunal y las opiniones facciosas de su presidenta (la magistrada Mónica Soto), no puede esperarse imparcialidad ni objetividad alguna. Tampoco parece viable que Claudia Sheinbaum, en un arranque de vergüenza, dé marcha atrás a la elección, sobre todo porque ella será la máxima beneficiaria de la misma. ¿Qué caminos quedan? La Corte Interamericana de Derechos Humanos tarda muchos años en dictar sus sentencias.
Si los tribunales no reconocen la nulidad de esta elección fraudulenta queda la movilización y la resistencia civil. Lo que está en juego no es poco. Está a punto de consumarse la desaparición de la división de poderes y con ella la existencia de la República. En términos prácticos, todo lo que ordene la presidencia de la república (ya sin contrapesos) será ley, cualquier proyecto, cualquier capricho, cualquier arbitrariedad. Lo que no podemos es quedarnos con los brazos cruzados. Lo que no debemos hacer es adoptar una posición pasiva mientras se va consolidando el sistema autoritario. No podemos conformarnos con heredar a nuestros hijos una vida en dictadura. ~
