La estrategia del presidente López Obrador para enfrentar la emergencia de seguridad en el corto plazo ha sido en muchos momentos indescifrable. Sin embargo, puede simplificarse de la siguiente manera: un aumento de la presencia de fuerzas federales, con mayor capacitación en seguridad pública y menor uso de la fuerza, servirá para disuadir la comisión de delitos y reducir la violencia.
Es por lo anterior que la Guardia Nacional ha ocupado un lugar central en su narrativa. Se trata del mecanismo con el que busca aumentar y mejorar la presencia federal en el territorio nacional. El objetivo es contar con una corporación, supuestamente capacitada en tareas de seguridad pública, adicional al despliegue permanente de las Fuerzas Armadas. La Guardia contará, en su etapa final, con hasta 150 mil efectivos, de los cuales al menos 50 mil serán nuevos reclutas.
Para que la Guardia realmente influya en la pacificación del país se deben satisfacer diversos supuestos, pero hay uno que es indispensable: debe desplegarse ahí donde más se necesita, es decir, en donde existen mayores problemas delictivos y de violencia. Los datos, sin embargo, nos indican que su despliegue inicial no ha cumplido con este requisito.
¿Dónde está la Guardia Nacional?
En el plan de despliegue inicial se estableció comenzar con 150 coordinaciones regionales (llegarán a ser 266) integradas por alrededor de 450 efectivos cada una. Según el informe más actualizado, la Guardia cuenta ya con 71 mil elementos distribuidos en 151 coordinaciones (una coordinación más en Chiapas). De esos efectivos, más de 13 mil son nuevos reclutas y el resto provienen de las policías Naval, Militar y Federal, así como elementos de la Sedena.
Respecto al peso que realmente tiene la Guardia en cada estado hasta el momento, calculamos el número de efectivos por cada 100 mil habitantes. Este cálculo (Tabla y Mapa 1) muestra que los estados que mayor concentración tienen son Quintana Roo (110.26), Colima (106), Zacatecas (103.32), Oaxaca (95.68) y Guerrero (92.16).
En contraste, los estados con menor concentración son Yucatán (34.64), Aguascalientes (37.25), Nuevo León (40), Baja California (40.50) y la Ciudad de México (42.01).
Mapa 1
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Tabla 1
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¿A qué responde el despliegue?
La referencia a los criterios de despliegue de la Guardia Nacional está en un anexo del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, donde se establece que se hará de acuerdo a la población e incidencia delictiva. Asimismo, en el propio plan se establece como uno de los objetivos centrales de esta corporación reducir la violencia.
Desde su arranque en junio de 2019, especialistas como Alejandro Hope advirtieron que el plan de despliegue no sigue un patrón claro. Lo anterior es particularmente preocupante en esta etapa inicial ya que el número de nuevos reclutas es reducido y lo que realmente podría hacer la diferencia es una mejor distribución de los elementos que antes estaban en otras corporaciones.
La siguiente gráfica confirma que, según los datos más actualizados, la Guardia carece de criterios delictivos para su despliegue. En la Gráfica 1 se observan los homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes
((Utilizamos los datos de homicidios e incidencia delictiva del INEGI en 2018. La población utilizada es con base en las estimaciones de CONAPO.
))
(eje vertical), la incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes (eje horizontal), y el número de Guardias Nacionales por cada 100 mil habitantes (tamaño de los círculos). Las líneas que dividen los cuadrantes son, en el eje horizontal, el promedio nacional de incidencia delictiva; y en el eje vertical, el promedio nacional de la tasa de homicidios.
Gráfica 1
En teoría, los estados del cuadrante superior derecho deberían tener más efectivos de Guardia Nacional, mientras que los del inferior izquierdo lo contrario. Lo que se observa es que estados como Baja California, Jalisco y Guanajuato –todos con homicidios dolosos e incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes por encima de la media nacional– cuentan con un despliegue bajo. De hecho, están entre los 10 estados con menor cantidad de efectivos por cada 100 mil habitantes. Extraña que esto suceda con Jalisco y Guanajuato, entidades con gran presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación, considerado uno de los más violentos del país.
Por otro lado, hay estados como Oaxaca que concentran un número importante de elementos de la Guardia Nacional pese a tener tasas delictivas y de homicidios por debajo de la media. Es el caso también de Chiapas, que tiene la tasa de incidencia delictiva más baja del país y cuenta, por ejemplo, con prácticamente el mismo despliegue por cada 100 mil habitantes que Chihuahua, el tercer estado con mayor índice de homicidios. Lo anterior se explica por el uso de la Guardia en el sur del país para detener migrantes; un despliegue al servicio de la guerra de Trump, como lo describió Jorge Castañeda.
Una forma más intuitiva de observar las inconsistencias en el despliegue es comparar el mapa que muestra el número de Guardia Nacional por cada 100 mil habitantes (mapa 2) con los de las tasas de homicidios dolosos (mapa 3) e incidencia delictiva (mapa 4). En estas representaciones gráficas resaltan los estados que hemos mencionado anteriormente y otros como Campeche, Quintana Roo e Hidalgo, que claramente tienen una sobrerepresentación de Guardias Nacionales con respecto a sus indicadores de delictivos.
Mapa 2
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Mapa 3
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Mapa 4
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Para determinar los casos más graves de sobre o subdespliegue de la Guardia Nacional, calculamos un ranking: ordenamos los estados por el lugar que ocupan a nivel nacional en Homicidios Dolosos, Incidencia Delictiva y Población (conjuntamente y en ese orden), para después compararlos con el lugar que ocupan según el número de Guardia Nacional por cada 100 mil habitantes que el gobierno ha enviado. Al obtener las diferencias entre el lugar que deberían ocupar y el que realmente están ocupando en materia de despliegue, observamos que los casos más graves de sobredespliegue son Campeche, Querétaro, Oaxaca, Hidalgo y Coahuila y los que menos guardias recibieron de los que deberían son Baja California, Guanajuato, Chihuahua, Jalisco y San Luis Potosí. Únicamente Aguascalientes, Tabasco y Yucatán se encuentran en el mismo lugar en el ranking de despliegue real y en el de despliegue que deberían tener. Ver gráfica 2.
Gráfica 2 (Al pasar el cursor sobre las barras se revela la cifra de sobre y sub despliegue de los elementos de la Guardia Nacional en diferentes estados).
Finalmente, al analizar los datos por pares, la falta de criterios delictivos en el despliegue se confirma. Se observa que, naturalmente, se distribuyeron más guardias donde había más población (gráfica 3), pero sin necesariamente tomar en cuenta si ahí había problemas de violencia (gráfica 4) o delitos (gráfica 5). Esto es particularmente evidente en el caso de los homicidios dolosos, donde la correlación es prácticamente cero.
Gráfica 3
Gráfica 4
Gráfica 5
Conclusiones
El despliegue de la Guardia Nacional presenta dos problemas centrales:
Primero. En la mayoría de los casos no se consideraron ni la incidencia delictiva ni los homicidios dolosos de las entidades. En consecuencia, hay estados con sobre y subrepresentación de efectivos. Un asunto grave es que, al utilizar criterios que nada tienen que ver con la seguridad –como fue desplegar esta corporación para dar la señal de mano dura contra la migración– entidades con problemas de violencia no recibieron los efectivos requeridos. Como bien escribió Eduardo Guerrero, la Guardia puede terminar dando palos de ciego al atender un sinnúmero de objetivos que van desde la migración hasta revisar mochilas en el metro de la Ciudad de México, en lugar de focalizar sus esfuerzos en atender la crisis de seguridad ahí donde más se manifiesta.
Segundo. Al pretender que la Guardia tuviera presencia en todo el país desde un inicio, se enviaron elementos a entidades que no tienen problemas de seguridad o cuyas necesidades no concuerdan con las características de esta corporación. Fue además un error diseñar el despliegue con base en coordinaciones regionales con similar número de elementos. Si, por ejemplo, no se hubieran desplegado guardias en Yucatán y Campeche (o con coordinaciones más pequeñas), Baja California podría haber tenido el número de efectivos necesario para tratar el grave problema de homicidios que enfrenta. Incluso es cuestionable que la Ciudad de México tenga despliegue de esta corporación, pues los 3,799 elementos ahí destinados difícilmente tendrán impacto en una urbe de más de 9 millones de habitantes que además tiene ya la mayor fuerza policial del país. Esos mismos elementos federales, en cambio, pudieron ser clave para que Guanajuato tuviera un despliegue más cercano a sus necesidades.
Es muy pronto para saber si la presencia de la Guardia realmente tiene un impacto en la violencia y los delitos. No obstante, lo menos que podría esperarse ante la apuesta de aumentar la militarización del país, es que los efectivos fuesen enviados ahí donde más se requiere, particularmente en esta etapa inicial en la que son escasos.
Desde hace tiempo ha quedado claro que México requiere de estrategias más focalizadas para combatir los retos locales y regionales en seguridad. La evidencia indica que el diseño operativo de la Guardia Nacional no cumple con esos criterios de focalización.
El presidente López Obrador se encamina a su primer aniversario al frente de los esfuerzos de seguridad en el país. Por años, planteó que las políticas de gobiernos anteriores no funcionaban y dijo tener mejores soluciones. Hace unas semanas, anticipadamente, su secretario de Seguridad presumió un engañoso punto de inflexión y celebró una leve mejoría en los índices delictivos. Bastaron unos días para eliminar el optimismo. Hoy, es imposible no analizar la política de seguridad a la luz de Culiacán. La negligencia exhibida en días pasados es tan sólo la punta de un iceberg de falta de estrategia, consistencia y planeación, tal y como lo confirma el despliegue de la Guardia Nacional.
Candidato a doctor en Ciencia Política por el CIDE. Maestro en Gobierno por la FLACSO y profesor de la FCPyS de la UNAM.