Creo que no vale la pena especular más sobre la historia real de la entrega/captura/secuestro/traición de Ismael “el Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, pues las versiones de los detenidos y sus abogados son dudosas y contradictorias, mientras que el gobierno de Estados Unidos decidió dar una versión francamente increíble –que los capos les cayeron del cielo, sin esperarlos– porque al parecer no desea meterse en más problemas con su contraparte mexicana, en caso de que hubiera existido algún tipo de violación a la soberanía.
Lo que es lamentable y debe destacarse es que, en el final de la carrera delictiva del narcotraficante más importante de México, el que durante 35 años dirigió, junto con el “Chapo” Guzmán, la organización de narcotráfico más poderosa y longeva del país, las autoridades mexicanas no hayan podido decir nada (y cuando lo hicieron recurrieron a sus “otros datos”: lo del piloto y la avioneta) por la simple razón de que no participaron y tampoco se enteraron. Su omisión, ignorancia y el ridículo que significa que la Casa Blanca las haya excluido de la información sobre el hecho son un terrible colofón de la ignominiosa y fracasada política de seguridad del sexenio del presidente López Obrador.
Los asuntos relevantes por discutir son, desde mi punto de vista, los reacomodos en la estructura de las organizaciones criminales mexicanas y las consecuencias en las relaciones de cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos. Con respecto al primero, no es necesario ser experto para pronosticar una intensificación de las luchas entre las facciones del cártel de Sinaloa por el control de esa organización, y también entre este y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el predominio de los varios mercados ilegales que controlan en diversos territorios.
Desde que el “Chapo” Guzmán fue extraditado a Estados Unidos a principios de 2017, su organización ha atravesado un conflicto interno por la dirección de la misma, principalmente entre el “Mayo” Zambada y los llamados Chapitos, los hijos del “Chapo”, y entre los Chapitos y el cártel de Caborca –una organización creada por Rafael Caro Quintero, quien después de haber sido liberado de prisión en 2013 intentó recuperar su espacio en el negocio del narcotráfico–, la cual ha cubierto de sangre buena parte de Sonora.
Habrá que esperar a ver si la facción de Zambada se mantiene unida o se fracciona y vuelve más violento el escenario en los próximos meses. Si el “Mayo” se entregó a E.U. después de un proceso de negociación, es probable que haya dejada ordenada a su organización y definido un liderazgo, por lo que se evitarían las luchas internas. Si fue una entrega contra su voluntad, los grupos afines a él podrían disputarse a balazos la silla de su ahora exjefe. Pronto lo sabremos: lo que está en juego es si el poderoso cártel de Sinaloa se mantiene como una sola organización, y la más importante, o si termina fraccionándose en dos o tres, dejándole al CJNG como la organización dominante.
Es probable que el liderazgo del CJNG no espere pasivamente el desenlace de los acontecimientos y tome la iniciativa para atacar a su rival con más fuerza (en la actualidad ya tienen varios frentes de batalla: Baja California, Zacatecas, Michoacán, Quintana Roo y Chiapas), aprovechando el desconcierto, sus divisiones y eventual conflicto interno. También podría tratar de establecer alguna alianza con algunas de las facciones de Sinaloa.
Varios escenarios podrían presentarse en los próximos meses. No debe perderse de vista que no se tratará únicamente de la disputa por el mercado de las drogas, específicamente del fentanilo, sino del control de territorios que permiten la explotación y control de otros mercados legales o ilegales también extremadamente rentables: el narcomenudeo de la Riviera maya, uno de los centros turísticos de consumo de drogas más importantes del mundo; el tráfico de migrantes en Chiapas (alrededor de 500 mil personas al año que pagan una cuota entre 7 y 10 mil dólares por cada uno); el huachicol en Guanajuato (cientos de miles de barriles de combustibles); el cobro de piso a decenas de miles de negocios en los estados en disputa; los monopolios de venta de alcohol y cigarros en Zacatecas y Durango, el control de la exportación de ganado en Jalisco y del aguacate en Michoacán, etc. Después de seis años de permisividad gubernamental, al CJNG se le abre la oportunidad de ampliar territorios para extender su ya diversificada actividad delictiva.
Por lo que respecta a las relaciones con Estados Unidos en materia de seguridad, la “inesperada caída del cielo” en territorio estadounidense de Zambada y Guzmán López pone de manifiesto una profunda crisis y acaba con la pantomima de la cooperación meramente de discursos. El tema es muy relevante, ya que en unos meses dos gobiernos nuevos se toparán de frente con un problema común extremadamente difícil de resolver –por no decir imposible–, con la colaboración y confianza en los niveles más bajos en varias décadas.
Si algo ha demostrado un siglo de lucha de ambos gobiernos contra las drogas, es que a lo más que se puede aspirar es a mantener el problema relativamente controlado, en niveles de demanda y oferta lo menos elevados posibles. Y eso se alcanza cuando hay un nivel de cooperación real entre las agencias de seguridad de los dos países, pues la historia de la colaboración también demuestra que los esfuerzos unilaterales son muy poco eficaces o incluso contraproducentes. Así, aunque no les guste o en ocasiones las autoridades de uno o de los dos gobiernos no lo entiendan, México y Estados Unidos están condenados a trabajar de la mano para administrar y controlar el problema de la producción y el consumo de drogas y el resto de los fenómenos asociados, como la violencia homicida, el tráfico de armas y el lavado de dinero.
La colaboración solo es posible si existe la confianza entre los gobiernos y los funcionarios involucrados directamente, actualmente destruida. Sin confianza, los acuerdos de cooperación acaban siendo actos de simulación. Es otro de los saldos de la política de los “abrazos y no balazos”: López Obrador se entercó los seis años de su gobierno en mantener una política de permisividad en momentos en que el narcotráfico adquirió para Estados Unidos una relevancia que no había tenido en cien años.
Al revisar las políticas de E.U. hacia las drogas en el siglo XX y principios de este, se detectan motivaciones morales (las drogas son malas y van contra las buenas costumbres y los valores), políticas (las dos guerras contra las drogas declaradas por Nixon y Reagan tenían fines electorales y de política interna) y también de salud pública (la expansión de las adicciones entre los jóvenes y las muertes por sobredosis). Esta última adquirió gran importancia durante la última década porque el fentanilo modificó drásticamente la ecuación, al causar un aumento brutal de las muertes por sobredosis.
Entre 2015 y 2022 se duplicaron las muertes por sobredosis. En términos absolutos, de las casi 108 mil personas que en 2022 murieron en Estados Unidos por sobredosis, cerca de 80 mil fueron por consumo de fentanilo. En México, la violencia criminal produce alrededor de 30 mil homicidios anuales, de modo que en E.U. el fentanilo mata a 2.5 estadounidenses por cada mexicano asesinado. Por eso ha adquirido una prioridad inusual en la política doméstica de la Casa Blanca y también en la agenda con México.
López Obrador nunca asumió con seriedad la demanda estadounidense de colaborar en la lucha contra la producción y exportación de fentanilo. Prueba de ello son la negación reiterada de que en México se produzca esa droga o la manipulación de las estadísticas de laboratorios de fentanilo destruidos por el Ejército mexicano con la finalidad de presumir que México sí colaboraba (la agencia Reuters publicó dos reportajes que exhibieron el burdo manejo de las cifras). La paciencia diplomática de Biden con la simulación del actual gobierno se acabó. Decidió, con la detención de Zambada, actuar unilateralmente sin importar las consecuencias; “Ya se va”, debieron haber pensado en la Casa Blanca. Además, es un aviso o advertencia para la nueva administración: si Claudia Sheinbaum quiere respeto, que cambie la política de seguridad y muestre signos reales de voluntad política de colaboración.
Aunque detener a Zambada y al hijo del Chapo no resolverán el problema del fentanilo –la utilidad de aprehender capos es más bien política–, la tentación del próximo gobierno de E.U. de recurrir a medidas unilaterales ha crecido peligrosamente, especialmente si gana Donald Trump, quien ya lo dijo con todas sus letras: van a intervenir, incluso militarmente y sin permiso.
El reto para Sheinbaum será doble. Internamente, diseñar una estrategia eficaz de contención del conflicto entre los cárteles que va mucho más allá del despliegue del Ejército y la Guardia Nacional. En el ámbito de las relaciones con Estados Unidos, comenzar a reconstruir la confianza en la relación a partir de cero y convencer al próximo presidente de ese país de la escasa utilidad de las acciones unilaterales. Ya hay demasiados muertos en ambos países como para seguir creyendo que detener a los jefes de las organizaciones acabará con el problema. ~
Es especialista en seguridad nacional y fue director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). Es socio de GEA.
